Europa y la construcción de paz

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El 13 de mayo de 2019 el Consejo de la Unión Europea adoptó unas conclusiones sobre las relaciones de la Unión Europea (UE) con América Latina y el Caribe a raíz de la Comunicación Conjunta de la Alta Representante y la Comisión titulada ‘La Unión Europea, América Latina y el Caribe: aunar fuerzas para un futuro común’. El Consejo ha subrayado que “América Latina, el Caribe y la UE son socios fundamentales, (…) que deberían colaborar de manera aún más estrecha en el marco multilateral – especialmente en las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio – para promover la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el crecimiento, el empleo, la inversión, las oportunidades económicas y el desarrollo sostenible; construir sociedades más resilientes, así como para preservar y promover la paz, y la seguridad, el multilateralismo y un orden internacional basado en normas”.12 Específicamente la comunicación estima que la Unión Europa debería mantener la cooperación hacia la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia.13

Europa: un apoyo fundamental para el proceso de paz

El apoyo político y financiero al proceso de paz por parte de la Comunidad Internacional en general y Europa en particular, ha sido y sigue siendo fundamental para el movimiento social y de derechos humanos en Colombia.

Al nivel financiero el apoyo de la UE y sus Estados Miembros está claro tanto a través del Fondo Fiduciario para la Paz como del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas. El primero se creó con cerca de cien millones de euros con el compromiso de 19 países miembros (de los cuales siete dieron tres millones de euros o más: Alemania, España Francia, Holanda, Irlanda, Italia y Suecia), para ser implementado entre 2014 y 2020. Más del 75% del Fondo está financiado directamente por la Unión Europea como tal. A finales de 2018 fue anunciado un aporte adicional de sesenta millones al fondo,14 pero hoy en día tan solo cuenta con 27 proyectos en ejecución por un monto de cerca de 70 millones de euros.15 Por su parte el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para la Paz en Colombia se eleva a un total de cerca de 125 millones de dólares de compromisos hasta diciembre 2019, cuyos principales donantes son Reino Unido (UK), Noruega, Alemania, Canadá y Suecia con aportes de entre 14 y 25 millones. Además de ello la Unión Europea invierte todavía más recursos en la construcción de paz a través de su cooperación y en particular a través de su Instrumento para contribuir a la Estabilidad y la Paz (ICSP por sus siglas en inglés), con un proyecto de apoyo a la Defensoría por 700.000 euros y otro de fortalecimiento de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación por dos millones de euros, y en general la construcción de paz como un proyecto de protección para el trabajo de derechos humanos por un monto de 1,5 millones de euros. Desde mayo 2015 este Fondo implementó 18 proyectos por un valor total de cerca de 33 millones de euros.16

En cuanto al apoyo político al proceso de paz, varios países nombraron un delegado especial cada uno para dar seguimiento a las negociaciones de paz (en febrero del año 2015 Estados Unidos nombró a Bernard Aronson; en abril del mismo año 2015 Alemania a Tom Koenings, y en octubre la UE a Eamon Gilmore). De igual forma, fueron parte de este apoyo las declaraciones promulgadas en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en marzo 2019 (ver cuadro 1); y la referida públicamente y de forma ad hoc a la importancia del Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y Garantías de No Repetición (Sivjrgnr), y en particular de la JEP. En marzo de este año, mientras el gobierno cuestionaba el trabajo de ésta, numerosas embajadas dentro de las cuales Alemania, Suecia, Bélgica, Reino Unido, Suiza, Países Bajos y Noruega así como la propia UE mostraron su respaldo a la presidenta de la JEP, Patricia Linares.17 Estos apoyos fueron tan contundentes que el presidente Duque inició una gira internacional para defender las objeciones que el gobierno presentó sobre esta jurisdicción.18

Muestras de apoyo al Sistema de Justicia Transicional durante la presentación del Informe Anual sobre Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidos para los Derechos Humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de marzo 201919

La Unión Europea resaltó la importancia de que las instituciones del sistema integral de justicia transicional sean independientes y con recursos suficientes. El Reino Unido mostró preocupación por la objeción de la Ley Estatutaria de la JEP que perjudica esfuerzo en construcción de paz sostenible. Alemania pidió al gobierno fortalecer la implementación del Acuerdo de Paz. Suiza mostró apoyo pleno al acuerdo de Paz y la JEP. Los Países Bajos expresaron preocupaciones por las objeciones del gobierno del presidente Duque a la Ley Estatutaria de la JEP e insistieron en la necesidad de su autonomía e independencia como puntos esenciales para asegurar los derechos de las ocho millones de víctimas del conflicto armado. Noruega insistió sobre la necesidad de permitir el funcionamiento pleno y con independencia del sistema integral de justicia transicional. Suiza mostró un apoyo pleno a la JEP.

Ante las críticas recibidas por la Comunidad Internacional parecería que el gobierno del presidente Duque hubiera optado por una actitud de confrontación, probablemente de forma temporal. Como ejemplo de ello se puede mencionar la falta de acogida del Gobierno a una visita de muy alto nivel de representantes de seis agencias de la ONU a Bogotá, así como la negación repetida a aceptar las visitas de relatores especiales de la ONU, como se puede observar en la página oficial de las Naciones Unidas.20 Otro ejemplo de ello es la carta mandada por la cancillería colombiana a varias embajadas en Colombia restringiendo las visitas a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR); carta que provocó malestares en el cuerpo diplomático.21

El apoyo a la labor de defensa de los derechos humanos existe y es fundamental, pero debería ir más allá

Es de subrayar las repetidas ocasiones en las cuales países europeos y la UE expresaron sus preocupaciones frente a los riesgos que viven las personas defensoras de derechos humanos en Colombia. La gravedad de la situación llevó a la Unión Europea y once países miembros a lanzar en junio de este año la campaña “Defendamos la vida” para proteger y visibilizar a dichas personas, la cual busca protegerlas a través del acompañamiento, la escucha, la visibilización y el reconocimiento de su trabajo. Las preocupaciones repetidas frente al aumento de asesinatos y amenazas, las peticiones presentadas ante el gobierno colombiano en cuanto a la implementación de las medidas específicas incluidas en el Acuerdo de Paz para la protección de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos, y en general esta iniciativa de “Defendamos la vida”, son indicios serios de que la comunidad internacional está cuestionando la forma como el gobierno actual está asumiendo la seriedad e importancia de la protección a dichas personas. Igualmente las misiones realizadas por la delegación de la Unión Europea así como por numerosas embajadas presentes en Colombia han sido fundamentales a la hora de visibilizar esa preocupación internacional, escuchar de primera mano los testimonios de personas afectadas por la violencia y proteger con esa visibilización a las lideresas y líderes de los procesos sociales visitados.

Muestras de las preocupaciones de la comunidad internacional a través de intervenciones durante la presentación del Informe Anual sobre Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidos para los Derechos Humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de marzo 201922

La Unión Europea llamó al gobierno colombiano a acelerar la implementación de medidas para la protección de personas defensoras e hizo mención sobre la falta de presencia del Estado en ciertas regiones del país. El Reino Unido directamente expresó preocupación porque el gobierno había fallado en atacar el problema de asesinatos a personas defensoras. Alemania expresó preocupaciones por el cierre del espacio para la sociedad civil así como por el aumento de violencia en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en particular aquellos que trabajan las temáticas de los derechos al territorio y los recursos naturales. Alarmados por el aumento de violencia contra estas personas los Países Bajos recomendaron al gobierno atacar las causas estructurales y combatir la impunidad. Noruega insistió en la necesidad de protegerlas e investigar los ataques que sufren. Suiza se mostró preocupado por el número de asesinatos y la impunidad que persiste.

A pesar de estos apoyos importantes, desde la comunidad de defensa de los derechos humanos se sigue pensando en particular por las relaciones políticas y económicas que mantienen con Colombia, que la Comunidad Internacional debería atreverse a dar un paso más allá que la expresión de preocupaciones y exigir al gobierno colombiano resultados claros en ciertos puntos del Acuerdo de Paz como el relacionado con el tema de garantías para personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales así como ex-combatientes. Efectivamente la inversión de recursos para proyectos o fortalecimiento institucional debería venir acompañada por criterios claros de cumplimiento, tal y como ocurre cuando la comunidad internacional financia proyectos de organizaciones sociales. El diálogo sobre derechos humanos entre la UE y Colombia podría ser una herramienta útil para presionar al gobierno colombiano para establecer mecanismos de seguimiento a las conclusiones o temas tratados, y éste se dé con regularidad pues últimamente no ha sido así; a condición de que el proceso de desarrollo del diálogo implique al movimiento de derechos humanos

Por otra parte si bien fue importante la misión a Colombia realizada en junio de este año por el grupo de trabajo para América Latina y Caribe (Colac) del Consejo de la UE en Bruselas,23 desde las organizaciones de la sociedad civil se insiste en la necesidad de que tanto este como el grupo de trabajo en Derechos Humanos (Cohom),24 realicen reuniones formales recibiendo a miembros de organizaciones colombianas de defensa de los derechos humanos con el fin de escuchar de primera mano los testimonios así como las propuestas de cambios estructurales y los apoyos de la UE que permitirían mejorar la situación que viven defensoras y defensores de Derechos Humanos en los territorios.

El respeto a los derechos humanos debería ser un condicionamiento mayor de las relaciones comerciales

Desde la implementación del Acuerdo Comercial con la Unión Europea la tendencia de disminución de exportaciones y aumento de importaciones de Colombia desde y hacia la UE se ha mantenido. Las exportaciones se encontraron en 2018 al nivel aproximado que tenían en 2008, mientras las importaciones en Colombia provenientes de la UE han ido creciendo hasta el 45% comparado con 2008.25 Como resultado de ello a partir de 2015 la balanza comercial de Colombia con la UE ha sido negativa cada año.

El principal sector de exportación de Colombia hacia la UE sigue siendo el carbón (37,4%); y si se añade el petróleo se llega al 44,9% (el sector minero energético representa un total de 52,8% de las exportaciones). Los productos importantes siguientes son el banano (13,6%), el café (12,4%) y las franjas agro-industriales (6,9%), con un total de estos tres sectores del 32,9%.

En cuanto a grandes variaciones frente a años anteriores es importante notar el aumento de las exportaciones de oro (pasaron de 4.184 miles de USD en 2016 a 85.019 miles de USD en 2018, 1.932% de aumento); de aceite de palma (aumentó de 153.761 miles de USD en 2016 a 263.956 miles de USD en 2018, un 71,7%); y de café, que bajaron el 18,5% entre 2016 y 2018.

“Los casos de vinculación directa o indirecta de proyectos minero-energéticos, de construcción de infraestructura o mega-proyectos agro-industriales con violaciones a los derechos humanos son numerosos en Colombia, y por ende la Unión Europea debería avisar de los riesgos existentes a sus inversores y ejercer un papel de control.”

Es importante que la UE y sus países miembros se pregunten sobre los impactos que puede tener ese panorama comercial en la construcción de una paz durable y verdadera. Efectivamente los sectores más importantes de exportación siguen siendo críticos en cuanto al respeto a los derechos humanos, el territorio y la contaminación ambiental, y el informe de seguimiento al acuerdo comercial realizado por la Unión Europea debería por lo tanto tener una mirada más detallada sobre ello. Hemos de insistir en que Colombia está considerado como uno de los países más peligrosos para las personas que defienden el entorno de vida de las comunidades frente a mega-proyectos y sus impactos ambientales. En este sentido sorprende la actitud general de los países de la UE de oposición a la iniciativa de un tratado vinculante para poder enjuiciar a empresas multinacionales y de otro tipo en el seno de Naciones Unidas en caso de que violen los derechos humanos. Si bien se entiende la necesidad de proteger las inversiones europeas en terceros países, esta protección debería supeditarse a los derechos de las personas que viven en los territorios afectados por proyectos de inversión. Los casos de vinculación directa o indirecta de proyectos minero-energéticos, de construcción de infraestructura o mega-proyectos agro-industriales con violaciones a los derechos humanos son numerosos en Colombia, y por ende la Unión Europea debería avisar de los riesgos existentes a sus inversores y ejercer un papel de control.

Frente al aumento de asesinatos a personas defensoras, líderes y lideresas sociales, así como la falta de implementación integral del Acuerdo de Paz, llama la atención que el artículo 1 del acuerdo comercial, que habitualmente se conoce como cláusula democrática o de derechos humanos, se quede en el papel, ya que posiciona el respeto a los derechos fundamentales como un “elemento esencial” del mismo.


12. Consejo de la UE: “Relaciones UE – América Latina y Caribe: el Consejo adopta unas conclusiones”, 13 de mayo de 2019.
13. Comunicación conjunta Alta Representante para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad: “European Union, Latin America and the Caribbean: joining forces for a common future”, 16 de abril de 2019.
14. El Espectador: “UE anuncia 60 millones de euros adicionales para implementación del Acuerdo”, 24 de octubre de 2018
15. Fondo Europeo para la Paz: Lista de proyectos en ejecución, actualización 21/06/2019
16. Fuente: Página oficial de la Comisión Europea – https://icspmap.eu
17. El Espectador: “ La comunidad internacional, el gran apoyo de la JEP”, 16 de marzo de 2019
18. CaracolTV: “Gobierno inicia ofensiva diplomática para defender objeciones a la JEP”, 12 de marzo de 2019
19. Intervenciones durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos, marzo de 2019.
20. https://spinternet.ohchr.org/_layouts/15/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx
21. El Espectador: “Molestia en cuerpo diplomático por restricción del Gobierno colombiano para visitar los ETCR”, 25 de junio de 2019
22. Intervenciones durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos, marzo de 2019.
23. Consejo Europeo: Grupo “América Latina y Caribe”
24. Consejo Europeo: Grupo “Derechos Humanos”
25. Fuente: Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; actualización al 05/04/2019