La ley del embudo

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El proteccionismo autoritario de Trump y sus impactos en Colombia

Comprender las transformaciones que se están produciendo en la correlación mundial de fuerzas y las tensiones que generan, es una condición para interpretar los cambios en la política del gobierno de Estados Unidos con su regreso a una nueva versión de un proteccionismo autoritario unidireccional, y el impacto de esta política en Colombia.

La disputa por la hegemonía global entre Estados Unidos y la República Popular China se acerca en la forma y en algunos contenidos a lo que fue la disputa inter-sistémica que marcó todo el siglo XX, conocida como capitalismo v/s socialismo.

La crisis económico-financiera desatada en el año 2008, que aún continúa profundizándose en Colombia y Sudamérica, es la expresión de las consecuencias de una economía de mercado descontrolada que acelera la concentración de los capitales, sus burbujas financieras y el aumento global de la desigualdad. Una crisis con elementos muy parecidos -pero con perspectivas opuestas-, a la del liberalismo clásico en la década de 1930, que frente a la competencia económica, social, política y militar que implicaba la naciente Unión Soviética, llevó al sistema a un regreso hacia el Estado nacional con mercados protegidos, con especial preocupación de mostrarse como un Estado de bienestar que garantizaba derechos humanos. Lo que se conoció como keynesianismo.

El regreso de Estados Unidos a través del gobierno Trump a un proteccionismo de sus mercados e industrias nacionales (transnacionales), es una decisión tomada en nombre de los tradicionales dueños del poder económico, quienes entienden que la disputa con China por mercados y nuevas tecnologías se ha convertido en una causa estratégica, y que la decisión del nuevo gobierno chino de responder al cierre de mercados con una clara estrategia de desarrollo de su mercado interno -otra versión del neo-keynesianismo-, pone la controversia en el campo de un conflicto con todas las perspectivas de escalarse a niveles mayores, pues lo que está en juego es la hegemonía del mercado mundial en una contienda que enfrenta los intereses de lucro de grandes empresas privadas con los de grandes empresas estatales, ambas trasnacionalizadas.

Este proteccionismo que a diferencia del keynesiano lo llamamos autoritario, tiene diversos componentes: en lo económico representa el fin del libre comercio entre las grandes y medianas economías capitalistas, las cuales se ven obligadas a responder con medidas proteccionistas similares, o a ceder; en lo político se expresa en su carácter autoritario y el desprecio frente a países y gobiernos de la periferia, aliados incondicionales como Colombia, que deberán mantener abiertas sus fronteras al ingreso de todo producto que envíen desde el norte, sin poder colocar aranceles frente a importaciones que ya liquidaron a gran parte de la industria nacional y están acabando con la producción de alimentos agrícolas; y en lo humanitario se manifiesta con su desprecio a la promoción de la paz y los derechos humanos en el mundo.

Si la instalación de ese libre comercio depredador generó una regresión en la producción nacional, este proteccionismo de una sola dirección en favor de ellos, no de nosotros, terminará por profundizar la crisis económica y financiera, y acabará por alejar mucho más la posibilidad de garantizar los derechos humanos, en particular los económicos, sociales, culturales y ambientales, y la utopía constitucional del derecho a la paz entre los colombianos y con la naturaleza.

Paz con derechos humanos y derechos de la naturaleza

La primera consecuencia de estas políticas imperiales es el sorprendente abandono de sus aliados políticos en la región, que esperaban un apoyo financiero para desarrollar políticas asistencialistas. En cambio reciben la exigencia de aumentar las exenciones tributarias a sus empresas extractivas y del sector financiero, y una reprimenda inducida hacia las empresas calificadoras de riesgos, que sube los costos del creciente endeudamiento público. Es lo mismo que han hecho con los gobiernos de Brasil y Argentina, llevándolos al trabajo sucio de aumentar los ajustes fiscales y las restricciones en las garantías de derechos, que cual los ha convertido en gobiernos “suicidas” con pocas posibilidades de continuidad.

Frente a la paz y la exigencia de los movimientos sociales para que aporten a su construcción lo mismo que aportaron para la guerra con el Plan Colombia, lo primero que resolvieron fue que su agencia de cooperación internacional -Usaid-, no podía apoyar ningún proyecto donde tuvieran presencia los ex combatientes.

La política imperial instaló la amenaza polarizante como desvío de los debates fundamentales, y bajo esta égida dominante el gobierno Trump estimula conflictos armados internacionales y genocidios de migrantes, y amenaza con aranceles a quienes se le resisten. En este contexto ha podido resurgir la caverna que apuesta por “hundir el Acuerdo de Paz”, que se expresó en las objeciones a la Justicia Especial de Paz (JEP), pero también en el intento de recortar los recursos para su implementación, y sobre todo en el desconocimiento total de llevar al Legislativo tanto el proyecto consensuado de Reforma Rural Integral, como los compromisos acordados en el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz. Y a esto se agrega la permanente satanización de los líderes que procedieron a la dejación de armas, propiciando montajes que sólo pueden realizarse si tienen la autorización de las máximas autoridades del país del norte.

«Si la instalación de ese libre comercio depredador generó una regresión en la producción nacional, este proteccionismo de una sola dirección en favor de ellos, no de nosotros, terminará por profundizar la crisis económica y financiera, y acabará por alejar mucho más la posibilidad de garantizar los derechos humanos, en particular los económicos, sociales, culturales y ambientales, y la utopía constitucional del derecho a la paz entre los colombianos y con la naturaleza.”

Como las causas que determinaron el conflicto armado son muy similares a las que hoy atentan contra el equilibrio ecológico (poder, lucro, dominación, exclusión), no puede extrañarnos su presión para que retornen las fumigaciones sobre los cultivos de coca, o su indiferencia frente a la acelerada deforestación de los bosques tropicales, principal trinchera frente a la crisis climática. Este desprecio al multilateralismo y a los acuerdos refrendados frente a las Naciones Unidas, no es tanto un problema de “torpezas” o ignorancias presidenciales, sino una deliberada política para recuperar hegemonías perdidas o en riesgo de perderse, a través de exabruptos nada diplomáticos,

Este final dramático del neoliberalismo y su libre comercio repercute sobre los organismos regionales e internacionales responsables del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que han sido obligados a bajar su perfil. Lo más avanzado que se ha logrado consensuar en la Asamblea General de la ONU fue la “Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales”2, que se basa en su derecho al agua, a la tierra y a las semillas, de los que se derivan la seguridad alimentaria y la salud de la población urbana. Mientras 121 países la aprobaban, la delegación de Colombia, vergonzosamente, se abstuvo siguiendo el mandato de Estados Unidos, que encabezó el grupo de los ocho países que votaron en contra.

Similares influencias regresivas se expresaron con la masiva movilización de pueblos indígenas exigiendo el cumplimiento de más de mil doscientos acuerdos firmados por el gobierno, junto con las organizaciones sociales, de mujeres y afrodescendientes que los acompañaron, protestando por el incumplimiento de más de quinientos acuerdos concertados.

No se puede desconocer que el crecimiento de los feminicidios y las agresiones machistas contra las distintas opciones sexuales y de género, encuentran un fuerte estímulo en un gobernante que se vanagloria de sus permanentes abusos y violaciones contra los derechos de la mujer, con discursos que la humanidad consideraba ya superados. Esta regresión primitiva es directa expresión de un modelo que abandonó al ser humano como el centro de su preocupación y existencia.

Y como conclusión de su nefasta influencia sobre los destinos de la democracia y los derechos de la población colombiana en toda su diversidad, pueblos y comunidades, se debe remarcar que no existe un solo pronunciamiento del gobierno Trump rechazando los asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes sociales, ambientalistas y ex combatientes hoy organizados como fuerza política, y menos aun exigiendo su protección.

Una tarea común y soberana será vincular un nuevo modelo de desarrollo humano, de buen vivir, que permita recursos para garantizar trabajo digno y derechos humanos, y que proteja la vida en todas sus formas y restaure la naturaleza, sus aguas y bosques dada su condición de sujeto de derechos.


2. ONU, 73/165, “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales”. Resolución aprobada por la Asamblea General el 17 de diciembre de 2018.