Retorica amigable y práctica adversa

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El Gobierno Duque y los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos

Haciendo un barrido de las actuaciones que el actual Gobierno ha mostrado frente a los diferentes mecanismos internacionales de protección de derechos humanos durante su primer año, es posible decir que hay un discurso general de apertura y apuesta por el multilateralismo, pero una práctica contraria al escrutinio internacional en derechos humanos. Cuatro ejemplos que se muestran a continuación así lo demuestran.

Debilitamiento del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos

El gobierno del Presidente Duque ha buscado durante su primer año formas de debilitar o afectar el funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (en adelante SIDH), con el fin de disminuir sus capacidades de trabajo y su impacto en los países del continente.
En primera medida se designó como Embajador ante la Organización de Estados Americanos al ex Procurador Alejandro Ordoñez, conocido en el pasado por haber criticado abiertamente la labor de la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, así como por sus manifestaciones públicas en contra de la implementación de las decisiones de dichos órganos en la defensa de los derechos humanos de las personas en Colombia.
En segundo lugar, y en acuerdo con otros cuatro países del continente (Chile, Argentina, Guatemala y Paraguay), el gobierno Duque presentó en el mes de abril de 2019 una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la cual invitaba a realizar una serie de reformas. Las propuestas que incluyeron, de materializarse, implicaban en realidad la pérdida de eficacia de las decisiones de los órganos del SIDH, así como mayores dificultades para que la propia Comisión Interamericana conociera y resolviera casos de graves violaciones a derechos humanos en Colombia y el continente. También afectaban la protección a grupos como la población Lgbti.
En igual sentido, el gobierno propuso como candidato para integrar la Comisión Interamericana a Everth Bustamante, quien carece de las capacidades y conocimientos en materia de derechos humanos requeridos por la Convención Americana para ocupar este cargo, y a Angela Margarita Rey, una mujer abiertamente cristiana que no representa las luchas feministas de nuestro país, como candidata para la Comisión Interamericana de Mujeres. Ambas candidaturas fueron rechazadas por el pleno de la OEA en el mes de junio, pero en conjunto con la designación del ex Procurador evidencian la intención del Gobierno de socavar la protección internacional de los derechos humanos de todas y todos los colombianos.
En tercer lugar Colombia se ha ofrecido a acoger las sesiones de la Asamblea de la OEA y de la Corte Interamericana este año en nuestro país, y en su papel de anfitrión favorece prácticas que afectan la transparencia e imparcialidad de la labor de estos órganos. Durante las sesiones realizadas en junio en Medellín se cerraron las puertas de la sala donde sesionaba la plenaria de la Asamblea, tras permitir únicamente el ingreso de 27 personas entre todas las organizaciones de sociedad civil del continente. Fue necesario elevar reclamos ante las altas instancias de la entidad y denunciar ante los medios de comunicación para que el último día se abrieran las puertas de este foro público internacional. Frente a las próximas sesiones de la Corte Interamericana que se realizarán en Bogotá, la Cancillería colombiana ha anunciado que las audiencias privadas de casos se realizarán en sus oficinas, en vez de en un lugar neutral, en un claro sesgo a favor de los Estados. Esto les restará imparcialidad a dichas audiencias y causará un fuerte impacto en las víctimas que deban asistir a ellas.

A la espera de los expertos temáticos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Colombia tiene una deuda con los procedimientos especiales de la ONU.26 Desde febrero de 2010 no recibía a ningún Relator Especial temático de Naciones Unidas en el país, a pesar de que había más de diez solicitudes de visita presentadas. Con la invitación del Gobierno Duque a los pocos meses de iniciar su mandato al Relator Especial sobre defensores de derechos humanos para fines de 2018, las expectativas de un giro positivo en materia de cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos se elevaron. El Relator Michel Forst visitó Colombia entre el 20 de noviembre y el 3 de diciembre de 2018 y pudo reunirse con diversas autoridades nacionales y locales, así como con miembros de sociedad civil y comunidad internacional. Al término de su visita Forst presentó un balance preliminar y dio una rueda de prensa donde anunció el compromiso del Presidente Duque de recibir una visita de seguimiento en 2019 para verificar los avances alcanzados, antes de la publicación del Informe final de visita ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2020. Infortunadamente, terminado el primer año de Gobierno, este compromiso no se ha cumplido.

«Forst presentó un balance preliminar y dio una rueda de prensa donde anunció el compromiso del Presidente Duque de recibir una visita de seguimiento en 2019 para verificar los avances alcanzados, antes de la publicación del Informe final de visita ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2020. Infortunadamente, terminado el primer año de Gobierno, este compromiso no se ha cumplido.”

Adicionalmente, desde el 7 de agosto de 2018 que inició el Gobierno Duque, y hasta el 7 de agosto de 2019, otros siete Procedimientos especiales han pedido o insistido en su solicitud de visita a Colombia, pero a ninguno se le ha recibido en el país:

Algunos desplantes institucionales del Gobierno Duque al Sistema de Naciones Unidas

MandatoTipo de solicitudFecha
Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamientoRecordatorio de la solicitud de visita21 de septiembre de 2018
Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mentalSolicitud de visita1 de octubre de 2018
Relator Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internosRecordatorio de la solicitud de visita2 de noviembre de 2018
Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repeticiónSolicitud de visita10 de diciembre de 2018
Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantesSolicitud de visita8 de febrero de 2019
Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrososRecordatorio de la solicitud de visita11 de febrero de 2019
Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresasSolicitud de visita11 de abril de 2019
Relator Especial sobre cuestiones de las minoríasSolicitud de visita20 de mayo de 2019

En algunos casos la respuesta de Colombia ha sido positiva pero no se concreta fecha; en otros se da una respuesta positiva inicial, pero luego se aplaza la visita indefinidamente. La consecuencia de esto es que ninguna de las visitas ha llegado a concretarse, a pesar de que Colombia cuenta con una Invitación Permanente desde 2003,28 y de que algunas de estas visitas ya han sido aceptadas en virtud del Examen Periódico Universal. Tampoco ha sido posible contar con una explicación clara sobre las razones por las cuales este Gobierno se niega a colaborar con estos mecanismos especializados de la ONU, si dice estar abierto a cooperar con ellos.

Se espera que la Cancillería aclare pronto esta situación y se programen las visitas de los diferentes mandatos para los meses que vienen.

Ausencia de mecanismos participativos y transparentes de seguimiento a recomendaciones internacionales

Tras los Exámenes Periódicos Universales (EPU) del Consejo de Derechos Humanos a Colombia en 2013 y 2018, el Estado colombiano se ha comprometido a crear mecanismos donde se pueda hacer seguimiento al nivel de cumplimiento de las recomendaciones internacionales que se le formulan al país, con participación de la sociedad civil y la comunidad internacional. Infortunadamente hasta el momento no ha cumplido este compromiso. El Gobierno continúa haciendo seguimiento al cumplimiento de dichas recomendaciones de órganos de derechos humanos a puerta cerrada, de manera poco transparente y sin rendir cuentas sobre ello, en contravía de los compromisos adquiridos públicamente durante el propio Epu.

Cumplimiento a conveniencia de decisiones internacionales en Derechos Humanos

Luego de la posesión del Presidente Duque el Canciller Carlos Holmes Trujillo designó nuevas personas dentro del Grupo de Seguimiento a Órdenes y Recomendaciones de Órganos Internacionales (G-Soro) para el seguimiento e implementación de los procesos que se adelantan ante órganos internacionales de protección de derechos humanos. Infortunadamente estas designaciones se hicieron desconociendo los procesos de construcción de estrategias, confianza y planes de trabajo que se habían alcanzado en meses y años anteriores. Así, los nuevos funcionarios han comenzado desde cero procesos que ya se habían adelantado, volviendo a plantear discusiones que se habían superado y retrasando el cumplimiento de las medidas contenidas en decisiones de órganos internacionales.

Igualmente se han evidenciado situaciones en las que los funcionarios del nuevo Gobierno buscan establecer contacto directo con las víctimas de los procesos en desconocimiento de su representación legal, y en algunas ocasiones en contravía de la asesoría de los propios representantes.

Del mismo modo, la implementación de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha visto afectada en la medida en que la Cancillería no genera espacios de concertación y ha buscado implementar las órdenes de la Corte de manera unilateral, sin contar con el consentimiento de las víctimas y sus representantes. También se evidencia la continuación de una política de desconocimiento de la obligatoriedad de las decisiones de los órganos de tratados de Naciones Unidas. A través de las intervenciones de funcionarios de diversos Ministerios en procesos judiciales en donde se debate la implementación de una determinada decisión, se mantiene la práctica de desconocer las decisiones y leyes internas (como la ley 288) y la propia jurisprudencia de órganos como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en relación a la forma como los Estados deben dar cumplimiento a sus decisiones.

La notable (y deplorable) excepción a esta última práctica es el repentino interés en el cumplimiento del dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas del 27 de julio de 2018 en el caso de Andrés Felipe Arias, donde se declara la violación de su derecho a la segunda instancia en relación con la sentencia de 2014 de la Corte Suprema de Justicia que lo condenó a 17 años y cinco meses de prisión y a una multa de $30.800 millones por los delitos de peculado por apropiación y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.29 El Centro Democrático, partido político de gobierno, presentó en cumplimiento de la decisión de dicho Comité un proyecto de ley en el Congreso, el cual propone abrir la posibilidad de que en virtud de la doble instancia se puedan revisar, retroactivamente, su caso y los de quienes hayan sido sentenciados en las últimas cuatro décadas.30 El articulado del proyecto incluía además el “efecto suspensivo” de las sentencias, lo que llevaría a la libertad inmediata de todos los condenados que impugnaran el fallo. La propuesta despertó tal escándalo que debió ser retirada del proyecto, pero no se descarta que vuelva a incluirse más adelante durante el trámite legislativo. Otro grupo de congresistas presentó un proyecto de reforma a la Constitución en el mismo sentido. 31

El hecho de que quienes no gozaron de segunda instancia en su momento pidan revisión de sus condenas no es problemático, pues es el derecho de estas personas y ejercerlo no significa que la decisión de segunda instancia vaya a ser absolutoria. El problema es que el sistema judicial debe garantizar la justicia para todas las personas en Colombia, como la decisión del Comité lo ha puesto de presente. La prioridad que se le da a legislar para solucionar los problemas de una persona en particular hace que se cuestione la motivación de la iniciativa y se señale que se trata de una ley con nombre propio, a favor del señor Arias.

En el mismo sentido es preocupante que sea exclusivamente en este caso cuando se evidencia la voluntad del Estado para reconocer la obligatoriedad del dictamen del Comité, mientras que otros fallos de este mismo órgano contra Colombia son constantemente cuestionados y su cumplimiento obstaculizado.

Epílogo: Es preocupante que a comienzos de septiembre de 2019 no se conozca la propuesta del Gobierno para renovar la presencia en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se teme que en el actual contexto se pretenda recortar el mandato de observación o monitoreo del Acuerdo de Paz, o interferir en la designación de quien dirija la Oficina.