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Cuando se habla de la “opinión pública” se habla de una parte de la democracia: de lo que está pensando una sociedad sobre lo que está pasando con ella. Y, sin embargo, en los agotadores días de las redes sociales, cuando se ha tratado de reemplazar a los noticieros por páginas web como perversos teléfonos rotos, cuando “hacer política” parece ser lo mismo que “crear tendencias” y cada quien está en la capacidad de convertirse en su propio medio de comunicación con su propia versión oficial de los hechos –imagínese usted una Colombia libre de bipartidismo, pero con un Laureano Gómez o un Eduardo Santos por cada metro cuadrado–, tiene uno la sensación de que esa “opinión pública” es el leviatán que se lo traga todo.

Esa sensación nunca había sido tan pegajosa como lo ha sido en el primer año del gobierno de Duque.

Durante el largo siglo del bipartidismo, una guerra civil que iba y venía, los periódicos estaban llenos de plumas brillantes con vocación universal, pero prestaban un servicio tanto a la causa ciega de su propio partido como a la causa retorcida de su clase social. Fue a partir de los años del Frente Nacional cuando los medios –testigos, como los políticos liberales y los políticos conservadores, del horror de la Violencia– se pusieron al servicio de la institucionalidad y del poder; y en los años siguientes, hacia los ochentas, cuando toda una generación de periodistas reivindicó el derecho a que los columnistas tuvieran una opinión diferente a la de sus medios. Hoy en día es así; pero por culpa de las estrategias de los políticos todo aquel que esté en las redes parece obligado a hacer parte de alguna barra brava.

Y esa situación nunca había sido tan absurda e inútil como lo ha sido en el primer año del gobierno de Duque. Si algo no necesitaba que lo enrarecieran ni pervirtieran, era el ejercicio de la política colombiana, pero las redes sociales sí que lo han hecho: en todo el mundo ha sido así, por supuesto, pero aquí siempre hay que agregarle el fenómeno cultural de la violencia que no hemos conseguido conjurar. Es claro que hoy tanto los políticos en campaña como los funcionarios de los gobiernos se pasan los días tratando de ser o de engrosar o de conjurar una tendencia en Twitter. Se los imagina uno ansiosos e insomnes, en la oscuridad de su habitación, asomándose a las pantallas de sus teléfonos cada media hora. Se los imagina uno pidiéndoles a sus asesores que se inventen un hashtag para acabar con el hashtag de un rival. Y el resultado es que día a día pretenden obligarnos todos –gobernantes y gobernados, políticos y electores, periodistas y lectores– a asumir algún bando: #UribismoeselkarmadeColombia versus #IzquierdaterroristaeselkarmadeColombia.

Y ese maniqueísmo, esa polarización virtual, esa gran zanja que pretende definirnos a todos, nunca había sido tan evidente como lo ha sido en el primer año del gobierno de Duque.

El gobierno de Duque ha sido el regreso del uribismo al poder: el regreso de ese centralismo fundamentalista que suele llevarse tan bien con el fanatismo religioso; el regreso de la pugna con los opositores y los jueces y los periodistas ajenos al régimen; el regreso del imperio de los terratenientes; el regreso de la convicción de que los procesos de paz deben ser sometimientos –y no más–; el regreso de la sinuosa hipótesis de que lo más importante del Estado de derecho es el Estado de opinión, y, en consecuencia, los deseos de las mayorías se encuentran por encima de las instituciones. A pesar de ciertos intentos, bienintencionados e ineficaces, por guardar las formas democráticas, el primer año de esta presidencia ha estado marcado por los modos uribistas que resonaron en la sociedad colombiana de la década pasada: por la estigmatización, la aniquilación de los prestigios, y el vehemente e inescrupuloso reclamo de resultados que suele terminar en más violencias.

«Hoy el tal Estado de opinión –verificable, hasta cierto punto, en las redes sociales– está compuesto de muchas voces más: hay voces retardatarias, reaccionarias, xenófobas, estigmatizadoras, lapidadoras, negacionistas, patrioteras y fanáticas; pero también hay voces críticas, estadísticas, solidarias, cínicas, activistas, reflexivas, pacifistas, liberales, izquierdistas, democráticas, independientes. Y resulta improbable que, en lo que queda de este gobierno incipiente, se den en la sociedad el derrotismo y el unanimismo necesarios para, por ejemplo, conducir al país a la eterna fantasía uribista: una Asamblea Constituyente que eche para atrás la Constitución garantista e incluyente de 1991”.

Ha sido evidente sobre todo el empeño de frenar el proceso de paz con las FARC mediante una reforma constitucional que le responda al supuesto caos, antes de que se desarrollen tanto las labores de la justicia transicional como las de la comisión de la verdad. Y sin embargo, como las encuestas más serias lo han estado demostrando una y otra vez en estos meses, aquella precisa y astuta lengua uribista ya no se habla en la gran mayoría del país, como sí sucedía hace diez años, sino apenas en una tercera parte de la población colombiana. Se trata de una base sólida e innegable, que nadie debería menospreciar y condenar a su orilla, semejante a la base sólida e innegable a la que sigue apelando el nefasto Donald Trump: que no quepa duda al respecto. Hay que decir, no obstante, que hoy el tal Estado de opinión –verificable, hasta cierto punto, en las redes sociales– está compuesto de muchas voces más: hay voces retardatarias, reaccionarias, xenófobas, estigmatizadoras, lapidadoras, negacionistas, patrioteras y fanáticas; pero también hay voces críticas, estadísticas, solidarias, cínicas, activistas, reflexivas, pacifistas, liberales, izquierdistas, democráticas, independientes. Y resulta improbable que, en lo que queda de este gobierno incipiente, se den en la sociedad el derrotismo y el unanimismo necesarios para –por ejemplo– conducir al país a la eterna fantasía uribista: una Asamblea Constituyente que eche para atrás la constitución garantista e incluyente de 1991.

Ser columnista durante el primer año del gobierno de Duque ha sido el empeño de decir lo que se piensa tal como se piensa sin terminar graduado de enemigo de los unos o de los otros; sin caer en la trampa de los falsos activismos diseñados por los estrategas de los políticos; sin dejarse amilanar por las campañas de redes ideadas por el partido de gobierno, ni enloquecerse por esa máquina que emite opiniones y sentencias y verdades a medias por segundo. La oposición al proceso de paz con las FARC y los desmanes de la dictadura venezolana sirvieron a las derechas colombianas, en un primer momento, para lavar sus imágenes y para regresar el poder. Una vez en el gobierno -que quizá deba ser, en cualquier república, el lugar que suele llamarse “el centro del espectro político”- esa oposición a los acuerdos y ese cerco al régimen venezolano no sonó a gesto democrático, sino a venganza y oportunismo.

En el clima de estos meses, hecho de campañas de desprestigio, de nombramientos de negacionistas en puestos claves para la memoria del país, de revelaciones verdaderas y revelaciones discutibles sobre errores del gobierno pasado, se ha reforzado la idea de que todo crítico de la Presidencia –todo defensor del proceso de paz, todo analista que ponga en duda las estrategias de la administración, todo ciudadano que denuncie la persecución a los líderes sociales– es un crítico de mala fe. Y al propósito de arruinar la oposición, se suma este mundo nuevo en el que ya no son los titulares de los noticieros o de los periódicos, sino los hashtags y las tendencias de las redes los que empujan el debate e informan a la ciudadanía. Empantana las jugadas de las fuerzas del gobierno el hecho de que, a diferencia de lo que sucedía en los días del bipartidismo y los días del Frente Nacional, hoy es imposible decretar la realidad.

Es claro que a pesar de su evidente crisis económica los grandes medios continúan con la tradición frentenacionalista de servirle a la institucionalidad en un país en el que poco se le ha honrado, pero también han seguido siendo los escenarios en los que los columnistas más críticos han fiscalizado a los poderosos. Han sido los columnistas y los periodistas investigativos de los medios de siempre quienes han estado señalando los desmanes del Fiscal General, las versiones a medias del gobierno, las conexiones vergonzosas entre los jueces y los políticos. Y, cuando algún medio ha tratado de portarse como un feudo del bipartidismo –como sucedió cuando Daniel Coronell fue despedido por el dueño de Semana y reincorporado a petición de los lectores y de la redacción–, ha sido claro que estos ya no son los tiempos de los jerarcas y de los apellidos.

En esta época en que todo el mundo tiene a todo el mundo en la pantalla de su teléfono, y en la que el objeto del Estado ha vuelto a ser asediado por los discursos incendiarios, no es nada fácil para un periodista eludir el activismo: el periodismo es, a fin de cuentas, la causa de la democracia, de la igualdad, de la defensa de la vida. El gran reto para un “opinador” profesional es, pues, defender los valores de las repúblicas sin dejarse atropellar por las causas y los ataques y las reacciones del día; denunciar los atropellos de los poderosos que se portan como vengadores; seguir leyendo la realidad nacional entre líneas; seguir pensando; y seguir diciendo lo que se piensa tal como se piensa para que no vuelva a instalarse nunca ese unanimismo fatal –ese fantasmal Estado de opinión– que les ha permitido a estos gobiernos ser tan malos.