Justicia y lucha contra la impunidad

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Durante el primer año de gobierno de Iván Duque los informes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), del Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos y de la CIDH, presentados entre el segundo semestre del 2018 y el primer trimestre del 2019, incorporaron dentro en sus observaciones y recomendaciones el tema de la impunidad en Colombia como un problema histórico y a la vez reciente, estrechamente relacionado en el contexto actual con el logro de una paz estable duradera, la protección de los derechos humanos y la vigencia del Estado de Derecho.

La Oacnudh, en su Informe anual sobre Colombia presentado en marzo de 2019, hizo un recuento en cifras precisando que la tasa de impunidad en los casos de homicidios dolosos ha sido históricamente muy alta, oscilando entre el 86,58 % y el 94,30 % en los casos conocidos por las autoridades, siendo necesario focalizar los esfuerzos de la institucionalidad estatal en materia de investigación, juzgamiento, sanción a los responsables y reparación a las víctimas. El Informe resaltó la relación entre los altos índices de impunidad en el país con la corrupción, la continuidad en los ciclos de violencia y la desigualdad social, y reconoció un impacto diferenciado de esta conjunción de factores en las zonas rurales.

«Dentro de los factores que han afectado el adecuado funcionamiento de la administración de justicia en Colombia en el primer año del Gobierno Duque, están la falta de independencia de la Fiscalía General de la Nación y su constante intromisión en la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz.”

Según el Índice Global de Impunidad -instrumento que mide aspectos estructurales y funcionales de los sistemas de justicia, seguridad y violaciones a los derechos humanos aplicados en 69 países-, Colombia ocupa el octavo lugar dentro del grupo de los países con impunidad alta.41

La información aportada por los informes de la ONU y la Cidh referidos permite afirmar que durante el primer año del gobierno de Iván Duque persisten factores de hecho y de derecho generadores de impunidad. En consecuencia, la definición de la responsabilidad penal, civil, administrativa y disciplinaria respecto de los autores de violaciones a los derechos humanos continúa siendo un asunto tan pendiente como urgente.

Como obstáculos en la investigación, juzgamiento, sanción a los responsables y reparación a las víctimas en Colombia se identifican como elementos de contexto, la corrupción en zonas rurales y urbanas, y la ausencia de institucionalidad estatal en sectores rurales con altos índices de pobreza y que sufrieron las afectaciones del conflicto armado. Este último factor, si bien es histórico, ha cobrado mayor relevancia tras la firma del Acuerdo de Paz. Además, la falta de acceso a la justicia continúa siendo un factor de impunidad. Esta se relaciona sobre todo con las persistentes dificultades que enfrenta la Fiscalía General de la Nación para llegar a las zonas rurales debido a la insuficiencia de recursos materiales, técnicos o humanos, y en algunas de ellas a la falta de condiciones de seguridad que le permitan desarrollar su labor. En otras regiones también son factores determinantes de ineficiencia el alto número de casos asignados a cada fiscal o la escasa policía judicial disponible.42

Dentro de los factores que han afectado el adecuado funcionamiento de la administración de justicia en Colombia en el primer año del Gobierno Duque, están la falta de independencia de la Fiscalía General de la Nación (FGN) y su constante intromisión en la labor de la JEP: el Fiscal General lideró y promovió la primera propuesta de objeciones a la ley estatutaria que reglamentaba esta jurisdicción, las cuales fueron luego acogidas y ampliadas por el Presidente de la República. Aunque estas objeciones no tenían vocación de prosperar, sí dificultaron la operación de la JEP y además generaron un debate público polarizador en medio del período preelectoral regional. Además, la Fiscalía generó obstáculos a la implementación de la JEP y a su legitimidad, cuestionando su idoneidad, sus decisiones e incluso a sus funcionarios (llegando incluso a señalar a algunos de facilitar la comisión de delitos por parte de ex-miembros de las Farc-ep), obstaculizando la entrega de información y planteando varios conflictos de competencia ante la Corte Constitucional. El punto culminante en esta tensa relación fue la renuncia del Fiscal General Néstor Humberto Martínez tras la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de no extraditar al exjefe de las Farc-ep “Jesús Santrich” el 15 de mayo de 2019, por supuestamente considerar que la Jep favorece a los ex–guerrilleros y brinda impunidad a narcotraficantes.

De otra parte, la corrupción también ha menoscabado la credibilidad de esta institución en el último tiempo. La práctica de interceptaciones ilegales de comunicaciones contra numerosas personas y funcionarios públicos en las instalaciones de la propia Fiscalía, así como la modificación, alteración e incluso desaparición de interceptaciones realizadas legalmente en el marco de procesos judiciales, y la participación de redes de personas externas y de policías y militares activos y retirados en estas actividades, fueron descubiertas por la oficina de control interno de la entidad y resultan alarmantes. Mediante boletín de prensa la FGN de junio 17 de 2019 informó que el coordinador de la Sala de Interceptaciones Diamante de la Fiscalía General de la Nación fue el primer exfuncionario de la entidad en ser condenado a cien meses de prisión por haber interceptado ilegalmente comunicaciones. También fue capturado el Fiscal 32 especializado contra las Organizaciones Criminales. Las investigaciones continúan y al parecer falta mucho por descubrir. Llegar al fondo de esta situación y dar conocer esta información a la sociedad son acciones mínimas que se debe adelantar para la difícil tarea de recuperar la confianza en la entidad encargada de los procesos de investigación penal en Colombia.

Entre tanto, no se conoce información sobre avances en el esclarecimiento en la justicia ordinaria durante el último año, de los cientos de casos de violaciones a los derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violencia sexual, tortura o desplazamiento forzado, entre otras, que aún se encuentran en la impunidad.

Frente a este panorama en el Congreso se presentaron tres proyectos de reforma a la justicia en el último año. Solamente uno de ellos fue de iniciativa gubernamental y tuvo que ser retirado por no contar con suficiente respaldo; los otros dos fueron archivados por falta de tiempo para completar su trámite. Con algunas diferencias entre ellos los tres proyectos contenían propuestas regresivas e insuficientes frente al panorama de impunidad existente: reformar la acción de tutela para limitarla, aumentar de 36 a 48 horas el tiempo límite para la legalización de capturas, regular precedentes judiciales, o modificar los requisitos y procedimientos para la elección de altos funcionarios, entre otras.43

Por su parte y tras la aceptación de la renuncia del Fiscal General por parte de la Corte Suprema de Justicia, al Presidente le corresponde conformar una terna de candidatos y candidatas para ocupar este cargo y presentársela a esta Corte para que elija un reemplazo. Hasta el momento (dos meses después de la renuncia) dicha terna no ha sido presentada, lo que genera un ambiente de incertidumbre y de interinidad en las actuaciones de la Fiscalía. Lo que sí hizo Iván Duque en los primeros días de julio fue modificar las reglas establecidas para la elección del Fiscal General.44 Adicionalmente al parecer las personas que integrarían dicha terna serían tres funcionarios del actual Gobierno de los más cercanos al Presidente Duque: Clara María González, secretaria jurídica de la Presidencia de la República; Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz; y Francisco Barbosa, Consejero presidencial para los derechos humanos.45 De materializarse esta hipótesis, y todo parece estarse preparando para que así sea, la independencia de la Fiscalía frente al Ejecutivo se vería irremediablemente comprometida.

El Informe anual de la CIDH del 2018 manifiesta que en Colombia mientras la implementación del Acuerdo de Paz avanza continúan vigentes desafíos como la situación de seguridad en las zonas rurales donde persiste la violencia; el alto número de personas que continúan desaparecidas; la situación de desplazamiento forzado y la situación de derechos humanos de quienes pertenecen a grupos históricamente discriminados. Todos estos desafíos tienen como eje común un conjunto de violaciones de derechos humanos que se mantienen en la impunidad. Mientras este fenómeno no se enfrente de manera decidida, y en este primer año el presidente Duque no lo ha hecho, la corrupción, la desigualdad y la violencia persistirán, impidiendo la consolidación de una paz estable y duradera en Colombia.


41. Este índice mide cómo un gobierno protege la integridad física considerando los casos de tortura, asesinatos gubernamentales, encarcelamiento político, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos masivos y desapariciones (IGI-2017, Cesij, Udlap). Además, incorpora en el análisis de la impunidad la caracterización formulada por la ONU (2015) sobre los factores que la generan, atendiendo a elementos de hecho -relacionados con el contexto- y de derecho -vinculados a la normatividad en la materia y la acción o inercia de autoridades y la institucionalidad estatal en aplicación de las disposiciones garantes de los derechos humanos-.
42. Oacnudh, 2018.
43. Ministerio de Justicia, Abecé de la Reforma a la Justicia, 2018.
44. Portafolio, “Polémica por cambio en reglas para elegir fiscal general”, 5 de julio de 2019, y El Tiempo, “En el Congreso buscan elegir al Fiscal ‘sin criterios políticos’”, 30 de julio de 2019.
45. Blu Radio, Este es el “sonajero” para la terna a fiscal general que presentaría Duque, 30 de julio de 2019.