Los gremios al mando

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Captura corporativa e interferencia privada en el Gobierno Duque

Lo público, la democracia, los derechos

La construcción de una sociedad basada en la democracia y los derechos humanos tiene como condición necesaria una visión robusta de lo público, entendido como una conjunción de varios aspectos. En primer lugar, lo público puede ser entendido como una defensa de lo común, como recreación de todo aquello que nos vincula como un conjunto, incluyendo tanto los territorios comunes como los bienes públicos que permiten garantizar derechos colectivos. En segundo lugar, lo público puede entenderse como la prioridad del interés del colectivo por encima del interés particular, prioridad que solo debería ser cuestionada si pone en tela en juicio los derechos fundamentales de las personas. En tercer lugar, lo público puede ser concebido como la posibilidad de participar en la esfera pública, de construir las decisiones colectivas, de tener un lugar en la definición de la propia vida.

A nuestro juicio, esa visión de lo público puede correlacionarse con la búsqueda de garantía integral de los derechos humanos, comprendiendo las libertades públicas, los derechos de participación, los derechos sociales, los derechos del mundo del trabajo y las libertades sindicales, así como los derechos colectivos y del ambiente. Para alcanzar tal visión de lo público y de los derechos es crucial que las instituciones públicas, incluyendo las instituciones del Estado, consoliden esa visión de lo común sin verse interferidas por el interés particular y sin ser capturadas por el interés corporativo.

Sin embargo, en las últimas décadas hemos constatado la consolidación de prácticas de interferencia de la empresa privada en la formulación de la política pública, de redefinición del Estado para favorecer el interés particular e incluso de captura del conjunto del Estado por el poder corporativo. Tales tendencias socavan lo público, impiden que se avance progresivamente hacia la plena garantía de los derechos y vulneran los principios básicos que dan origen a la democracia, al priorizar el interés particular sobre el interés general. En ese marco, el gobierno de Iván Duque representa otra vuelta de tuerca en la consolidación de ese poder corporativo, poder que se expresa tanto en la conformación de los equipos de gobierno, en el estilo de su administración y en la carta blanca para que la empresa privada interfiera en la definición de la política pública.

Gremios y poder empresarial en el Gobierno Duque

Semanas antes de su posesión el presidente Duque dejó ver que su mandato no solo estaría orientado a favorecer a los grandes inversionistas privados a expensas del resto de la sociedad. Además conformó una administración marcada por el poder empresarial.
Un ejemplo elocuente es el sector agropecuario, como bien lo revelan los nombramientos del sector: En el Ministerio de Agricultura Andrés Valencia Pinzón, ex presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi); en la Unidad de Restitución de Tierras y en la Agencia Nacional de Tierras Andrés Castro y Miriam Martínez, respectivamente, quienes en su momento ocuparon el cargo de gerentes sociales del gremio palmicultor, Fedepalma.

No obstante, la relación entre la empresa privada y el gobierno Duque no se limita a lo agropecuario. Ricardo Lozano, hoy Ministro de Ambiente, fue alto directivo de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), al igual que el asesor presidencial Santiago Durán. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, fue el máximo directivo de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco). La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, fue presidenta de Asomóvil.

Un ejemplo de interferencia: El bloqueo del proyecto 214

Desafortunadamente el interés privado no solo ha permeado la cúpula gubernamental, además ha tenido claros impactos en la labor del Legislativo. Un buen ejemplo es el infortunado trámite del proyecto de ley 214 de 2018 (Cámara), “Por medio de la cual se promueve el acceso a información necesaria para fomentar entornos alimentarios saludables y prevenir Enfermedades No Transmisibles y se adoptan otras disposiciones”, también conocido como “ley de comida chatarra” o “ley de etiquetado”.

El propósito del proyecto de ley era establecer medidas de salud pública para el control de la obesidad y otras enfermedades no transmisibles, en especial enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes. Para lograrlo buscaba regular la información disponible frente a la oferta de comestibles en el mercado. En ese orden el proyecto buscaba establecer medidas para garantizar información “clara, veraz, oportuna, visible, idónea y suficiente” en procura de promover entornos alimentarios saludables que prevengan dichas enfermedades (artículo 1 del proyecto).

«En las últimas décadas hemos constatado la consolidación de prácticas de interferencia de la empresa privada en la formulación de la política pública, de redefinición del Estado para favorecer el interés particular e incluso de captura del conjunto del Estado por el poder corporativo”.

Para alcanzar dicho objetivo, el proyecto se amparaba en los artículos 49 y 78 de la Constitución. Según el primero, la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado; mientras el segundo plantea que “la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios”.

Aunque el proyecto de ley 214 era un desarrollo de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos y de haberse convertido en ley habría sido una herramienta que permitiría mejorar los indicadores de salud pública, especialmente en niños, niñas y adolescentes, cumpliendo la obligación internacional de alcanzar progresividad en derechos sociales, la iniciativa fue truncada por la presión de la industria de comestibles ultra procesados y bebidas azucaradas. Una mala noticia para un país en el que, según la Encuesta Nacional de Nutrición de 2015, tres de cada cuatro adultos y uno de cada seis niños sufren obesidad y sobrepeso o donde la Asociación Colombiana de Diabetes dice que el 7% de la población padece esta enfermedad.

La presión de la industria de comestibles ultra-procesados y bebidas azucaradas para que el proyecto no se aprobara fue recientemente documentada en una investigación periodística de la Liga contra el Silencio. En su reportaje mostraron cómo durante el debate del proyecto “hubo presencia de gremios como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco); y oficinas de cabildeo como Axis, cuyo director, Felipe Campo, asistió a varias sesiones donde el proyecto de Ley de Etiquetado estuvo en el orden del día”. El lobby de la industria se hizo sentir durante todo el trámite del proyecto, como lo mencionó un representante de la sociedad civil que pidió no ser identificado en el reportaje: “En todos los debates están. En comisión sacan a los representantes, les dicen más o menos qué tienen que hacer, se acercan a los asesores y les dicen: ‘Levanten ya esta sesión’”32.

Vale la pena mencionar que al revisar los estatutos de la ANDI encontramos en su artículo 4 inciso C que uno de los objetos de dicho gremio es: “Actuar ante las ramas legislativa y ejecutiva del poder público, y en general ante los organismos del Estado para procurar, por la vía de la concertación, normas convenientes para la Nación, los sectores económicos y los afiliados de la Asociación”. Sin embargo, según las normas colombianas, en caso de una colisión entre los intereses económicos de los afiliados a un gremio industrial y los derechos de la ciudadanía, es claro que deben prevalecer estos últimos. Además, en el caso de niños, niñas y adolescentes, la Constitución es clara al plantear que sus derechos prevalecen sobre los derechos de los demás (artículo 44 Constitución Política de Colombia).

Otro factor de interferencia es la financiación de campañas políticas por parte de la industria de comestibles ultra-procesados y bebidas azucaradas. De acuerdo con el portal www.cnecuentasclaras.gov.co/, varios partidos que tienen representantes en la Comisión VII de Cámara, célula legislativa que debatió y hundió dicho proyecto, han recibido importantes donaciones a sus campañas, como lo muestra esta infografía elaborada por la Liga contra el Silencio:

El resultado de esta estrategia de presión fue nefasta para un proyecto de ley que procuraba prevenir enfermedades y salvar millares de vidas. Lo cierto es que el trámite del proyecto fue tan irregular que el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo interpuso dos quejas disciplinarias a integrantes de la Comisión VII de la Cámara por irregularidades en los procedimientos. En el primer caso, por una injustificada demora del coordinador ponente de la iniciativa, el representante Jairo Cristo, de Norte de Santander, para radicar el texto de la ponencia33; en el segundo caso, por el extraño comportamiento del presidente de la Comisión, el representante Jairo Cristancho, quien levantó abruptamente una sesión de dicha célula legislativa en la cual el proyecto 214 estaba en el orden del día, sin anunciar los proyectos que debían discutirse en la sesión siguiente.34

A nuestro juicio la regulación contenida en el Proyecto 214 era la mejor herramienta para avanzar en la garantía de los derechos humanos a la salud y la alimentación adecuada. Ni estándares de protección más bajos, ni la autorregulación de la industria lograrán mejorar los indicadores de salud pública o garantizar derechos constitucionales. No obstante, esperamos que iniciativas similares puedan ser discutidas en el Congreso, ojalá sin interferencias teñidas por conflictos de intereses, y que las iniciativas de regulación no se vean alterada para favorecer el interés de lucro de la industria.

Favorecimiento con nombre propio: Luis Carlos Sarmiento Angulo

La intromisión de la empresa privada en las decisiones del Estado, expresada en los poderosos grupos económicos, tiene también su sello en el escándalo de Odebrecht, catalogado como el mayor de todos los casos de corrupción de los últimos años. Pero mientras en países como Perú se han tomado medidas drásticas, incluso contra expresidentes de la República, en Colombia lo que hay es una evidente impunidad sobre los cerebros que actuaron desde el sector privado nacional en las condiciones para hacerse al multimillonario negocio de la construcción de la Ruta del Sol tramo 2 y de otros promovidos con la figura de concesión o por el modelo de Asociaciones Público Privadas (App). En su momento, una investigación realizada en Estados Unidos reveló que en el caso colombiano se pagaron sobornos por al menos 11 millones de dólares para garantizar que Odebrecht se beneficiara de contratos de infraestructura.

En esta historia es evidente el favorecimiento de la justicia a Luis Carlos Sarmiento Angulo y su entorno más cercano, socios de Odebrecht en el segundo tramo de la Ruta del Sol, a través de la firma Episol. Incluso, fue clara la persecución de Néstor Humberto Martínez Neira (ex-asesor de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo) contra todo aquel que intentara llevar a la justicia al industrial y a sus allegados.

El capítulo más reciente de esta historia compromete al gobierno Duque, que alcanzó a poner sobre la mesa la intención de pagarles 1,2 billones de pesos a los bancos de Sarmiento y a otros bancos que otorgaron créditos para construir el segundo tramo de la Ruta del Sol. El Grupo Aval, que está involucrado con los sobornos, resultaría beneficiado por los recursos ofrecidos por Duque. En la última semana de julio el Gobierno decidió la disolución de la empresa Concesionaria Ruta del Sol SAS y asumir 1,2 billones de la deuda con el sector financiero. Así, Luis Carlos Sarmiento lograba ser arte y parte, ubicándose también como beneficiario del compromiso de Duque de pagar las deudas contraídas.

En contraste, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República expresaron de inmediato su oposición a lo intentado por el Gobierno. “Ante el caso más grave de corrupción en la historia del país, cualquier pago que se realice a concesionarios y contratistas de la Ruta del Sol 2 tendrá que sujetarse a las decisiones judiciales”, manifestó Juan Carlos Cortés, el procurador general de la Nación encargado.

El 30 de julio, el Gobierno no logró llegar a un acuerdo con los bancos acreedores por los 1,2 billones de pesos que pretendía pagarles con dineros del erario. Las fichas se movieron antes de que el Tribunal de Arbitramento se pronunciara, el cual falló el 6 de agosto declarando nulo el contrato y reduciendo la suma acordada a menos de la quinta parte.


32. Liga contra el silencio, Así fue el lobby en el Congreso contra la Ley de Etiquetado, disponible en: https://ligacontraelsilencio.com/2019/07/11/asi-fue-el-lobby-en-el-congreso-contra-la-ley-de-etiquetado/
33. “Proyecto contra comida chatarra: lío gordo”, en: https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-2019-proyecto-contra-comida-chatarra-lio-gordo
34. “Presentan queja contra presidente que levantó sesión por presencia de ‘Santrich’”, en: https://www.bluradio.com/judicial/queja-contra-presidente-de-comision-que-levanto-sesion-por-presencia-de-santrich-217913-ie430