Amenazados, asesinados y sin reconocimiento

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Balance de la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz

Durante el proceso de implementación del Acuerdo de Paz la Comisión Étnica de Paz y para los Derechos Territoriales ha insistido en no perder de vista la interpretación y aplicación del enfoque étnico en los diversos instrumentos con los que se ponen en marcha las diversas políticas, el diseño institucional y la adopción de medidas extraordinarias. En general si bien no ha existido una aplicación integral del enfoque étnico sí se ha logrado influir en un conjunto de determinaciones institucionales, fundamentalmente en relación con el diseño, marcos normativos y adaptación de políticas durante el fastrack, el Plan Marco de Implementación como instrumento que define metas e indicadores sobre toda la política de paz en Colombia, especialmente en el plan de sustitución de cultivos de uso ilícito y en los órganos del Sivjrnr, entre otros, aunque es urgente la necesidad de poner en marcha un mecanismo especial en relación con la reincorporación de los combatientes de origen étnico a la vida civil.

«Además del retraso normativo los procesos de formalización y adopción de los mecanismos legales para la implementación del punto 1 del Acuerdo se llevaron a cabo en varios casos sin el debido respeto al derecho fundamental a la consulta previa»

Si bien hay algunos alcances y compromisos en la ruta institucional también existen enormes dificultades, pues durante el año de gobierno los alcances logrados se han venido a menos en el proceso de implementación del Acuerdo de Paz la Comisión Étnica de Paz y para los Derechos Territoriales ha insistido en no perder de vista la interpretación y aplicación del enfoque étnico en los diversos instrumentos con los que se ponen en marcha las diversas políticas, el diseño institucional y la adopción de medidas extraordinarias. En general si bien no ha existido una aplicación integral del enfoque étnico sí se ha logrado influir en un conjunto de determinaciones institucionales, fundamentalmente en relación con el diseño, marcos normativos y adaptación políticas durante el fastrack, el Plan Marco de Implementación como instrumento que define metas e indicadores sobre toda la política de paz en Colombia, especialmente en el plan de sustitución de cultivos de uso ilícito y en los órganos del Sivjrnr, entre otros, aunque es urgente la necesidad de poner en marcha un mecanismo especial en relación con la reincorporación de los combatientes de origen étnico a la vida civil.

Si bien hay algunos alcances y compromisos en la ruta institucional también existen enormes dificultades, pues durante el año de gobierno los alcances logrados se han venido a menos en el proceso de implementación en virtud de las implicaciones que ha tenido la transición gubernamental frente al cumplimiento del Acuerdo de Paz, caracterizada por la equívoca expresión del Presidente Duque: “Ni trizas, ni risas,” bajo la cual plantea la revisión sustancial del alcance de algunas medidas en relación con los PNIS y la JEP, incluso adicionando en el ejercicio de gobierno una manera diferente de comprender la planeación nacional en relación con la inconveniencia de los pactos que traza el PMI, tal como lo expresan los lineamientos de la Nueva Política de Paz con Legalidad y los cambios institucionales al desmontar el Ministerio del Post-conflicto.

«Preocupa que la lentitud en la implementación de este punto continúa, así como la ausencia de bienes y servicios en muchos de los territorios y comunidades étnicas que hace parte de la deuda histórica del Estado colombiano con los pueblos indígenas, concertados en el Acuerdo de Paz.»

En el análisis realizado sobre el balance del primer año de gobierno del presidente Duque los pueblos étnicos concluimos lo siguiente:

Punto 1 del Acuerdo: Preocupa que la lentitud en la implementación de este punto continúa, así como la ausencia de bienes y servicios en muchos de los territorios y comunidades étnicas que hace parte de la deuda histórica del Estado colombiano con los pueblos indígenas, concertados en el Acuerdo de Paz como parte complementaria de la provisión de bienes y servicios públicos rurales dentro de los PDET, del PNIS y de los Planes Nacionales, que son fundamentales para la materialización de una paz transformadora con justicia social que mejore la calidad de vida de los pueblos étnicos en los territorios de Colombia que más lo necesitan.

Uno de los aspectos que genera mayor inquietud es que además del retraso normativo los procesos de formalización y adopción de los mecanismos legales para la implementación del punto 1 del Acuerdo se llevaron a cabo en varios casos sin el debido respeto al derecho fundamental a la consulta previa,116 ni el respectivo acompañamiento del Ministerio del Interior que como “entidad rectora en términos de interlocución y fortalecimiento de los pueblos étnicos, ha estado ausente en el proceso de implementación de planes y programas del Acuerdo de Paz con las comunidades”.117

También hacemos un llamado al gobierno nacional para que realice un esfuerzo por ajustarse al espíritu del Acuerdo de Paz y por respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada como derecho fundamental de los pueblos étnicos.

Punto 2: Se ha logrado avanzar con la participación de representantes y autoridades étnicas en diferentes instancias que se han creado en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz. Pese a este panorama coincidimos con el tercer informe del Instituto Kroc de febrero de este año, en que este punto requiere voluntad política por parte del Gobierno y de los diferentes partidos representados en el Congreso de la República para avanzar en la agenda legislativa y su implementación.

Parece ser que fomentar la participación política de una manera plena, efectiva y activa de las víctimas, en especial de las mujeres, garantizando una apertura democrática real, incluyente, interétnica e intercultural, va en detrimento de los intereses particulares de unos cuantos en el poder, y por ello no se han aprobado las circunscripciones transitorias especiales de paz como la instancia de la representación política de las víctimas, de hecho pertenecientes a los sectores y las regiones más impactadas por el conflicto armado en Colombia.

En cuanto al punto 3, Garantías de seguridad, los grupos étnicos vemos con gran preocupación que este último año se han incrementado en los territorios en relación con el año 2018 las amenazas, hostigamientos y asesinatos de líderes, lideresas, autoridades y personas étnicas defensoras de los derechos humanos. Mientras tanto el presidente Duque manifiesta a través de los medios que por el contrario, “los asesinatos a líderes sociales han disminuido durante su gobierno.”

Desde las organizaciones étnicas observamos los procesos minero-energéticos y el adentramiento de los carteles del narcotráfico como el agravamiento de la situación territorial, y nos llama la atención que mientras es mayor la presencia de la fuerza pública el espiral de violencia aumenta. Se trata de una contradicción.

Frente a esta situación, que tiene las características de un etnocidio por su sistematicidad, hemos solicitado medidas de protección del Estado a través de diversas movilizaciones y mingas comunitarias, y hemos fortalecido nuestros sistemas de seguridad propios (Guardia Cimarrona y Guardia Indígena) no sólo para cumplir la inminente deuda histórica frente a servicios sociales como incluso prescribe el Capítulo Étnico de Paz, sino a salvaguardar la vida en medio de la crisis humanitaria que atraviesa Colombia en tiempos de post acuerdos.118

Punto 4: El impacto que tiene el narcotráfico en Colombia recae principalmente sobre las familias que pertenecen a los pueblos étnicos. Cultivos ilícitos y rutas de narcotráfico hacen parte de las grandes presiones por parte de estos grupos al margen de la ley por el dominio y control territorial, ocasionando daños sociales, económicos, culturales y ambientales hacia la identidad y cosmovisiones propias de nuestras comunidades.
Las medidas adoptadas por el gobierno nacional nos devuelven la mirada a las acciones emprendidas en los Planes Nacional de Desarrollo del 2002-2006 y 2007-2010, tales como la fumigación con glifosato y la erradicación forzosa de cultivos ilícitos enmarcados en la estrategia antinarcótica de ese momento.

A propósito de los asesinatos a líderes y lideresas, en investigaciones realizadas por el Cinep se advierte que en su mayoría “los militantes asesinados hacían parte del Plan Nacional Integral de Sustitución de cultivos ilícitos”, situación que aterroriza los procesos organizativos y viola la autonomía de nuestras comunidades, quienes terminan siendo las víctimas directas de este flagelo.

Punto 5: En Colombia los pueblos y comunidades de territorios colectivos y ancestrales representan el 27% de las víctimas de desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado del país. Cabe señalar que en lo que va de este 2019 se han recrudecido los hechos victimizantes en los territorios con fuerte presencia de grupos étnicos y con débil presencia estatal.

En regiones como Catatumbo, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Amazonas, Antioquia y Putumayo se presentan altos índices de homicidios, amenazas, desplazamientos, confinamientos, desapariciones forzadas y reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Así mismo, con una fuerte presencia de grupos al margen de la ley como el ELN, el EPL y las disidencias de las FARC, generando grandes afectaciones a dicha población que apalancan sus proyectos de vida.

De otro lado el proceso de funcionamiento del Sivjrnr tiene importantes desafíos en el marco de la agenda de los pueblos étnicos, por lo que sigue siendo indispensable que se contemplen integralmente los enfoques diferenciales en los principios y salvaguardas del conjunto de las políticas de reparación, restauración, restitución y medidas de no repetición. Por supuesto esta integración no debe aplicarse solo respecto de los criterios de actuación y articulación de las instituciones, sino y fundamentalmente en la disposición de recursos y fuentes financieras suficientes que permitan el desarrollo y sostenibilidad de los compromisos estatales.

Punto 6: En virtud de la aplicación del enfoque étnico, el mecanismo específico en materia de participación exige no perder de vista que en el Comunicado N° 13 de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (Csivi) determinó que la Instancia Especial de Alto Nivel para Pueblos Étnicos (Ieanpe) constituye una instancia consultora, de representación e interlocutora de primer orden en materia de implementación y verificación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz; y hacer el seguimiento de todos los aspectos de la implementación de los seis puntos del Acuerdo, los 97 indicadores del Capítulo Étnico del PMI y la incorporación del enfoque transversal étnico, de género, mujer, familia y generación, además del apoyo para dar respuesta a las asesorías que solicite la Csivi o los componentes de la misma (gobierno y/o FARC).

La Ieanpe en cumplimiento de sus funciones ha tratado de avanzar pese a las limitaciones que se han presentado con su puesta en marcha, teniendo en cuenta que se concertó con el gobierno Colombiano su financiamiento con recursos del presupuesto nacional y de cooperación internacional. En tal sentido, para los pueblos étnicos es menester que el gobierno de Iván Duque propicie y establezca condiciones y garantías para su debido funcionamiento en el marco de los avances de la Csivi, en especial apoyar las condiciones materiales en el desarrollo del Plan Estratégico para la articulación regional y nacional. La Ieanpe como escenario es fundamental para apalancar la retroalimentación, ajuste y fortalecimiento institucional a la luz del proceso transcurrido en la etapa de formulación del Plan Marco de Implementación (PMI).


116. Ejemplo de ello es el Decreto 870 de 2017 para el pago por servicios ambientales y otros incentivos a la conservación, que no contó con la consulta a comunidades negras.
117. Acuerdo Final, y Contraloría General de la República (2018). Pág. 121.
118. Ver en este libro Alberto Yepes, pág. 201.