El litigio de la memoria

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Negar o recuperar el pasado, resignificar el presente y posibilitar el futuro de paz

“Las políticas de la memoria en contextos autoritarios pueden instaurar una interpretación única que monopoliza el sentido del pasado, por medio de la represión de memorias disidentes o alternativas. En contextos democráticos, la memoria institucional o dominante debe compartir el espacio público con una pluralidad de memorias sociales.”69

La pugna por una Memoria Oficial

En el 2017, mientras se firmaba el Acuerdo de Paz entre las Farc-ep y el Gobierno de Colombia, que disponía la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y como parte de él, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad – CEV, se produjo el decreto presidencial 502 de 2017 que daba asiento al Ministerio de Defensa en el Consejo Directivo en el CNH, sobre la siguiente consideración: “Se hace necesario incluir al ministro de Defensa en la composición de dicho Consejo Directivo, pues la realización del derecho a la verdad del que son titulares las víctimas del conflicto armado implica que las instituciones que participaron en él contribuyan al esclarecimiento de sus causas y a comprender las dinámicas institucionales y las relaciones políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, y aporten a la reconstrucción de la verdad histórica y a evitar la repetición de los hechos.”

Desde una comprensión amplia del conflicto armado, reflejada en el informe Colombia Basta Ya de la CNMH, es claro que el origen, características y magnitud del conflicto armado no pueden entenderse sin la responsabilidad de sectores que hacen parte de la legalidad y la institucionalidad pública. En efecto, paramilitares, guerrillas y sectores de la fuerza pública son identificados en este informe como los principales responsables de las diversas formas de victimización relacionadas con el conflicto armado en Colombia. Así, al dar asiento en este espacio a uno de los actores citados,70 la independencia y autonomía con la que siempre había contado el CNMH quedaba en riesgo. La protesta de las organizaciones sociales y de víctimas por esta medida, y al mismo tiempo la complacencia de sectores de la fuerza pública, algunos de los cuales recomendaron incluso no circular el informe Colombia Basta Ya, son indicativas de la pugna por la memoria y la verdad que comenzaba a tomar peso.71 Entre tanto, el CNMH llamó la atención sobre la necesidad de seguir trabajando por la pluralidad de las memorias y por ampliar las voces que tenían asiento en este comité.72

Con el cambio de gobierno vino también el cambio de la Dirección del CNMH. Las polémicas postulaciones realizadas por el gobierno de Iván Duque, dejaron claro que lo que se abría era un nuevo campo de disputa por la memoria y la verdad. Vicente Torrijos, Mario Pacheco y Darío Acevedo fueron en diferentes momentos los nombres propuestos. El primero fue retirado pues no alcanzó a cumplir con los requisitos académicos; el segundo, abiertamente opositor del Acuerdo de Paz y de la labor del Centro, quien tampoco cumplía con los requisitos académicos, generó una importante movilización de un amplio sector de las organizaciones de víctimas y sectores de opinión, los cuales pidieron conformar un comité de escogencia y velar por el cumplimiento de la ley.73 Finalmente, esta y otras objeciones presentadas por académicos nacionales e internacionales, fueron desatendidas y se asignó a Darío Acevedo al frente de la institución, el cual, siendo historiador de la Universidad Nacional de Colombia, si bien cumple con una amplia trayectoria académica, tiene en común con los citados su cercanía ideológica al Centro Democrático, principal opositor del Acuerdo de Paz y la salida negociada al conflicto armado en Colombia. En efecto, son explícitas su negación de la existencia del conflicto armado y la defensa de la hipótesis de un ataque terrorista contra el Estado; la sistemática estigmatización de sectores demócratas y de izquierda como testaferros de las guerrillas; y su decisión de reorientar el papel del CNMH en cuanto al tipo de memoria y de voces que deben escucharse.74 Más que un tema de opción política e ideológica personal, lo que resulta un contrasentido es que alguien que niega la existencia del conflicto armado dirija una institución creada para la implementación de la ley de víctimas que tiene justamente ese núcleo.

Lo que está en juego: Los derechos a la memoria y a la verdad

La construcción de paz requiere un relato comprensivo sobre lo que nos ha pasado como sociedad. Para que esto sea posible es necesario contar con una política de memoria guiada como mínimo por cuatro criterios: 1) El reconocimiento del conflicto armado como hilo conductor para la identificación de hechos, actores y contextos; 2) El compromiso con el carácter diverso de la memoria y por ende con las distintas memorias que se construyen de manera dialógica e intersubjetiva; 3) La obligación política del gobierno de cumplir con el deber de memoria del Estado; y 4) La prohibición de promover una memoria oficial que, como lo plantea la ley de víctimas: “niegue, vulnere, o restrinja los principios de pluralidad, participación y solidaridad y los derechos de libertad de expresión y pensamiento. Se respetará también la prohibición de censura consagrada en la Carta Política.”75

Colombia tiene el gran privilegio de haber construido memoria en medio del conflicto desde muchas orillas de la sociedad. Ese acervo constituye hoy un gran patrimonio que debemos proteger y preservar, y sobre todo poner al servicio del Sistema Integral de Justicia, Reparación y No Repetición, especialmente, de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. La memoria histórica no es equivalente a la verdad, pero no habrá verdad y esclarecimiento sin memoria. Una vez se produzca el informe final de la CEV, la sociedad tendrá que seguir reescribiendo, desde muchas memorias, su relato, una memoria histórica que permita escuchar las voces silenciadas y reconstruir los lazos rotos. Para ello necesitamos una política de memoria que sea aliada de la paz.

La finalización de los conflictos armados, sean guerras regulares entre países o irregulares al interior de los mismos, contienen por lo menos tres preguntas que las sociedades han tratado de resolver de distintas formas en medio de aprendizajes y acumulados: ¿Cómo desarrollar un modelo de justicia que satisfaga a las víctimas? ¿Qué hacer con los excombatientes para facilitar su reincorporación a la vida civil? Y ¿Cómo garantizar que como sociedad se pueda superar los efectos del conflicto, construir a partir de su finalización y garantizar que éste no se repita? Estas cuestiones no solo constituyen el mayor reto para la superación de la guerra sino que son en sí mismas campos de disputa entre diferentes intereses alrededor de la misma. Se cruzan entonces las interpretaciones, las expectativas e intenciones de los actores confrontados, de las víctimas y por supuesto de la sociedad en su conjunto.

Políticas de la Memoria para cerrar el conflicto

Las décadas de conflicto armado que ha vivido Colombia han estado acompañadas también de diversos intentos de pacificación o negociación, y casi sin excepción, de estrategias que buscan, bajo diversas lógicas e intereses, construir un relato sobre lo que ha pasado: Durante la llamada época de la Violencia, la Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la Violencia en el Territorio Nacional (1958), conformada por miembros del partido conservador, liberal, militares y la iglesia católica, arrojó resultados recogidos en el texto La Violencia en Colombia. Posteriormente, en 1987, durante el gobierno de Virgilio Barco se creó la Comisión de Estudios sobre la Violencia. Sus integrantes, que provenían básicamente del mundo de la academia, produjeron el informe Colombia: violencia y democracia en el cual fundamentalmente se proponían unas tipologías de violencia y recomendaciones sobre políticas de seguridad. Finalmente, como parte de los Acuerdos de Paz firmados con el Movimiento 19 de abril, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento Quintín Lame, crearon la Comisión para la Superación de la Violencia (1992), cuyos resultados fueron publicados en el informe Pacificar la Paz.76

El Deber del Estado respecto de la Memoria

En 2005, la ley de Justicia y Paz (ley 75 de 2005) que creó el marco legal para la desmovilización de los grupos paramilitares, definió entre sus postulados (artículo 56) el Deber de Memoria del Estado como uno de los componentes de reparación a los que tienen derecho las víctimas: “El conocimiento y la historia de las causas, desarrollos y consecuencias de las acciones de grupos armados al margen de la ley deberá ser mantenido mediante procedimientos adecuados, en cumplimiento del deber a la preservación de la memoria histórica que corresponde al Estado”. El énfasis dado a los grupos armados al margen de la ley se corresponde con la comprensión imperante en este momento bajo el mandato de Álvaro Uribe, según el cual en Colombia no existía conflicto armado sino una amenaza terrorista, lo que no solo omitía las responsabilidades del Estado sino que negaba a las víctimas. En desarrollo de este mandato, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) creó el Grupo de Memoria Histórica (GMH) a quien se encomendó elaborar un informe sobre las razones y surgimiento y evolución de los grupos armados ilegales. Este Grupo trabajó en la identificación de casos emblemáticos, que sirvieron de base para la elaboración del informe general Colombia Basta Ya: Memorias de Guerra y Dignidad (2012)

En 2011, La ley de Víctimas y Restitución de Tierras (ley 1448 de 2011), producto de la presión social y política por alcanzar el reconocimiento y visibilidad que las víctimas no tuvieron en la anterior ley de Justicia y Paz, dicta medidas para su atención, asistencia y reparación integral. Uno de los puntos nodales de esta reparación es justamente la memoria, con lo cual se retoma la noción del Deber de Memorias del Estado pero con una nueva connotación: “El deber de memoria del Estado se traduce en propiciar las garantías y condiciones necesarias para que la sociedad, a través de sus diferentes expresiones tales como víctimas, academia, centros de pensamiento, organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y derechos humanos, así como los organismos del Estado que cuenten con competencia, autonomía y recursos, puedan avanzar en ejercicios de memoria como aporte a la realización del derecho a la verdad del que son titulares las víctimas de la sociedad en su conjunto.”

Para el desarrollo de este mandato se creó el Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH-, como continuidad del Grupo de Memoria Histórica, bajo la dirección de Gonzalo Sánchez, y allí se creó el Observatorio de Memoria y Conflicto, que produjo las cifras más contundentes sobre las formas de victimización y sus víctimas; más de 140 publicaciones de las cuales ochenta informes y diez balances temáticos; se avanzó en la construcción del Archivo de Derechos Humanos con más de trescientos documentos; y se recogieron alrededor de trece mil testimonios de desmovilizados. Sin duda alguna, se trata de un impresionante acumulado en el que las voces de las víctimas en su diversidad y pluralidad, al lado de muchas otras, se han hecho visibles. Esta producción nos ha permitido saber más y mejor sobre las dinámicas, magnitud y hondura de los daños causados por la guerra; pero también, sobre la manera como la sociedad ha resistido y buscado caminos para la paz.


69 Nicolás Aguilar Forero (2018) “Políticas de la memoria en Colombia: iniciativas, tensiones y experiencias (2005-2016)” en Historia Crítica, n. 68, abril.
70 En la disposición también se incluye en el consejo directivo del CNMH a miembros de los ministerios de Justicia, Educación y Cultura, a los directores del Departamento de Prosperidad Social y de la Unidad de Víctimas, y a dos representantes de la Mesa Nacional de Víctimas. Este organismo tenía entre sus funciones “definir y adoptar los lineamientos estratégicos para la construcción de la memoria histórica, y formular una estrategia de priorización de proyectos de investigación, que contribuyan al conocimiento de la verdad histórica”. En: http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20502%20DEL%2027%20DE%20MARZO%20DE%202017.pdf
71 Al respecto ver: https://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/ministro-de-defensa-hara-parte-del-consejo-del-centro-nacional-de-memoria-historica-KE6350815.
72 Ver: comunicado emitido por el CNMH: (http://centrodememoriahistorica.gov.co/fr/noticias/noticias-cmh/comunicado)mh
73 https://www.facebook.com/notes/red-colombia-de-lugares-de-memoria/organizaciones-piden-comit%C3%A9-de-escogencia-para-la-direcci%C3%B3n-del-cnmh/2211524862449201/).
74 Durante el debate, fueron innumerables lo artículos periodísticos y de opinión que se opusieron a este nombramiento por sus consecuencias con respecto a la interpretación sobre el conflicto armado y el papel de las víctimas en este relato. Ver: http://hacemosmemoria.org/2019/02/20/dario-acevedo-cnmh-entrevista-martha-nubia-bello/; https://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/11768-dario-acevedo-o-la-verdad-de-los-conversos.html; https://cerosetenta.uniandes.edu.co/izquierda-derecha-dario-acevedo/; https://www.revistaarcadia.com/agenda/articulo/dario-acevedo-director-del-centro-nacional-de-memoria-historica-responde-carta-de-profesores-de-la-nacional/73124
75 Parágrafo, art. 143 ley 1148 de 2011.
76 Al respecto ver: Jaramillo, Jefferson “Las comisiones de estudio sobre la violencia; La voz crítica de sus protagonistas. Entrevista con el historiador Gonzálo Sánchez”. Revista Análisis Político, núm. 73, septiembre-diciembre.