El tortuoso camino de la reforma política

10-El-tortuoso-camino-de-la-reforma-política

Reflexiones sobre el proceso electoral y la reforma presentada por el Gobierno Duque

La democracia colombiana está debilitada y en crisis por varios factores: la guerra, la violencia política que cobra diariamente la vida de personas que ejercen un liderazgo social, la corrupción electoral, la cooptación mafiosa o de grandes intereses privados del Estado, la crisis de los partidos políticos y los índices de abstención electoral que suelen superar el 50%.

Para superar los déficits de la democracia colombiana se requieren reformas políticas y electorales profundas, así como cumplir con el Acuerdo de Paz y avanzar en el respeto integral de los derechos humanos.

El camino es tortuoso por el statu quo y los grandes poderes legales e ilegales que dificultan o impiden las reformas. Basta citar las manifestaciones de desacato del Registrador Nacional frente a la resolución 1706 de 2019 del Consejo Nacional Electoral, en la cual se propusieron mayores garantías electorales para la ciudadanía y las fuerzas políticas, y se lo conmina a volver a requerir la huella y la firma de cada elector al momento de votar, lo que evitaría la suplantación de los electores que vienen utilizando las mafias electorales. Pero el Registrador aduce una escasa destinación de recursos por parte del Gobierno Duque.

En el 2011 con la ley 1475 y previa solicitud del Consejo Nacional Electoral, se eliminó la huella y la firma de los formularios E-11, con la obligación legal de alcanzar la identificación biométrica total y el voto electrónico para las elecciones de 2014; pero en las elecciones de octubre de 2019 sólo habrá identificación biométrica en un poco más de diez mil mesas de votación, menos del 10% del total, lo que no garantiza que se limite el fraude electoral en la suplantación de los votantes.. Y el voto electrónico sigue indefinidamente aplazado a pesar de ser una obligación legal.

En Colombia la democracia se abre paso a trancazos y en cada cicatriz queda abierto el teatro de operaciones para la próxima confrontación. Las cosas más sencillas no producen los acuerdos políticos necesarios para hacerlas cumplir como fueron concebidas, y terminan en el laberinto de un Estado que entre el papel y la realidad afecta los derechos de la gente, como ha sucedido con varios episodios de la implementación del Estatuto de la Oposición a un año de su entrada en vigencia, durante el cual el Gobierno de Duque ha contribuido a su desconocimiento.

En efecto, este gobierno como casi todos desde la promulgación de la Constitución de 1.991 impulsó de forma inconsistente una reforma política en el Congreso que también fracasó, en buena medida por un auto-sabotaje encarnado por otras iniciativas suyas que afectaron la agenda legislativa, como las seis objeciones que presentó a la ley estatutaria de la JEP.

«Quisiera creer que aún es posible reconstruir un consenso político para sacar adelante buen parte de la propuesta inicial presentada por la Misión Electoral Especial como consecuencia del Acuerdo de Paz. Y se podría fortalecer con medidas específicas de democratización interna de los partidos (tal vez la mayor deuda de esa propuesta)».

La reforma política anunciaba varias medidas necesarias: Consolidar un sistema de listas cerradas; construir una apuesta por el voto paritario con enfoque de género; y edificar una fecha única para la definición de las candidaturas de los partidos. E incluso inicialmente la apuesta era mucho más ambiciosa en torno a la arquitectura de la Organización Electoral como un primer paso en la dirección de un sistema progresivo de adquisición de derechos políticos, y del fortalecimiento de un sistema de partidos y bancadas, medidas que paradójicamente habían sido propuestas por la Misión Electoral Especial surgida del Acuerdo de Paz en su punto de Participación Política. Pero en privado las fuerzas del establecimiento las bloquearon, como a todo intento de reforma estructural; a lo cual se sumó la incapacidad del Gobierno de alcanzar consensos mínimos con sus propios aliados en el Congreso.

Quisiera creer que aún es posible reconstruir un consenso político para sacar adelante buena parte de la propuesta inicial presentada por la Misión Electoral Especial como consecuencia del Acuerdo de Paz. Y se podría fortalecer con medidas específicas de democratización interna de los partidos (tal vez la mayor deuda de esa propuesta).

Pero si no se da ese anhelado y esquivo consenso político habrá que seguir trabajando para que la democracia y su procedimiento dejen de ser temas irrelevantes en un país que necesita modernizar urgentemente sus reglas de juego. Una reforma política y electoral son esenciales en un país donde la ciudadanía descree de la democracia, de los partidos políticos, de las instituciones y del Estado mismo.

No hay que dejar de lado que la democracia es la práctica de las libertades y la vigencia de los demás derechos de una sociedad plural, y debemos reivindicarla como un derecho colectivo fundamental con el cual se garantizan los derechos políticos de toda la ciudadanía y de todas las fuerzas políticas.

Finalmente debemos reivindicar el Estatuto de la Oposición -Ley estatutaria 1909 del 9 de julio de 2018-, que se aprobó como consecuencia de la implementación del Acuerdo de Paz y que de cumplirse a cabalidad le daría oxígeno a la democracia colombiana porque apunta a posibilitar la alternancia política en el poder, y ayudaría a contener los gobiernos caudillistas y autoritarios con los que se ha ejercido el poder en muchos países de la región. Pero necesitamos ir más allá porque entre más profundicemos la democracia y las garantías electorales, más posibilidades habrá de consolidar la paz política y social de la nación.

Modificaciones de la Reforma Política propuesta por la Ministra del Interior

1.Al artículo 107 de la Constitución Política, donde se enunciaba la necesidad de profundizar la democracia interna de los partidos políticos, la responsabilidad estatutaria de sus directivos y afiliados, el régimen de sanciones y algunos seguros adicionales contra el transfuguismo político.

2.Al artículo 120 de la Constitución que creaba un Tribunal Electoral con las actuales funciones administrativas del Consejo Nacional Electoral. Éste último permanecía pero con funciones exclusivamente regulatorias generales del proceso electoral.

3. Listas cerradas, bloqueadas, y con composición paritaria con enfoque de género.

4. Al artículo 133 de la Constitución se agregaba uno de los mandatos de la consulta anticorrupción al impedir reelecciones por más de tres periodos en las corporaciones públicas de elección popular.

5. En la propuesta de Cámara de Representantes se incluyó construir un número de curules en el Senado, provenientes de las mayores votaciones territoriales.

6. Finalmente en ambas cámaras se propuso reformar el artículo 346 de la Constitución y modificar la manera en que los congresistas participan de la gestión de recursos y los proyectos de inversión. Una de las polémicas que tienen antecedentes en los auxilios parlamentarios y los llamados cupos indicativos.

Elementos rescatables y problemáticos de esta propuesta

Los rescatables

El sentido de la mayoría de propuestas tenía una perspectiva del fortalecimiento del sistema de partidos, enunciaba una centralidad de la democracia interna (ausente al día de hoy en la mayoría de agrupaciones políticas), y se hacía un esfuerzo por transformar la organización electoral, a la par que se daba un paso en el fortalecimiento del sistema político, y por mejorar la inclusión de la mujer pasando de lo enunciativo a lo obligatorio en cuanto la participación paritaria.

Los problemáticos

La reforma se quedaba muy corta porque la promesa de centrarse en la democratización interna de los partidos no cuenta con medidas precisas más allá de “ejercicios de democracia interna en una misma fecha”, que no brindan ninguna garantía adicional a la no interferencia de otros partidos en las decisiones del propio. Allí se habrían podido explorar mecanismos ya contemplados en las deliberaciones de la MEE, como las elecciones primarias y abiertas (o primarias e internas, con regímenes de afiliados fuertes).
En segundo término, la reforma ofrecía poco para un sistema de adquisición progresiva de derechos de las agrupaciones políticas, que combinaba dos características hoy esenciales para la maltrecha dinámica de nuestro sistema político: 1. Un proyecto de descentralización de la participación política, 2. Una apuesta de acceso al sistema político que superara las dificultades actuales de los Grupos Significativos de Ciudadanos, a través de firmas.
Este sistema, que es el que permite una dinámica de democratización interna de los partidos, se lograría a través de un sistema de afiliados donde se incorporaba una nueva forma de adquisición de derechos políticos de manera progresiva, con un registro único de afiliados metódico y actualizado. De esta manera, un movimiento político emergente podría lanzar candidatos a nivel local, departamental, o nacional, de acuerdo con su número de afiliados y las circunscripciones donde éstos residan. A la vez, con este sistema se eliminarían las firmas y se posibilitarían ejercicios de democracia interna partidaria mucho más transparentes y eficaces.
De la propuesta inicial se borró la modificación de la Organización Electoral, que sin lugar a dudas necesita ser reformada tanto en su composición como en los mecanismos de selección para garantizar la autonomía e independencia indispensable frente a los actores políticos e intereses económicos, como en sus facultades y posibilidades jurisdiccionales (necesita mayores controles, y a la vez mayores facultades para regular el procedimiento democrático).
Finalmente pareciera que ésta tímida propuesta presentada por el Gobierno de Duque se hubiera enfocado muy poco en construir los acuerdos necesarios para sacarla adelante, y no se ve la voluntad política para volverla a impulsar en las legislaturas que faltan de este periodo constitucional al que le quedan tres años.