En un mar de siglas

14-un-mar-de-siglas

Balance del primer año del Gobierno Duque frente a la implementación del Acuerdo de Paz en clave de género, y derechos de las mujeres en los puntos sobre Reforma Rural Integral y Víctimas

Con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo se estableció un presupuesto para el capítulo XI Pacto por la construcción de paz dentro del Plan Plurianual de Inversiones para la Paz,112 sin embargo se contemplaron asignaciones sin establecer presupuesto adicional a las inversiones ya programadas, incumpliendo la Constitución en el artículo 3 del Acto Legislativo 01 de 2016. Por otro lado, en el capítulo XIV Pacto por la igualdad de la mujer se asignó un presupuesto que no suma al total del Plan Plurianual de Inversiones, con el argumento de constituir recursos transversales en los demás pactos, situación que invisibiliza el enfoque de género del Acuerdo de Paz, dificultando y poniendo en riesgo su implementación toda vez que para dar cumplimiento a las medidas de género acordadas se termina dejando la potestad de asignación de recursos a las entidades responsables de dar cumplimiento al Plan Marco de Implementación, PMI.

En el artículo 281 del PND se ordenó la creación de una hoja de ruta única que debe estar alineada con dicho Plan Marco (Artículo 222), la cual pretende articular los planes del Acuerdo de Paz, esto es, los 16 Planes de Acción para la Transformación Regional (PATRr), los Planes Nacionales Sectoriales, los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (Pisda) y los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC), junto con las Zonas Estratégicas de Intervención Integral,113 principalmente en los 170 municipios priorizados de los PDET, cuya coordinación está a cargo de la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación con el acompañamiento de la ART, que se encargará de identificar los proyectos prioritarios de los Planes de Acción y los actores responsables de su implementación, y estructurará proyectos estratégicos que permitan intervenciones articuladas y eficientes entre las entidades del nivel nacional y territorial.114 Para su implementación se dotó de autonomía legal a las entidades territoriales para alinear sus instrumentos de planeación (parágrafo tercero, artículo 281).

Esta ruta podría permitir a las entidades del nivel nacional de distintos sectores coordinarse para la implementación de todos esos planes y programas de la Reforma Rural Integral y además con la reciente creación de las ZEII,115 los cuales deberán ir en consonancia con el PMI; sin embargo, sigue siendo un riesgo para la implementación de las medidas de género la baja asignación de recursos que terminaría dependiendo de la potestad de las entidades locales a efectos de darles cumplimiento.

Se entiende como avance la expedición del Decreto 1418 de 2018 que creó la Alta Instancia de Género de Gobierno (AIGG), que coordina, armoniza, impulsa y hace el seguimiento a la implementación del enfoque de género del Acuerdo de Paz y la ejecución del PMI, teniendo dentro de sus funciones mantener un diálogo permanente con la Instancia Especial de Mujeres y entregar dos informes semestrales de seguimiento con la Secretaria Técnica de las Consejerías Presidenciales para la Equidad de la Mujer y para la Estabilización y la Consolidación. En su instalación el 16 de enero de 2019 se acordó la formulación del plan de trabajo de la Alta Instancia para implementar los indicadores de género establecidos en el PMI, que según el gobierno se circunscriben a los 51 definidos en el capítulo respectivo.

«No está asumiendo la implementación de las medidas de género consignadas en el PMI en su totalidad, ya que solo tiene en cuenta 51 indicadores consignados en el denominado capítulo de género, omitiendo que dentro del mismo PMI se encuentran en total 106 indicadores con enfoque de género.»

GPaz considera como avance el hecho de que la Alta Instancia de Género de Gobierno haya elaborado un plan de trabajo que determinó los sectores y entidades responsables de los indicadores de género del PMI y los periodos de cumplimiento. Sin embargo no está asumiendo la implementación de las medidas de género consignadas en el PMI en su totalidad, ya que solo tiene en cuenta 51 indicadores consignados en el denominado capítulo de género, omitiendo que dentro del mismo PMI se encuentran en total 106 indicadores con enfoque de género. Esto sin considerar además que de las 122 medidas del Acuerdo de Paz en materia de género y derechos de las mujeres 54 no son abarcadas por el PMI, siendo ésta una deuda pendiente con las mujeres colombianas.

Posteriormente, para el mes de junio y después de una segunda reunión el 29 de abril de la AIGG las entidades responsables del cumplimiento del PMI entregaron los Planes de Trabajo, logrando cubrir 48 de los 51 indicadores de género, los cuales aún continúan en permanente construcción. Sobre estos planes de trabajo presentados se reconoce su importancia, y de manera preliminar (porque aún se encuentran en estudio por parte de GPaz), se evidencian algunas falencias tales como que no hay presupuestos claros para todos, las metas en algunos de ellos se consideran bajas y no son claros los criterios de focalización territorial y poblacional.

Por otro lado, en la publicación de la Art sobre los 16 PATR en su página web se encuentran iniciativas con marca de género que aún están en estudio por GPaz, que contienen los antecedentes para su elaboración, la visión y el diagnóstico subregional, objetivos, los pactos municipales de la subregional, las iniciativas subregionales, indicadores, metas globales, costos mínimos y los compromisos de las autoridades locales, construidos con las comunidades de los 170 municipios priorizados PDET.

Se requiere que la ART publique la matriz de iniciativas de los 170 pactos municipales y las clasifique de tal forma que se puedan identificar aquellas con enfoque de género; y además que estas iniciativas que se llevarán a los municipios priorizados en programas y planes sean socializadas previamente con las comunidades, lo que implica que se establezcan espacios comunitarios previos que validen las iniciativas priorizadas e incluyan la participación mínimamente paritaria de las mujeres y que se aseguren los programas relacionados con el desarrollo de la mirada diferencial de las mujeres.

«Se requiere que la ART publique la matriz de iniciativas de los 170 pactos municipales y las clasifique de tal forma que se puedan identificar aquellas con enfoque de género; y además que estas iniciativas que se llevarán a los municipios priorizados en programas y planes sean socializadas previamente con las comunidades.»

Adicionalmente se requiere de una directriz del nivel nacional mediante decreto que ordene a las autoridades departamentales y municipales el cumplimiento de las iniciativas con marca de género de los PATR y las incluyan dentro de su planeación con asignación de recursos específicos. Esto implica, por un lado, que el Presupuesto General de la Nación asigne recursos del nivel nacional para el cumplimiento de algunas de estas iniciativas, proyectos y programas establecidos en los patr, partiendo de las condiciones adversas y poco presupuesto que tienen los municipios priorizados PDET; por otro lado exige que las autoridades salientes en 2019 aprueben ordenanzas y acuerdos en este sentido; y por último, que las nuevas autoridades municipales y departamentales que quedarán elegidas en las elecciones locales de este año se comprometan a poner en marcha estas iniciativas a favor de las mujeres contenidas en aquellos Planes.

Al respecto Juanita Goebertus, representante a la Cámara del Congreso de la República, alertó el 31 de julio de 2019 que el Presupuesto General de la Nación 2020 no pretende asignar recursos para la ejecución de los PDET, pues el 41% de los proyectos de paz van destinados a política social general sin enfoque territorial, en contravía de lo establecido en el Acuerdo de Paz, y que además reduce el presupuesto de las Agencias Nacional de Tierras, de Desarrollo Rural, de Renovación del Territorio, y para la Reincorporación y la Normalización, situación que preocupa toda vez que de no asignarse presupuesto concreto para poner en marcha los PATR desde el presupuesto nacional hacia los municipios priorizados PDET, estos últimos no podrán dar cumplimiento a todas y cada una de las iniciativas y programas, pues desbordan sus capacidades presupuestales.

Se evidencia por GPaz que aún se requieren desarrollos normativos para dar cumplimiento a las medidas de género del Acuerdo de Paz, como por ejemplo la creación de la Jurisdicción Agraria, la reforma a la Ley 160 de 1994 y la ley de bienes baldíos en reserva forestal. En este sentido se recomienda al gobierno nacional elaborar un plan de aceleración a nivel territorial que impulse las medidas de género que ya tienen desarrollo normativo y las pendientes de expedir, en especial aquellas contenidas en los Pospr para el acceso y la formalización de tierras, con medidas afirmativas para las mujeres; los Pidar que permitan la autonomía económica de las mujeres; y en el PNIS y en especial los Pisda para mantener la autonomía económica de las mujeres con proyectos productivos que sustituyan los cultivos de uso ilícito. Y además se requiere establecer mecanismos de articulación de estos planes y programas de la Reforma Rural Integral, con los planes que fueron incorporados en la Ruta Única contemplada en el PND.

En cuanto a las víctimas, la Unidad para su atención y reparación integral expidió la Resolución 1049 de 2019, que establece un procedimiento para las solicitudes de indemnización administrativa a las víctimas incluidas en el Registro Único de Víctimas – RUV, a través de un método técnico de focalización y priorización que fija términos y establece variables que suman puntaje para resolver los casos respectivos. Sin embargo, se supedita el goce efectivo del derecho a la reparación de las víctimas de violaciones a DDHH y al DIH a la sostenibilidad fiscal, lo que podría ir en contravía del Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional. Además, posterga la indemnización de las víctimas que no están dentro de los criterios de priorización (edad, enfermedad o discapacidad), lo que afectaría de manera particular a las mujeres en razón de los daños desproporcionados en el marco y con ocasión del conflicto armado por cuanto no estableció como criterio de priorización a aquellas mujeres víctimas de violencias de género y en especial violencia sexual.

Por lo anterior se recomienda incorporar dentro del actual Método técnico de priorización de la Resolución 1049 de 2019, mayor puntaje para las siguientes variables: (i) por el hecho victimizante de delitos contra la libertad e integridad sexual; (ii) mujeres cabeza de hogar con persona o personas a cargo, ya sea por estar en nivel de escolaridad, en situación de discapacidad o adultos mayores, y que se encuentren en situación de pobreza; (iii) mujeres en situación de abandono y despojo de tierras que no hayan sido restituidas o que estén en el proceso; (iv) mujeres campesinas en situación de extrema pobreza sin tierra o tierra insuficiente; (v) mujeres afrodescendientes e indígenas sin tierra o tierra insuficiente; (vi) mujeres defensoras que estén en riesgo extremo según la calificación de la UNP. Estas variables requieren de un puntaje específico que permita a las mujeres víctimas tener claridad de la sumatoria de la priorización, lo que hace un procedimiento público transparente que garantiza el debido proceso de las víctimas en situaciones prioritarias.

Por su parte el PND para la política de reparación de víctimas tiene metas muy bajas en cuanto a la reparación, pretendiendo reparar menos víctimas al año a pesar de haber hecho solo con alrededor del 12% de total de víctimas del conflicto armado.


115. La creación de las ZEII trajo consigo preocupaciones respecto a su implementación en los municipios priorizados PDET, debido a que se suponían un riesgo para de estos últimos, desconociendo su participación comunitaria y enfoque de construcción de paz. Por lo que, por ejemplo, Juanita Goebertus alarmó frente a esta situación en las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo, debido a que con la construcción de la Ruta Única no se incluían las ZEII. Finalmente, en el PND se aprobó el artículo 281 que establece que éstas harán parte de este ruta, que los planes de estas zonas que coincidan con PDET deberán coordinarse y constituirse a partir del proceso participativo de los PATR, y que el presupuesto de aquellas zonas no puede comprometer los recursos de los PDET. Pese a lo anterior, sigue siendo preocupante la implementación de las citadas zonas toda vez que están enfocadas a combatir las bandas criminales y proveer medidas reforzadas de protección desde un enfoque altamente militar, lo que genera miedo y zozobra en las poblaciones que ponen en situación de vulnerabilidad a las niñas, jóvenes y adultas mujeres, y exacerban las violencias de género, en especial la violencia sexual.