Memorias de lo que no ha sido

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Reforma Rural Integral y sustitución de cultivos de coca

A los factores de debilidad del Acuerdo de Paz derivados del proceso interno de las FARC, y de la morosidad del Gobierno de Santos, se han agregado ahora las posturas contrarias al mismo durante el Gobierno Duque,103 que en el caso de la implementación de la Reforma Agraria Integral se refieren a varios aspectos cruciales:

Fondo de tierras de 3 millones de hectáreas: En Marzo de 2018 la Agencia Nacional de Tierras (ANT) creada para implementar el Acuerdo anunció que hay registradas a nombre de la Nación 200.000 hectáreas de los tres millones que espera llevar al Fondo de Tierras hasta el 2028, plazo de ejecución del fondo. Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz informó que hasta septiembre de 2018 habían ingresado a dicho Fondo 528.824 hectáreas (303.876 de baldíos y 224.947 del Fondo Nacional Agrario). Una nueva versión del gobierno manifestada en agosto de 2019 habla de 459.000, el 67% de todas las hectáreas entregadas al Fondo. Sin embargo formalmente éste no existe, pues no se han realizado entrega de tierras a campesinos ni tiene un presupuesto asignado durante el actual Gobierno ni funcionarios responsables del cumplimiento de este acuerdo.

La formalización de siete millones de hectáreas: Según el anterior gobierno fueron formalizadas 1’470.000 hectáreas, de la meta de 7 millones que se tiene para los próximos 10 años. De aquellas hasta ahora se han entregado 3.220 títulos de propiedad a igual número de familias campesinas que llevaban décadas esperando la legalización de sus tierras. Así mismo, en la cifra de predios formalizados se cuentan 1.065 títulos entregados por la Agencia Nacional de Tierras a familias que abandonaron los cultivos de coca. De la formalización también hace parte la adjudicación de 22.483 de tierras baldías. Durante el gobierno Duque la Agencia informó el 12 de agosto del 2018 que se había formalizado 32.455 hectáreas en favor de mujeres campesinas y 6.220 hectáreas de familias que abandonaron el cultivo de coca en 1.008 títulos. La directora de la ANT manifestó que el gobierno Duque ha formalizado 247.916 hectáreas a comunidades étnicas, en su mayoría a indígenas, de un total de 331.932 hectáreas, durante el primer año de gobierno, apenas un 4.7% de la meta de los acuerdos de paz. Hasta el momento no ha habido entregas masivas de títulos a poseedores, por lo que no se ha podido constatar la información del Gobierno.

Catastro multipropósito participativo. Cuenta con un documento Conpes del DNP, no tiene marco legal puesto que el proyecto de ley de Santos se hundió y el Gobierno Duque no presentó un nuevo proyecto. Se han realizado dos pilotos, financiados con un empréstito del Banco Mundial, en Ovejas, Sucre y en Puerto Leguízamo, Putumayo. Los pilotos financiados con empréstitos no han podido mostrar resultados concretos y son considerados como experiencias fallidas por los expertos consultados. Duque tramitó créditos ante la banca internacional por más de 100 millones de dólares, que deben empezara a ser ejecutados a partir de finales de 2.019

PDETs. Están listos Trece Planes de Acción para la Transformación Regional, formulados con participación de las comunidades. Pero no hay financiamiento para su implementación. Y el gobierno acaba de anunciar la estrategia “Zonas Futuro” para intervenir las regiones con mayor presencia de cultivos de coca, las cuales acelerarían la implementación de aquellos Planes. Sin embargo no se conoce la ruta de financiamiento.

Zonificación Ambiental. Hasta el momento se realizaron pilotos para la elaboración de la metodología de participación en la zonificación de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) del Guaviare, Perijá Norte y Balboa. El Ministerio del Medio Ambiente está elaborando una zonificación ambiental oficial que no tuvo en cuenta esta metodología. A su vez la propuesta de cierre de la frontera agrícola no corresponde con el ordenamiento actual con la presencia de comunidades campesinas, y no resuelve los conflictos territoriales y traslapes de figuras de ordenamiento. Por ejemplo, una parte considerable de las Zonas de reserva campesina quedó por fuera de la frontera agrícola.

«Los campesinos cumplieron con el PAI, que en la práctica entró a sustituir los Pisda contemplados en el Programa inicial. Arrancaron su sustento derivado de las matas de coca, pero el gobierno ni siquiera cumplió con la totalidad de los seis pagos de 2 millones que se ofrecieron por hacerlo. Obviamente tampoco cumplieron con el componente de seguridad alimentaria, ni mucho menos con los proyectos productivos de corto y mediano plazo.”

Zonas de Reserva Campesina. En la práctica fueron proscritas por el actual gobierno. Están listas seis para ser constituidas formalmente por el Consejo Directivo de la Agencia nacional de Tierras, pero ni siquiera Santos cumplió la ley 160 del 1994, los compromisos de los paros campesinos y los acuerdos de paz en esta materia. Y el actual Gobierno a través de la Car y la alcaldía de Bogotá (Peñalosa), sabotearon la constitución de la ZRC del Sumapaz, argumentando el proceso de delimitación y la ley de páramos.

Sustitución de cultivos de coca. Incumplimiento de los Planes de Atención Inmediata (PAI). Las 130.000 familias que firmaron acuerdos colectivos durante el gobierno del presidente Santos y las 99.000 familias vinculadas al PNIS quedaron en el limbo en el actual Gobierno de Duque. Los campesinos cumplieron con el PAI, que en la práctica entró a sustituir los Pisda contemplados en el Programa inicial. Arrancaron su sustento derivado de las matas de coca, pero el gobierno ni siquiera cumplió con la totalidad de los seis pagos de 2 millones que se ofrecieron por hacerlo. Obviamente tampoco cumplieron con el componente de seguridad alimentaria, ni mucho menos con los proyectos productivos de corto y mediano plazo. En la práctica no se sustituyó a cabalidad ni una sola hectárea de coca como estaba contemplado en el Acuerdo de Paz. El fracaso llevó a la resiembra masiva y al aumento de las hectáreas de cultivos de coca en todo el país, unas 250.000 hectáreas, incluyendo las áreas protegidas para la conservación ambiental.

Las Zonas Futuro de Duque como estrategia que suplanta la sustitución de cultivos dentro del Acuerdo de Paz. El gobierno definió cinco Zonas Futuro que corresponden al 2.4% del territorio nacional, ubicadas en el Pacífico nariñense, el Catatumbo, el Bajo Cauca y Sur de Córdoba, Arauca, el Chiribiquete y los Parques Nacionales Naturales aledaños. Son concebidas por el gobierno Duque como zonas estratégicas de intervención integral. La pretensión gubernamental bastante ambiciosa y ambigua busca al mismo tiempo proteger el 38% de los Parques Nacionales Naturales: 5.433.772 hectáreas; intervenir directamente el 32% de las hectáreas sembradas con coca (Simchi 2017); ubicar dichas zonas en las regiones donde está el 56% de las hectáreas de cultivos de coca del país; afectar la producción de 41% de pasta básica de coca; proteger la población: 45% de asesinatos de líderes sociales son en los departamentos donde están las Zonas Futuro; y detener la deforestación: 40% de la deforestación de Parques Naturales Nacionales están en las Zonas Futuro. Al analizar la propuesta es evidente que se busca burlar el Acuerdo de Paz con una nueva estrategia publicitaria sin una ruta clara de financiamiento y sin responsables institucionales definidos. Una nueva improvisación y aventura institucional que terminará haciendo énfasis en las acciones represivas de sector defensa.

El futuro de la guerra y las soberanías locales. El incumplimiento del Acuerdo de Paz así como de los compromisos asumidos en los paros y mingas de campesinos, indígenas y afros, dejan abierto e irresuelto el problema de la tierra, la cuestión agraria, la justicia y la inclusión de los territorios y las regiones del país, en un contexto de modelo extractivo y de cambio climático. La exclusión, la ausencia de derechos económicos sociales, económicos, ambientales y culturales, la impunidad y la burla a lo acordado, abren una nueva espiral de violencia que ya se refleja en los centenares de líderes sociales asesinados, el auge de la criminalidad y el fortalecimiento de las guerrillas. En las periferias sobrevendrá un modelo de soberanías locales enfrentadas a la centralidad del Estado, las cuales estarían ligadas a la corrupción, la mafia del narcotráfico y la insurgencia armada. Sin proyecto de Estado social, incluyente, sin derechos, sin ética, el destino cercano de Colombia parece ser la corrupción y la guerra, la ley del monte y la soledad perpetua.


103. Las Farc pasaron del acercamiento táctico a la paz a un enfoque estratégico sobre la misma, lo cual implicaba iniciar las negociaciones con una guerrilla dividida ya sobre el objetivo. Y de la aspiración a una reforma agraria profunda se pasó a una parcial llamada la reforma rural integral complementada con planes sectoriales nacionales y una estrategia de sustitución de los cultivos de coca cimentada en un enfoque de derechos campesinos que en el papel dejaba atrás en el enfoque represivo de la lucha contra las drogas, y basada en las propuestas de la organizaciones sociales y campesinas, todo a partir de una negociación dada en un marco de aislamiento, secretismo y participación parcial, condiciones impuestas por el Gobierno Santos.