Ni verdad ni justicia

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Los ataques del Gobierno Duque al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de no Repetición. ¿Y las víctimas qué?

Tanto el Ejecutivo en cabeza del presidente Iván Duque Márquez como algunos sectores del poder legislativo ligados al partido de gobierno y a la Rama Judicial, en particular la Fiscalía General, han venido profundizando los ataques sistemáticos al Sivvjrnr, afectando los derechos de las víctimas y generando inseguridad jurídica para más de 11.805 personas que se han comprometido a comparecer al sistema y garantizar sus derechos.

Dichos ataques han tenido como objetivo no solo afectar la legitimidad y credibilidad de estas instituciones encargadas de materializar la centralidad de las víctimas establecidas en el Acuerdo de Paz, sino buscar debilitar su funcionamiento con el recorte a su presupuesto, el impulso a políticas y normas para limitar el derecho a la verdad y la reparación integral a las víctimas y las posibilidades de cumplir con los compromisos alcanzados en el Acuerdo de Paz del 2016 con la ex guerrilla de las FARC hoy convertido el partido político legal.

En relación con la JEP los ataques se han centrado en varios frentes: La crítica pública a sus fallos por parte del presidente Iván Duque Márquez;77 y las objeciones a la ley estatutaria que retardaron la culminación de su marco normativo, la cual y luego de varias semanas de debates públicos y exhortaciones de organismos internacionales y de la Corte Constitucional Colombiana fue finalmente sancionada.78 Pero no solo el Ejecutivo se ha empeñado en esta tarea, sino que ha contado con la participación de la Fiscalía General en cabeza de Néstor Humberto Martínez Neira, ex Fiscal General de la Nación, quien desde el primer semestre de 2018 intervino ante el Congreso de la República para impedir la promulgación de la Ley Estatutaria de la JEP y posteriormente hizo pronunciamientos contra su sanción presidencial.79 A lo anterior se suma la retención de información de investigaciones de competencia de la JEP, y el cumplimiento de sus mensajes intimidatorios presentados en varios medios de comunicación sobre el inicio de investigaciones contra esta jurisdicción,80 que se concretó en la judicialización contra una funcionaria directiva y dos defensores de derechos humanos vinculados como contratistas de la Secretaría Ejecutiva de la JEP, encargados de diseñar, poner en marcha y dirigir el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) para comparecientes, pactado en el Acuerdo de Paz y reglamentado en el Decreto 1166 de 2018.

Luego, y bajo la excusa de realizar labores en el marco de la investigación citada, la Fiscalía General ejecutó graves atentados a la independencia judicial de la JEP allanando su sede, intimidando funcionarios y violando la reserva judicial mediante la copia de información correspondiente al Caso 001 adelantado por la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad contra 32 ex comandantes de las Farc-ep 81 injerencia que tuvo el respaldo del presidente Iván Duque a pesar del rechazo de la presidenta de la JEP, la Misión de Verificación de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia y las ONGs de derechos humanos.

En el Congreso de la República el partido de gobierno se ha destacado en promover reformas contra el Acto Legislativo 01 que creó el Sivjrnr, tales como la creación de una jurisdicción especial para la Fuerza Pública, iniciativa que se hundió en la legislatura pasada y que fue presentada por segunda vez en el nuevo periodo de sesiones que inició el pasado 20 de julio.82 Adicionalmente y con el argumento de “daños irreparables a la seguridad y defensa del Estado”, radicaron una iniciativa con el propósito de evitar que la JEP y la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UPBD) pudieran acceder a información militar de carácter reservado, con el agravante de que en la exposición de motivos del mencionado proyecto se hicieron fuertes señalamientos contra los comisionados, acusando a algunos de ellos de la “aquiescencia con algunos de los más macabros hechos ejecutados por las guerrillas y con algunas de sus ideologías; lo cual hace que se cree un manto de dudas sobre la utilización que se pueda derivar de la información a la cual puedan acceder”, y por tanto su falta de garantía para la reserva.83

“El silencio y la falta de respaldo a la labor de la Comisión de la Verdad se hizo evidente con la ausencia del Presidente Duque, su Vicepresidenta y la de sus Consejeros Presidenciales en el acto de instalación realizado el 28 de noviembre del 2018 a la que asistieron más de dos mil personas”.

El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad manifestó su enfático rechazo tildándolo como “falso, injusto y vulnerador de nuestra ética”, reiterando que la Comisión no hace política sino que lucha contra las mentiras, los silencios y los miedos, porque sobre estos “no se pueden cimentar la verdad, ni la paz, ni el Estado de Derecho”. 84 El proyecto fue retirado por su ponente, pero generó un daño con la estigmatización que se materializa en la desconfianza que se instaló para debilitar la credibilidad de una institución con la tarea de esclarecer la verdad sobre las responsabilidades de todos los actores que en el marco del conflicto cometieron graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario, incluyendo las responsabilidades del Estado, Fuerzas Militares, Policiales y de Inteligencia, así como sectores políticos y gremios económicos. El silencio y la falta de respaldo a la labor de la Comisión de la Verdad se hizo evidente con la ausencia del Presidente Duque, su Vicepresidenta y la de sus consejeros presidenciales en el acto de instalación realizado el 28 de noviembre del 2018 a la que asistieron más de dos mil personas. 85

La estrategia de debilitamiento de las instituciones que componen el Sivjrnr y se encuentran en la fase inicial de funcionamiento, se profundiza con los anuncios de reducción para el año 2020 del presupuesto en aproximadamente 30%, el cual pasaría de $ 90 mil millones a $67 mil millones, lo que afectaría en la JEP la atención de las víctimas en las regiones y las investigaciones contra los máximos responsables de los graves crímenes perpetrados. Respecto a la UPBD tendría un fuerte impacto en el despliegue territorial y podría obligar a reducir la presencia en ese campo, tal y como lo manifestó su directora, Luz Marina Monzón: “La búsqueda de personas no se hace en Bogotá, en un país como Colombia que tiene más de ochenta mil personas desaparecidas,”86 y para la Comisión de la Verdad representaría la imposibilidad de continuar en el año 2020 “con las Casas Regionales de la Verdad, que son sustanciales para las víctimas y que garantizan que todo este esfuerzo por la verdad se haga desde los territorios.”87

La falta de garantía de las víctimas para la satisfacción de sus derechos a un año del Gobierno Duque se cierra con la ausencia de reformas necesarias para ampliar el universo de víctimas reparadas, la reducción de las metas, la disminución del presupuesto y el cambio del enfoque diferencial de atención integral. En efecto, este gobierno no ha aprobado la reforma a la Ley de víctimas -Ley 1448 de 2011- como lo ordena el Punto 5 y 6.1.9 del Acuerdo de Paz, que incluye la reapertura del Registro Único de Víctimas para facilitar la articulación de este componente del Sivjrnr con la CEV, la JEP y la UBPD, así como la ampliación de su vigencia para lograr la reparación de todas las víctimas registradas.

Por su parte el Plan Nacional de Desarrollo contiene retrocesos en materia de reparación a las víctimas. En relación con la restitución de tierras no hay presupuestos específicos y desagregados en materia de víctimas para viabilizarla, ni tampoco se presentan metas específicas en materia de restitución. Por ejemplo, no dispone presupuesto para la descongestión en las instituciones judiciales encargadas del tema; sólo se presenta la meta de formalizar 25.000 predios al finalizar el Gobierno, pero sin definir las estrategias o perfiles de los beneficiarios de estas medidas. Esto ocurre mientras en el Congreso de la República la bancada de gobierno promueve proyectos de Ley regresivos respecto de los derechos de las víctimas en materia de restitución de tierras. A lo anterior se suma la negativa de prorrogar la ley de víctimas y restitución de tierras. Una rápida lectura de las cifras en esta materia muestra lo lejos que aún está el país en su objetivo de resarcir a las víctimas. Se calcula que fueron seis millones de hectáreas de tierras despojadas y a la fecha solo existen órdenes de restitución respecto de 349.000 hectáreas que representan menos del 10%. A pesar del enorme desafío el Plan Nacional de Desarrollo no contempla una ruta para impulsar medidas para acelerar dicha restitución, ni cumplir con las órdenes judiciales que ordenaron procesos al respecto;88 a lo cual se suma la presentación de iniciativas legislativas contrarias a dicho proceso.

En cuanto a la reparación colectiva sólo se ha alcanzado la implementación completa en tres casos de los 598 sujetos de este tipo de reparación reconocidos por el Estado. El PND recorta las metas en esta materia y define alcanzar la reparación de tan sólo 140 de los sujetos colectivos reconocidos. Y en materia de reparación administrativa el Plan busca alcanzar un total de 310.000 víctimas, cifra que significa menos de la mitad de lo avanzado durante el gobierno Santos (724.058 víctimas reparadas), con lo cual se llegaría a 1.227.481 víctimas reparadas para el año 2021, cifra preocupante respecto del total de ocho millones de víctimas registradas hasta ahora, y si se tiene en cuenta que sin la reforma de la Ley de Víctimas su vigencia expiraría en el año 2021.

“En lugar de plantear reformas y políticas a mediano y largo plazo para la superación de las condiciones estructurales de desigualdad de las víctimas, que permitirán generar las condiciones para avanzar en una paz estable y duradera, el PND no desarrolla ninguna política que facilite el acceso de las víctimas a la vivienda, retorno o reubicación, salud, trabajo o educación.”

En lugar de plantear reformas y políticas a mediano y largo plazo para la superación de las condiciones estructurales de desigualdad de las víctimas, que permitirán generar las condiciones para avanzar en una paz estable y duradera, el PND no desarrolla ninguna política que facilite el acceso de las víctimas a la vivienda, retorno o reubicación, salud, trabajo o educación. La política del Presidente Duque pretende cambiar el perfil del Sistema Nacional de Atención a las Víctimas -Snariv- delegando la asistencia y atención humanitaria a entidades encargadas de implementar la política social, de modo que se equipara la reparación a cualquier política pública de asistencia a poblaciones vulnerables como los adultos mayores, habitantes de calle u otros, con lo que se prioriza la eficiencia del gasto del Estado por encima de la dignidad de las víctimas y su reparación con enfoque diferencial.

Otros casos de repercusión nociva sobre los derechos de las víctimas fueron la presión para extraditar a Jesús Santrich; el nombramiento en la cúpula militar de varios oficiales cuestionados por su presunta responsabilidad en el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales conocido como los falsos positivos; y el nombramiento de personas que desconocen la existencia del conflicto armado y la responsabilidad estatal en graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH en las direcciones del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional y el Museo Nacional, los dos primeros analizados en otros artículos de este balance.

Con la presión excesiva del presidente Iván Duque para llevar a cabo la extradición de Jesús Santrich, se quería abrir la puerta para futuras extradiciones de comparecientes ante el Sivjrnr. Del mismo modo que ocurrió en el pasado cuando se vio afectada la aplicación de la Ley de Justicia y Paz por la extradición de jefes paramilitares, una decisión de esta naturaleza podría afectar los procesos judiciales y extrajudiciales de rendición de cuentas, esclarecimiento de la verdad sobre los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por todos los actores del conflicto y la violencia sociopolítica, y la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. Justamente debido a la afectación que produce en los derechos de las víctimas, desde el 2009 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha limitado algunas órdenes de extradición de quienes están compareciendo ante la justicia transicional. 89

En cuanto al nombramiento de al menos nueve generales de la actual cúpula del Ejército que estarían implicados en episodios de graves violaciones de los derechos humanos como las ejecuciones extrajudiciales de civiles a quienes presentaron como abatidos en combate,90 estamos ante una decisión que va en contra de la obligación de efectuar ajustes institucionales que procuren la no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos en el futuro.

Finalmente, los reiterados anuncios del presidente Iván Duque sobre su compromiso de realizar reformas que cambiarían el sentido a las instituciones del Sivjrnr, y en especial para debilitar a la JEP, hacen parte del arsenal en contra de los derechos de las víctimas. Uno de estos intentos fue el proyecto de acto legislativo número 024 de 2018 por medio del cual se buscaba la transformación de la estructura de dicha jurisdicción, estableciendo beneficios adicionales y la creación de Salas Especiales para miembros de la Fuerza Pública.

El mensaje que el Presidente envía a la sociedad sugiere que no es su prioridad fortalecer el modelo de justicia transicional que el país ha elegido para abordar la rendición de cuentas por los hechos de violencia del pasado, y por lo tanto no se siente obligado a cumplir con los compromisos acordados para materializar los derechos de las víctimas. Más grave aún ha sido el apoyo que su partido ha brindado a la iniciativa de un grupo de ciudadanos de promover un plebiscito con el propósito de derogar las instituciones de justicia, entre ellas la JEP.

El camino que ha tomado el presidente Iván Duque es equivocado. Aún está a tiempo de reconducir su mandato y adoptar un papel que apueste por la dignificación de las víctimas del conflicto y la violencia sociopolítica sin distinción alguna. Si prioriza los derechos de las víctimas debería empezar por brindar garantías a las instituciones creadas por la justicia transicional, y dejar que actúen con independencia y autonomía.


77 https://www.elespectador.com/noticias/politica/duque-convoca-partidos-para-que-acompanen-reformas-la-jep-articulo-860901
78 https://www.semana.com/nacion/articulo/seis-objeciones-a-la-ley-estatutaria-de-la-jep-explicadas-a-profundidad/604981
79 https://www.rcnradio.com/recomendado-del-editor/nestor-humberto-martinez-y-sus-desencuentros-con-la-jep
80 https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/los-cinco-escandalos-que-ha-tenido-que-afrontar-la-jurisdiccion-especial-2779003 Se trató de Martha Lucía Zamora Ávila, ex Secretaria Ejecutiva (E) y directora administrativa de la JEP, y de July Henríquez y Ver, http://ccajar.net/?Exigimos-investigacion-imparcial-en-el-caso-de-los-defensores-July-Henriquez-y
81 https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Declaración-de-la-Presidenta-de-la-JEP-sobre-indebida-intromisión-de-la-Fiscal%C3%ADa.aspx
82 Ver en https://www.elespectador.com/noticias/politica/uribismo-insiste-en-crear-una-sala-especial-para-militares-en-la-jep-articulo-873624
83 Proyecto de Acto Legislativo 087 del 2018
84 Ver en: https://www.elespectador.com/colombia2020/politica/proyecto-contra-la-verdad-inicio-su-tramite-articulo-857261
85 Ver en: https://www.las2orillas.co/el-gobierno-duque-deja-metida-la-comision-de-la-verdad/
86 Ver en: https://www.las2orillas.co/comunidad-internacional-intenta-rescatar-la-paz/
87 Ver en: https://www.eltiempo.com/justicia/jep-colombia/como-afectaria-un-menor-presupuesto-a-la-justicia-transicional-385852
88 Bautista, Ana. “Las víctimas en el Plan Nacional de Desarrollo”. Dejusticia. 2019. Disponible en: https://www.dejusticia.org/column/las-victimas-en-el-plan-nacional-de-desarrollo/
89 Verdad Abierta. “Corte Suprema frena extradición de paras”, 2009. Disponible en: https://bit.ly/2JbGxMP.
90 Human Rights Watch. “Colombia: Nuevos comandantes del Ejército estarían vinculados con falsos positivos”, 2019. Disponible en: https://www.hrw.org/es/news/2019/02/27/colombia-nuevos-comandantes-del-ejercito-estarian-vinculados-con-falsos-positivos