Un año de disputa por la paz

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Iván Duque nunca aceptó el Acuerdo de Paz ni lo reconoció como un compromiso de Estado. Por el contrario ha intentado hacerle un esguince insistiendo que se trata de un acuerdo del gobierno anterior, y por ello no lo consideró como parte sustancial del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo que presentó al Congreso.

Incluso una parte de los partidarios del gobierno dicen que no lo cumplirán debido al triunfo del NO en el plebiscito de octubre de 2016 y al triunfo del candidato del Centro Democrático con el apoyo de la coalición del NO en las elecciones presidenciales en junio de 2018. De manera específica rechazan con vehemencia algunos puntos del Acuerdo como la Justicia Especial para la Paz, la formalización y distribución de tierras y las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.

Al inicio de la nueva legislatura el partido del Presidente Duque presentó varias iniciativas dirigidas a reformar sustancialmente la JEP con la creación de una sala especial para integrantes de la fuerza pública y sistema de libertades no ligados a compromisos de verdad y reparación; más otras dirigidas a cerrar las posibilidades de negociación política a futuro, limitando las facultades del gobierno para llegar a acuerdos de paz, o a mantener la tenencia de la tierra de grandes latifundistas limitando las posibilidades de restitución de tierras y ampliando las gabelas para la formalización de grandes predios rurales.

Renombró la construcción de paz como estabilización, subordinando las políticas de paz territorial a la definición de zonas y programas de intervención integral con un enfoque de seguridad centrado en la presencia de la fuerza pública. Y para hacerlo incluso retornó a la negación de la existencia del conflicto armado, y con ello intenta de forma retórica reducir el Acuerdo de Paz a un acuerdo de desarme y reincorporación de las FARC, dejando de lado en todos los discursos la inmensa mayoría de los compromisos del Acuerdo mismo.

Reestructuró y dio un nuevo enfoque y funciones a las principales instituciones para la construcción de la paz, como la Oficina del Alto Comisionado de Paz, la Alta Consejería para el Postconflicto -ahora para la estabilización-, la Agencia de Renovación del Territorio, etc.

Manejó un doble discurso. De un lado asegura que se está cumpliendo el Acuerdo de Paz, pero de otro intenta imponer una agenda diferente de Reforma Rural Integral, sustitución de cultivos, atención de víctimas. Así, Iván Duque resignifica las obligaciones del Acuerdo alegando que cuenta con un amplio margen de actuación, deshaciendo los dispositivos previstos
en este y creando nuevos como el Plan de Acción Oportuna en materia de garantías y protección de líderes sociales.

Buscó con resultados parciales forzar un cambio en las prioridades de la cooperación después del amplio apoyo internacional conseguido por el Acuerdo de Paz y de los importantes fondos destinados por la cooperación, incluso en temas que no han sido parte de su agenda como cambio climático.

Frenó la implementación normativa del Acuerdo de Paz no solo porque dejó de impulsar los proyectos que ya estaban en trámite, sino que no presentó ningún proyecto de ley al Congreso dirigido a la implementación de aquel. Sin embargo, anunció una agenda de implementación normativa de trece normas, ocho proyectos de ley y cinco decretos reglamentarios, varios de ellos previstos en el Acuerdo de Paz y algunos no relacionados e incluso en contravía del mismo.

No aseguró los recursos para la implementación del Acuerdo de Paz. De los 37 billones previstos para este cuatrienio más de una tercera parte son inciertos; pero sobre todo, los recursos que dicen estar destinados para dicho Acuerdo, lo son para programas sociales generales del Estado; y a las principales instituciones creadas por aquel le están reduciendo los recursos, como al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición y a la Agencia de Renovación del Territorio, y no ha especificado los recursos para los Planes de Desarrollo Territorial ni para el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y Desarrollo Alternativo.

Dejó de lado los dispositivos previstos para el seguimiento y verificación del Acuerdo de Paz, así como los mecanismos de participación creados por éste, e incluso está empeñado en reformar el Sistema Integrado de Información para el Post-conflicto, desconocer el Plan Marco de Implementación y no acudir ni escuchar a verificadores internacionales como Felipe González y Pepe Mujica, entre otros.

Con todas estas conductas el Gobierno Nacional no sólo ha generado incertidumbre y desgaste político sino que está desaprovechando una gran oportunidad para darle un impulso modernizador al país en varias áreas cruciales como lo rural, la política, el narcotráfico y la atención de los millones de víctimas.

Aun así Iván Duque no termina por lograr su cometido de volver trizas y dejar de lado el Acuerdo de Paz porque una parte de la institucionalidad, las organizaciones sociales, parlamentarios pro-paz, la academia, la comunidad internacional y la ciudadanía han acompañado la defensa de éste.

La Corte Constitucional en varias decisiones ha reafirmado que el Acuerdo de Paz es una política de Estado que obliga al Gobierno Nacional, como por ejemplo en el auto sobre las limitaciones a la fumigación con glifosato. Y en el trámite del Plan Nacional de Desarrollo se presentó tal debate político que el gobierno se vio obligado a hacer explícitos algunos temas previstos en dicho Acuerdo, y a especificar los recursos para su implementación. Una inmensa mayoría en Cámara de Representantes y en el Senado negó las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP. Esto significa que el Gobierno por el momento no cuenta con mayorías en el Congreso para introducir cambios constitucionales y legales al Acuerdo de Paz.

“Nadie serio en materia política y académica se compra la idea de que en Colombia no ha habido un conflicto armado, y por tanto el enfoque y medidas contenidas en la política de defensa y seguridad están desfasadas y fuera de toda proporción. El enfoque de Paz con legalidad y estabilización territorial no logra articular el Acuerdo de Paz ni permite asumir los retos del post-acuerdo en los territorios, e incluso el Gobierno ha tenido que empezar a retomar instrumentos y espacios previstos en el Acuerdo.”

Nadie serio en materia política y académica se compra la idea de que en Colombia no ha habido un conflicto armado, y por tanto el enfoque y medidas contenidas en la política de defensa y seguridad están desfasadas y fuera de toda proporción. El enfoque de Paz con legalidad y estabilización territorial no logra articular el Acuerdo de Paz ni permite asumir los retos del post-acuerdo en los territorios, e incluso el Gobierno ha tenido que empezar a retomar instrumentos y espacios previstos en el Acuerdo. Seguramente con la elección de autoridades locales en octubre de este año la agenda de paz gane más espacio, y por ende los caminos de la implementación se dirijan especialmente a la puesta en marcha de los múltiples dispositivos de paz territorial.

La Política de Defensa y Seguridad ha sido sometida a riguroso escrutinio público, y no parece que le sea fácil al Gobierno reeditar los instrumentos de la antigua política de seguridad democrática, pues a nivel internacional y nacional encuentra cuestionamientos muy fuertes que le han bloqueado hasta el momento varias medidas. Y a esto se suman los graves hallazgos de corrupción en la fuerza pública.

Varios partidos han tomado la iniciativa de llevar proyectos de ley que desarrollen el Acuerdo de Paz, lo que sin duda obligará al Gobierno y sus bancadas a expresarse y tomar postura sobre estos temas. La iniciativa en relación con el tema no es exclusiva del Centro Democrático, y ahora varias bancadas están convocando a una mesa multipartidista para acordar los proyectos de ley que ayuden a impulsar la implementación del acuerdo. Y además los compromisos en materia de financiación de la implementación de aquél están siendo monitoreados en detalle en el Congreso por la bancada de partidos pro-paz y son reclamados por autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil, y esto dificulta la pretendida desfinanciación de la construcción de paz.

La presión de las organizaciones de la sociedad civil, los reportes del sistema de seguimiento y verificación del Acuerdo, las preguntas de la comunidad internacional, los debates de control político, el proceso de articulación de las instancias creadas por el Acuerdo y la reanimación de la movilización por la paz han permitido reabrir unos espacios de participación previstos en este, lo que ayudará al impulso de algunas muy importantes medidas y políticas, como el pacto por la cultura política y la no violencia en la campaña electoral, las políticas públicas de garantías para la defensa de los derechos humanos, reconciliación y convivencia, el desmantelamiento de las organizaciones paramilitares, entre otras; y el plan nacional de acción en derechos humanos.

En este primer año el gobierno de Iván Duque no ha contado con las mayorías en el Congreso y en la opinión pública para volver trizas los acuerdos; por el contrario se ha logrado retomar la movilización por la vida y por la paz, la mayoría de los ciudadanos se manifiestan a favor de la salida política negociada y el cumplimiento del Acuerdo de Paz, se han mantenido mayorías políticas pro-paz en el Congreso, se ha conservado el inmenso apoyo de la comunidad internacional, y a pesar de toda la adversidad han comenzado a funcionar las instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

De esta disputa por mantener la paz en la agenda política del país el resultado más importante y esperanzador ha sido el surgimiento y consolidación de “Defendamos la Paz”, una confluencia plural de organizaciones sociales, políticas y personalidades de la academia, el arte y el periodismo, que trabajan para garantizar la exitosa y plena implementación del Acuerdo Final; para proteger a la Jurisdicción Especial para la Paz y al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición; para que se acaben los asesinatos de líderes sociales, y para que se mantenga abierta la vía del diálogo como única opción posible para poner punto final a la violencia.