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La participación ciudadana en el Gobierno de Iván Duque

Durante su campaña presidencial el candidato Iván Duque siempre se mostró como un futuro mandatario conciliador y dispuesto al diálogo para unir a la sociedad colombiana en medio de la profunda polarización que el país experimentaba en esa coyuntura. No obstante, luego de un año de gobierno, lo que se advierte es que la retórica presidencial en torno al diálogo y la construcción de La participación ciudadana en el Gobierno de Iván Duque pactos no se ha materializado en apuestas concretas y en hechos convincentes que demuestren un verdadero interés en la promoción de la participación. El saldo que deja este primer año de gobierno es un muy bajo nivel de compromiso con el fortalecimiento de la democracia participativa como base de las relaciones entre el Estado y los distintos sectores de la sociedad colombiana.

El discurso políticamente correcto

El programa de gobierno de Iván Duque para la campaña presidencial de 2018 contenía 203 propuestas en un documento de 52 páginas, de las cuales solamente una de ellas, la última, hacía referencia parcial a una apuesta en favor de la participación ciudadana, con base en realizar semanalmente los “Talleres Construyendo País”, así como implementar un sistema de seguimiento a los compromisos suscritos en esos escenarios, y fomentar los presupuestos participativos para proyectos que tuvieran relación con el desarrollo comunitario.

A partir de estas ideas generales el presidente electo presentó en las bases del Plan Desarrollo algunas apuestas sobre participación ciudadana, incluidas en el denominado Pacto por la Legalidad, con tres objetivos generales: La formulación de una política para promover la inclusión y la participación ciudadana; la creación de protocolos de diálogo social e intercultural; e implementar y fortalecer la política de libertad religiosa y de cultos.

Sin embargo, el articulado del Plan no contiene una apuesta contundente para la promoción y el afianzamiento de procesos participativos. El tema fue incluido como la quinta línea del Pacto por la legalidad “Seguridad efectiva”, y su asignación presupuestal apenas llega al 0,6% de los COP$1.096 billones definidos en el esquema de inversiones. Además, solo quedó consignado el tercer objetivo referido a las garantías de libertad religiosa y de cultos, seguramente como contrapartida al respaldo que tuvo su campaña presidencial por parte de algunas de las iglesias cristianas más representativas del país.

No es un hecho menor que en el articulado del PND no figure alguna mención hacia las iniciativas y los principios teóricos participativos a los que se refirió en su campaña. Más bien es una muestra intencionada de que el gobierno en vez de optar por la definición de una hoja de ruta que oriente un conjunto de pactos inclusivos para reducir la polarización y la conflictividad social en el territorio nacional, optó por suprimir cualquier iniciativa de participación ciudadana que pretenda consolidar un verdadero Pacto por Colombia.

Las iniciativas consignadas en la Bases del Plan, que parecían vislumbrar una oportunidad política para replantear y fortalecer los canales y espacios de participación ciudadana, establecer el diálogo social y la tramitación pacífica de conflictos como el elemento fundamental para evitar la violencia y generar legitimidad institucional, quedaron sin lugar en el articulado, perdiendo en consecuencia su carácter vinculante.

Las contradicciones

A la hora de referirse al tema y de ganar puntos para aumentar su popularidad el presidente no ahorró esfuerzo alguno para ofrecer un discurso políticamente correcto y exhibirse tras una máscara de apariencia democrática. Sin embargo, en la práctica las acciones de gobierno van en contravía de su propio discurso: así lo evidencian las declaraciones de algunos de sus funcionarios ministeriales, por ejemplo en materia de protesta social, así como las propuestas y el propio comportamiento del partido de Gobierno en el Congreso.

Para la muestra, varios botones: Duque tiene la pretensión de implantar de nuevo en el país la idea del Estado Comunitario que promovió en su momento su padrino político, Álvaro Uribe Vélez. Basta señalar a ese respecto la propuesta estrella lanzada por Duque de revivir las redes de cooperantes, ahora llamadas redes de participación cívica, con el objetivo de vincular a la ciudadanía en la lucha contra la delincuencia, la prevención de situaciones potencialmente peligrosas, la corrupción y la fiscalización de los asuntos públicos. ¿Un renacimiento de las Convivir?

De otra parte, la propuesta de un gran pacto por la reconciliación en el país es excluyente, por decir lo menos, pues sobrepone los intereses de las élites empresariales y políticas a los de amplios sectores de la ciudadanía que claman por ser tenidos en cuenta en el diseño de las políticas públicas y en su ejecución. Lo que brilla por su ausencia en esa propuesta de pacto es la intención de fortalecer el tejido social, incluir a los excluidos, crear las condiciones para el diálogo entre diferentes, y promover escenarios de deliberación para discutir los grandes temas de la nación y de los territorios. La lucha contra la corrupción, la efectiva implementación del Acuerdo de Paz y la discusión sobre un modelo de desarrollo sostenible y equitativo no hacen parte de la agenda de acción del gobierno. En un país en el cual los grupos más pobres de la población han tenido que pagar con sus bienes y sus vidas las consecuencias del conflicto armado en varias regiones del país, el pacto que propone Duque es una alianza con el sector privado para otorgarles más y más beneficios, bajo el supuesto de que cualquier política de desarrollo pasa necesariamente por la iniciativa empresarial para la generación de empleo y de riqueza. ¿Y la gente qué?

“Lo que brilla por su ausencia en esa propuesta de pacto es la intención de fortalecer el tejido social, incluir a los excluidos, crear las condiciones para el diálogo entre diferentes, y promover escenarios de deliberación para discutir los grandes temas de la nación y de los territorios.”

El Presidente ha puesto en marcha los “Talleres Construyendo País”, una especie de “refrito” de los Consejos Comunales de Uribe. Según cifras de la Alta Consejería para las Regiones, a julio de 2019 se han llevado a cabo 34 Talleres en 26 departamentos del país. El primero fue en Girardot, Cundinamarca y el más reciente en Puerto Carreño. En estos espacios el gobierno tramitó ochocientos acuerdos, principalmente en temas de transporte, salud y educación. Aunque el gobierno se ha esforzado en señalar que son escenarios de democracia directa al poner en contacto a la población con el Presidente como máxima autoridad del Estado, la realidad es otra: son procesos selectivos, asimétricos y de una sola voz (la del gobierno), que desinstitucionalizan la participación ciudadana, cercenan la iniciativa de diferentes grupos sociales y fomentan el asistencialismo mediante prácticas corporativistas de negociación de intereses particulares, sin generar cambios estructurales en las condiciones de vida de las comunidades ni acciones de beneficio colectivo.

Y como si fuera poco, el gobierno ha retornado a la estrategia de estigmatizar la participación, en particular en su modalidad de movilización y protesta social. El primero en hacerlo fue el Ministro de Defensa con su idea de “regular” la movilización social, agregándole mayores condicionamientos a la libre expresión ciudadana. El propio Presidente Duque y su círculo cercano han generado mensajes desobligantes que pueden llegar a justificar la violencia contra los/as líderes/ as comunitarios/as. A ello se suma la complicidad silenciosa del gobierno nacional ante la andanada de discursos contra las otras ramas del poder público cuando toman decisiones contrarias a la ideología del partido de gobierno. Para completar, el país ha visto cómo de manera sistemática el partido de gobierno ha violado el Estatuto de la Oposición al cerrar las vías para la expresión y el derecho a la réplica de los partidos que están por fuera de la coalición oficialista.

Otras acciones del gobierno en la misma línea han sido su permanente intención de minimizar la institucionalidad en materia de justicia transicional y de torpedear buena parte de lo convenido con la firma del acuerdo firmado con las FARC. Tampoco reconoce el derecho de las víctimas a la participación política, ni sobre todo la idea vertebral en el Acuerdo de Paz de construir la paz con la participación de las comunidades, transformando las condiciones subjetivas y objetivas que han nutrido el conflicto armado; por el contrario, le ha superpuesto la perspectiva de control territorial como una segunda fase de la seguridad democrática.

El riesgo de transitar hacia el pasado

Colombia vive actualmente una situación de violencia creciente en medio de la polarización social, la amenaza y muerte de centenares de líderes y lideresas sociales, y la conflictividad territorial. Preocupa que ante ello el presidente se muestre como un mandatario sin capacidad de entender la realidad nacional, cuyo afán primordial es reencauchar la lógica uribista basada en la instrumentalización de los procesos participativos para legitimar decisiones de gobierno, así como la estigmatización de las expresiones contrarias al proyecto político gubernamental.

El presidente Duque aún está a tiempo de realizar un viraje en su apuesta política, dándole cabida a la participación efectiva de la ciudadanía, y al diálogo democrático como instrumentos de un pacto que fortalezca la gobernabilidad, la justicia y la democracia. El Plan Nacional de Desarrollo ordena la formulación de una política de participación ciudadana. Esta puede ser una oportunidad para fortalecer los procesos ciudadanos de interlocución con el gobierno en la mira de resolver de manera conjunta los grandes temas del país y sus regiones. Será necesario esperar el resultado.

Lo que sí es cierto es que se requiere un giro en esta materia y que de ello dependerá en parte que Colombia avance hacia la paz, la equidad y el desarrollo incluyente, o por el contrario que se profundicen la división y las tensiones existentes, y se intensifiquen el conflicto social y la violencia.