El retroceso de la democracia participativa

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La prohibición de las consultas populares ambientales

A finales del año 2018 la Corte Constitucional publicó la sentencia SU095-18, mediante la cual resolvió un amparo constitucional solicitado por una multinacional asiática contra la consulta popular de Cumaral, Meta. Allí ordenó dejar sin efecto la consulta realizada el pasado 4 de junio de 2017 que obtuvo 7.703 votos a favor de la vida y la naturaleza, y en contra del petróleo contaminante.

Para la Corte estas decisiones son trascendentales tanto para los municipios como para la Nación, y en su consideración la decisión al respecto es tan compleja que no se puede resolver con un sí o un no; a pesar de lo cual decidió prohibir este mecanismo de participación ciudadana, lo que ha servido de precedente judicial para que a nivel nacional las autoridades proclives a la minería y a la explotación petrolera realicen una interpretación más amplia al alcance del citado fallo judicial, arguyendo que aplica a las consultas populares de todos los municipios de Colombia; y que este fallo sirve para anular la expedición de acuerdos municipales en aras de salvaguardar el patrimonio ecológico y cultural, y que los jueces al no cumplir estrictamente esta interpretación estaría incursos en el delito de prevaricato.

Este año la Corte Constitucional se volvió a pronunciar respecto al artículo 33 de la Ley 136 de 1994, norma jurídica que ordenaba a los alcaldes municipales realizar una consulta popular cuando los proyectos mineros amenacen significativamente los usos del suelo o cambio de actividades tradicionales del municipio; y en la Sentencia C-053 de 2019 manifestó que la obligación de realizar consultas populares está en contra de la Constitución, porque existe otra norma jurídica que las señala apenas como una opción.

Jurídicamente los dos últimos pronunciamientos de la Corte Constitucional favorecen a la industria minero energética porque legalizan una práctica ilegítima en los territorios, al tiempo que no existen garantías para participar en la adjudicación de títulos mineros y bloques petroleros, pues se trata de algo que se decide en Bogotá D.C. y las empresas beneficiarias son celosas de su información y no están de acuerdo con las veedurías. La Corte exhortó al Congreso de la República para que en el menor tiempo posible expida una ley que regule los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, y éste no lo ha hecho, y su jurisprudencia tampoco ayuda a definir estos principios y su aplicación.

En el país la cultura jurídica se ha politizado hacia la derecha, y los postulados de la democracia directa consagrados en la Constitución de 1991 tienden a quedar en el papel porque las autoridades colombianas no desean aplicar los principios rectores, los jueces de la República temen incurrir en investigaciones penales por no acatar la interpretación de derechos fundamentales realizada por la Corte Constitucional, y se refuerza el enunciado de gobiernos anteriores de la confianza inversionista para saquear y destruir nuestros bienes comunes.

Tabla 7. Consultas populares municipales financiadas con recursos de la nación o Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Este mecanismo de participación ciudadana tiene su especial cariño en los pueblos que son excluidos de la toma de decisiones trascendentales en su territorio. Durante el año 2017 se realizaron estas consultas populares municipales y ambientales:
DepartamentoMunicipioFechaParticipaciónTotal de votos
CundinamarcaArbeláez9/07/201749%4.376
QuindíoPijao9/07/201744%2.673
CundinamarcaCabrera26/02/201744%1.506
TolimaCajamarca26/03/201739%6.296
SantanderJesús María17/09/201753%1.728
MetaCumaral4/06/201749%7.703
SantanderSucre1/10/201752%3.071
Estas consultas populares tenían la característica de ser opositoras a los proyectos minero energéticos en sus territorios, en Santander no se pudieron realizar las de los municipios de Onzaga, Carmen de Chucurí, San Vicente de Chucurí y los de la provincia de Vélez, por falta de financiación de la jornada electoral, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral iniciaron una cruzada leguleya para decir que los municipios deben con sus propios recursos financiar los mecanismos de participación ciudadana.

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil.