Entre la espada y la pared

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Violencia por prejuicio hacia personas Lgbti en Colombia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha adoptado el concepto de violencia por prejuicio como aquel que permite comprender la violencia contra las personas Lgbti como un fenómeno social que necesita de un contexto y de una complicidad, y no un hecho de violencia aislado. Así, esta entidad afirma: “Los actos de violencia contra personas Lgbti, comúnmente conocidos como crímenes de odio o actos homofóbicos o transfóbicos son mejor comprendidos bajo el amparo del concepto de violencia por prejuicio contra la percepción de sexualidad o identidades no normativas.”226

Por ende, las normas y sentencias que buscan proteger a estas personas representan un avance significativo pero insuficiente cuando faltan estrategias, disposiciones administrativas y pedagógicas, además de un interés por parte de los entes gubernamentales para su implementación. El desinterés del actual gobierno colombiano convive en la actualidad con la consolidación de movimientos político-religiosos fundamentalistas que utilizan la defensa de derechos como la libertad religiosa, como excusa para oponerse al reconocimiento y garantía de los derechos de las personas Lgbti, desconociendo los principios de universalidad e interdependencia de los derechos humanos.

En los últimos informes sobre el tema realizados por Caribe Afirmativo en los años 2018 y 2019,227 hemos venido insistiendo en un posible aumento de estas violencias como consecuencia de estos discursos de odio que convocan a la no garantía y retroceso de derechos para las personas Lgbti en el país. En junio de 2019 en el municipio de Turbaco, departamento de Bolívar, Claudia, una lideresa lesbiana que había sido víctima de violencia sexual y desplazamiento en el marco del conflicto armado, después de apoyar una jornada abierta para la prevención del VIH –sida, recibió amenazas por parte de grupos autodenominados “personas de bien”, quienes la amenazaron con quemarle su vivienda si no se desplazaba del municipio; y ante esta amenaza los vecinos la presionaron para que se fuera, lo cual pone en evidencia una acción que trasciende el ánimo particular de un victimario a una expresión legitimada por una sociedad prejuiciosa, donde más allá de las motivaciones subjetivas de los agresores se expresa un contexto social marcado por el resurgimiento de discursos y prácticas que legitiman la eliminación de las diferencias, la promulgación de discursos de odio de grupos anti-derechos, y proyectos político-religiosos que han entrado en disputas públicas ante las movilizaciones y visibilidad de los colectivos y organizaciones en el país.228 El atentar contra sus símbolos, acusar de “ideología de género” la lucha por los derechos y la igualdad material, se ha convertido en un accionar sistemático para reproducir e instaurar un discurso y prácticas de odio sustentadas en el libre derecho a la expresión, que ha inducido el incremento de prácticas como el hostigamiento, las amenazas y los crímenes hacia hombres y mujeres líderes/as Lgbti en los territorios.

“A pesar de los avances normativos en materia de protección de derechos a personas Lgbti en Colombia, estos parecieran insuficientes cuando las violencias hacia esta población siguen siendo una constante y un asunto invisibilizado y denegado durante el actual gobierno.”

A pesar de los avances normativos en materia de protección de derechos a personas Lgbti en Colombia, estos parecieran insuficientes cuando las violencias hacia esta población siguen siendo una constante y un asunto invisibilizado y denegado durante el actual gobierno. Una de las manifestaciones más significativas de ello, es la Política Pública Lgbti promulgada por el Decreto 762 de 2018, a la cual el gobierno de Iván Duque no ha dado cumplimiento: Su Plan de Acción debía estar construido seis meses después de la expedición del Decreto, pero este plazo no se cumplió; y aunque representantes del gobierno aseguran que está formulado, no fue construido de manera participativa con las organizaciones y personas pertenecientes al movimiento social Lgbti del país, ni ha sido socializado con el mismo.

Lo anterior se relaciona con que a inicios del año 2019 el Ministerio del Interior como encargado de la implementación de dicha Política Pública, designó a Nayid Abu Fager, reconocido activista cercano a los movimientos religiosos y crítico de los derechos de personas Lgbti, como Director de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio. Este contexto ha imposibilitado la implementación y ejecución de la Política Pública Lgbti, y mantiene la omisión de acciones de gobierno respecto de los múltiples casos de discriminación y exclusión de las personas con orientaciones sexuales, identidades y/o expresiones de género diversas del país.

De igual manera, a pesar de que desde el año 2015 durante el mandato del ex presidente Juan Manuel Santos se dio origen a la Mesa de Casos Urgentes bajo la coordinación del Ministerio del Interior, figura a través de la cual se tramitaban casos específicos de amenazas y tentativas de homicidio/feminicidio a personas Lgbti del país en articulación con diversas dependencias estatales, desde que tomó posesión la nueva administración presidencial ha estado estancada, pues no se le ha asignado presupuesto alguno ni se han destinado a las personas idóneas para encargarse de esto por parte del gobierno. Igualmente, el Plan Nacional de Desarrollo no contiene ningún presupuesto específico para la implementación de dicha Política Pública.

En resumen, en lo que va de este gobierno se ha presentado una serie de acciones y denegaciones que ponen en evidencia un desinterés frente a la prevención de violencias y la garantía de derechos consagrados en sentencias de la Corte Constitucional. Al respecto es importante destacar una serie de tensiones y contradicciones por parte del gobierno actual que aumentan el riesgo de violencias para personas Lgbti en el país.

1. Un obstáculo para avanzar en la investigación y prevención de estas violencias tiene que ver con la ausencia de escenarios y herramientas prácticas que permitan otorgar importancia y veracidad a estos crímenes; los cuales siguen siendo invisibilizados por los funcionarios responsables de esclarecer los hechos, quienes tienden a minimizar su impacto, a calificarlos como “pasionales” y a criminalizar a las víctimas.

2. Persiste la inaplicabilidad de la Política Pública e incluso las violencias de género, y las acciones de protección para las personas Lgbti fueron eliminadas del Plan de Desarrollo del gobierno actual ante presiones por parte del partido Colombia Justa y Libre, de filiación cristiana.

3. En el espacio institucional clave para la implementación de la Política Pública el gobierno ha nombrado a funcionarios que públicamente se reconocen como pertenecientes a grupos anti-derechos; lo que evidencia la falta de compromiso y por supuesto la animadversión frente al tema.

4. La violencia policial es una práctica recurrente dirigida sobre todo a personas trans que ejercen trabajo sexual, y en la actualidad después del desmonte de la directiva 006, esta institución no cuenta con un dispositivo de control y regulación de sus integrantes para garantizar el debido proceso y respeto a los derechos de las personas Lgbti.

5. El Ministerio del interior no activa rutas para hacer seguimiento a mandatos y sentencias emitidas por la Corte Constitucional, como la referida a la garantía de derechos de las personas trans en centros de reclusión, y la sentencia de cambio de sexo- género para éstas.

Frente a este escenario, consideramos vital la aplicación urgente de las acciones definidas en la política pública; hacer seguimiento a la figura de fiscales destacados para priorizar y hacer más efectiva la investigación penal en temas de violencia por prejuicio; activar rutas y acciones administrativas; y sobre todo reconocer el prejuicio internalizado en muchos de los representantes del gobierno actual.


226 Comisión Interamericana de derechos Humanos – CIDH (2015), pág. 45. En: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Violencia-PersonasLGBTI.pdf
227 Caribe Afirmativo (2018) Enterezas. Mejorando la respuesta a casos de violencia contra mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Barranquilla: Caribe Afirmativo; y (2019) Devenir en silencio. Contextualización de la violencia intrafamiliar hacia personas LGBT en el Caribe Colombiano.
228 Base datos de Caribe Afirmativo, 2019