Las mujeres, las mayores víctimas del Plan Nacional de Desarrollo

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María del Pilar somos todos

Cuando María del Pilar Hurtado y sus hijos llegaron desplazados a Tierralta, Córdoba, venían de lejos, desde Puerto Tejada en el Cauca, uno más de los municipios asolados por todas las violencias huracanadas que han asolado el campo colombiano y en especial a las mujeres campesinas.

Era mujer negra, campesina, madre cabeza de familia, joven. Cargaba además de sus pocos bártulos la segregación más pesada que cualquier habitante de este país soporta, porque las mujeres como ella son las más pobres y quienes sufren mayor desempleo e informalidad laboral, las más segregadas de esta sociedad.

Muchas de esas mujeres víctimas están atadas al círculo vicioso de la pobreza: ni ellas ni sus hijos ni sus nietos podrán salir de la pobreza en un país tan desigual como el nuestro.

El día que la mataron María del Pilar apareció en todas las pantallas de televisión y las emisoras, fue tendencia en todas las redes sociales, una historia más sobre lo difícil que es vivir y lo fácil que es morir para las mujeres rurales en Colombia, sobre todo si protestan o se organizan para defender sus derechos.

La difícil vida de las mujeres en Colombia

Las mujeres son el 51% de las personas en edad de trabajar en Colombia, pero sufren mayor desempleo, según el DANE, en 2018 llegó al 12,7%, 5,3 puntos por encima de los hombres. Más de 5 millones de mujeres son jefes de hogar, pero sólo el 60% de ellas está ocupada. Se emplean casi exclusivamente en las actividades económicas en donde hay mayor precariedad como servicios comunales y sociales (66,3% son mujeres), intermediación financiera (57,5% de participación femenina), comercio, hoteles y restaurantes (50,8% del total). Estos sectores económicos feminizados son los de mayor tasa de informalidad (43,2%, 18,2% y 78,3% respectivamente). Además el 64% de trabajadores familiares sin remuneración son mujeres.

En 2017 la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres fue de 17,6 puntos. Las mujeres colombianas ganaron el 82,4% del salario de los hombres. En promedio, el salario de los hombres fue de $1.096.560 y el de las mujeres de $904.039. Pero esa brecha se agrava en el campo en donde los hombres tienen ingresos 45% más altos que las mujeres.

La dificultad de las mujeres para llegar a los niveles directivos sigue siendo muy fuerte, solamente llegan al 18% de esas posiciones, y solo el 7% a la presidencia de entidades públicas o empresas privadas. La brecha de ingresos se agrava por el mayor nivel de formación de las mujeres: hoy una mujer estudia en promedio 9.6 años, mientras un hombre estudia solo 8.6, pero ellas sufren más desempleo, reciben menores salarios y sus trabajos son más precarios o no remunerados.

En cuanto al acceso a la seguridad social, el 65,1% de las mujeres no están afiliadas a pensiones, riegos laborales o compensación familiar. Dos ejemplos dramáticos: las mujeres asumen el 94% del trabajo doméstico, 624 mil mujeres aproximadamente. De ellas sólo el 38,8% está afiliada al régimen contributivo de salud, el 17,6% a un fondo de pensiones y el 16% a riesgos laborales. En Colombia, 1.8 millones de trabajadoras lo hacen en ventas por catálogo, y no se les reconoce ningún derecho laboral, son “colaboradoras”.212

En cuanto al acceso a la tierra y a la producción agraria las mujeres padecen circunstancias extremas. Según el último Censo Nacional Agropecuario solo en el 26% de las Unidades de Producción Agropecuaria -UPA- las mujeres toman decisiones de producción de forma individual, frente a un 61,4% de UPA en las que los hombres son los encargados de las decisiones.

Asimismo, del total de UPA con solo mujeres productoras, el 78,4% tienen menos de 5 hectáreas, mientras que donde los hombres son productores, las UPA de menor tamaño tienen una participación inferior: 66,8%. Y son las mujeres las que sostienen la economía del cuidado: dedican diariamente ocho horas y 12 minutos a las actividades del hogar y cuidado de la familia, frente a tres horas y seis minutos que dedican los hombres.

Las mujeres son las mayores víctimas del Plan Nacional de Desarrollo

Ante las difíciles circunstancias que padecen las mujeres, el Plan de Desarrollo no contiene ninguna medida que contribuya a mejorar su calidad de vida, acceso a bienes públicos o realización plena de sus derechos humanos. Al contrario, las invisibiliza y las minusvalora en primer lugar porque mantiene la precaria institucionalidad de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer; y segundo porque no hay acciones realmente transformadoras y diferenciadas para cerrar la brecha de segregación de las mujeres; pero sobre todo porque no se asignan recursos significativos al llamado Pacto por la Equidad de Género en el Plan Plurianual de Inversiones.213

Como lo analiza la investigadora Natalia Moreno Salamanca , la estrategia del PND para superar las brechas de género se concentra en dos cosas: el programa “Sellos de Equidad”, y una Política Pública de Cuidado que desconoce la parte inmensa del trabajo que realizan las mujeres en el hogar, que no es remunerado y las priva de autonomía económica.214 Otro componente sustantivo del llamado Pacto por la Equidad de la Mujer es el de mujeres rurales, en el cual el PND introduce el literal G: “Mujeres rurales como agentes de transformación en el campo”, que busca la inclusión de las mujeres en procesos de ordenamiento social y productivo, en la provisión de servicios de extensión agropecuaria y el acceso al crédito. El Plan también contiene acciones puntuales como la inclusión de las mujeres en el Registro de Sujetos de Ordenamiento -RESO- creado por el Decreto Ley 902 de 2017; el acceso de las mujeres a los servicios de extensión creados por la Ley 1876 de 2017, y su participación en las instancias propias del sector agropecuario.

Como lo afirman el Cinep y el Cerac esta medida no se traduce en acciones afirmativas que realmente cierren las brechas de género en el campo, especialmente en el acceso a la propiedad de la tierra y es muy grave que no se hayan incluido en el Plan de Desarrollo las medidas del Acuerdo Final de Paz para la mujer rural, ni los indicadores sobre el tema del Plan de Implementación, lo que contribuiría a que las mujeres superen los obstáculos institucionales a los que tradicionalmente se han enfrentado.215

Así pues, es pírrica la meta del Plan de pasar de 29% a 34% la participación de mujeres rurales en las operaciones de crédito agropecuario y rural, y es grave que no se incluya una meta que permita medir el porcentaje de mujeres que acceden a líneas de crédito especial para la compra de tierras. Y resulta claramente simbólica la meta sobre acceso de mujeres solas o con sus parejas a derechos de tenencia de tierra, al proponer un aumento de 7.255 a 12.142 mujeres rurales con derechos de tenencia reconocidos con títulos a su nombre o con sus parejas, pero además no se incluye una meta de hectáreas entregadas y formalizadas exclusivamente a mujeres.

Otras medidas del PND que afectarán a las mujeres

El Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia: Pacto por la Equidad, incluye una serie de reformas legales de política económica, comercial, social, laboral y pensional, entre otras, que limitarán aún más la igualdad real de las mujeres y la realización de sus derechos sociales y económicos, incluidos en la constitución y en tratados internacionales ratificados por Colombia:

Una Reforma tributaria le entrega nuevos beneficios tributarios a las empresas, se crean o aumentan impuestos por obras y becas, se entregan beneficios tributarios a la economía naranja, se dan nuevos apoyos fiscales al sector financiero, lo que seguirá reduciendo los recursos y la capacidad del Estado para garantizar derechos y bienes públicos a las mujeres.

Y una Reforma pensional y social regresiva e inconveniente que no garantiza el derecho a la protección social de las mujeres mayores, amplía el negocio de los fondos privados de pensiones y de los bancos al reducir la seguridad social a micro-seguros, y permite la afiliación a mujeres con ingresos por debajo del salario mínimo, con el argumento de ampliar la cobertura de los trabajadores informales y rurales. Dicha reforma maquilla la formalidad laboral de las mujeres, disminuyendo el costo de la contratación formal de trabajadoras y los impuestos a las empresas; cambia la metodología de ajuste del salario mínimo para moderarla; formaliza falsamente a las trabajadoras con ingresos inferiores a un salario mínimo y a jornaleras rurales, a través del aporte a los llamados Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y el acceso a micro-seguros que no las protegen de los riesgos inherentes a su actividad laboral; y crea un Piso de Protección Social que se limita a una visión asistencialista con salud subsidiada, vinculada con los BEPS y los micro-seguros como alternativa a la afiliación al sistema de Riesgos Laborales, incluso para los trabajadores con salarios menores al salario mínimo.

Las mujeres y sus organizaciones no fueron escuchadas

Desde el primer debate al proyecto de Plan de Desarrollo el Movimiento de Mujeres presentó doce proposiciones unificadas al Congreso sobre salud sexual y reproductiva, seguimiento a las medidas de género incluidas en el Acuerdo de Paz, Protección de Derechos a las mujeres rurales y protección de la población Lgbti, y ninguna de esas proposiciones fue tenida en cuenta.

En un segundo momento las organizaciones de mujeres, en asocio de la Comisión Legal de la Mujer del Congreso y con el aval del Departamento Nacional de Planeación acordaron tres nuevas proposiciones que creaban el Sistema Nacional de Cuidado, el Sistema Nacional de Mujeres y el Plan de Acción de Mujer Rural. Estas propuestas se incluyeron, desdibujadas y unificadas, en el artículo 224 del PND sin tener en cuenta a la sociedad civil, y a pesar de protestas y enormes esfuerzos al final Plan Plurianual de Inversiones solo incluyó 5.4 billones de pesos para desarrollar el Pacto por la Equidad de las Mujeres, menos del 1% del aporte de las mujeres al Producto Interno Bruto nacional.

En el Plan Nacional Desarrollo la creación de empleo para las mujeres se deja a lo que quiera hacer el sector privado y a los emprendimientos sin garantías de protección social e ingresos justos, y sin estrategias para aumentar los emprendimientos de las mujeres. Y se habla de teletrabajo como opción para las mujeres con una mirada que refuerza la función del cuidado asignada históricamente a ellas. Para las mujeres del sector rural el tema del acceso a titularidad de tierras y la mejora de condiciones laborales carecen de profundidad y estrategias de superación de inequidad. La mujer rural no es sujeto del interés del PND, no hay políticas, ni recursos para cambiar su situación de feudalismo y extrema pobreza, ni se incluyen las medidas y políticas de trabajo decente para las mujeres rurales acordadas en el Acuerdo de Paz.

El Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia: Pacto por la Equidad no contribuye a construir paz duradera, que debe incluir a las mujeres, profundizará las brechas económicas y seguirá garantizando que las mujeres serán las más pobres y segregadas del país.


212 Datos DANE y Escuela Nacional Sindical, Informe de coyuntura laboral y sindical, mayo de 2019.
213 https://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/11955-plan-nacional-de-desarrollo-insuficiente-para-las-mujeres.html.
214 https://pacifista.tv/notas/mujeres-fuera-plan-nacional-desarrollo/
215 https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.cinep.org.co/Home2/images/csivi/Secretaria_Tecnica_Tercer_Informe_de_Genero.pdf