Lo que hacen con la mano, lo borran con el pie

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El enfoque de familia y los derechos reproductivos en el PND

Desde su campaña para las elecciones presidenciales, Iván Duque dejó claro cuál sería el enfoque de su gobierno en relación con los derechos de las mujeres y de las personas Lgbti. Para las primeras, unas propuestas muy reducidas, centradas en la inclusión en el mercado como fórmula mágica para garantizar sus derechos en todos los demás ámbitos. Y para las segundas un completo desinterés. Sumado a esto Duque ha fortalecido a los movimientos anti-derechos que se oponen a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y a los derechos de la población Lgbti. Al hacerlo, podría limitar enormemente el eventual impacto positivo de las pocas medidas que propone para garantizar los derechos de estas poblaciones e incluso podría abrir las puertas a retrocesos en derechos ya reconocidos.

Inclusión sí, pero no así

En varias ocasiones Iván Duque ha afirmado que está comprometido con los derechos de las mujeres y muestra, como prueba de ello, que por primera vez una mujer está en la Vicepresidencia y hay paridad de género en los ministerios. Reconocemos que esto es un avance, pero a la fecha no ha estado acompañado de ninguna otra medida que garantice de manera efectiva los derechos de las mujeres, ni qué decir de los de las personas Lgbti.

No podíamos esperar mucho más. En su propuesta de gobierno Duque incluyó unas pocas medidas para garantizar los derechos de las mujeres, la mayoría de las cuales estaban relacionadas con la inclusión laboral, las cuales si bien son necesarias por sí solas no son suficientes para transformar las relaciones desiguales entre hombres y mujeres. Solo unas pocas excepciones estaban relacionadas con la prevención de la discriminación y la violencia, y con el acceso a la justicia, y no hubo una sola mención a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Tampoco incluyó ni una sola propuesta sobre la población Lgbti.

El Plan Nacional de Desarrollo profundiza algunas de estas tendencias. Sus bases incorporaron un pacto transversal sobre los derechos de las mujeres e incluyeron los derechos de las personas Lgbti, pero también incorporan un enfoque sobre la familia bastante reducido que no reconoce toda la diversidad de familias que existen en el país, ni todos los posibles riesgos que enfrentan las niñas, niños y adolescentes como la discriminación por su orientación sexual o identidad de género. Adicionalmente, el articulado del PND no tuvo en cuenta la gran mayoría de las acciones propuestas para las mujeres y las personas Lgbti, lo que podría dificultar su operatividad.

Lo que hacen con la mano, lo borran con el pie

En Colombia se ha consolidado un movimiento anti-derechos de carácter conservador y fundamentalista que utiliza la expresión “ideología de género” para oponerse a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y a los derechos de las personas Lgbti. Mientras el anterior Gobierno asumió una actitud pasiva ante estos discursos discriminatorios, Duque ha fortalecido su influencia y ha incorporado algunas de sus principales pretensiones en su programa de gobierno.

Durante las elecciones presidenciales Iván Duque recibió el apoyo de los partidos y dirigentes políticos que hacen parte de este movimiento anti-derechos. A cambio designó a algunos de sus líderes en cargos públicos de gran importancia, desde los cuales pueden promover ideologías fundamentalistas, bloquear la implementación de las normas que reconocen los derechos de las mujeres y de las personas Lgbti, y generar retrocesos en derechos ya reconocidos.

Resultan especialmente preocupantes los nombramientos en la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior: Como si hubieran acordado que este cargo estaría reservado para sectores conservadores, el Gobierno ha designado a dos integrantes del movimiento anti-derechos en esta Dirección. Primero fue Nayid Abu Fager Sáenz, quien anteriormente se había opuesto abiertamente al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y había apoyado medidas para desproteger a las personas Lgbti y sus familias. Después fue Ricardo Arias Macías, integrante del partido Colombia Justa Libres que se opuso al enfoque de género del Acuerdo de Paz, promueve un modelo único de educación y de familia, se opone a la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y masifica expresiones como “ideología de género”, la cual no es más que una justificación para la discriminación y para deslegitimar la defensa de los derechos de las mujeres y de las personas Lgbti. Todo esto con la excusa de garantizar el derecho a la libertad religiosa, como si la garantía de unos derechos implicara necesariamente el desconocimiento de otros.

Es preocupante que los funcionarios a cargo de las políticas públicas para los derechos humanos hayan promovido discursos discriminatorios y medidas para desconocer los derechos de ciertos grupos sociales, o que hagan parte de sectores políticos que lo hacen. Esto demuestra un profundo desprecio por los principios de igualdad, universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, y encarna un riesgo real para la garantía de los derechos de todas y todos.

Por último, Duque ha incorporado algunas de las pretensiones de este movimiento anti-derechos en su plan de Gobierno. El articulado del PND, por ejemplo, incluyó un artículo que establece que “[e]l Gobierno nacional con la coordinación del Ministerio del Interior, emprenderá acciones […] para la garantía y goce efectivo del derecho a la libertad religiosa, de cultos y de consciencia en el territorio nacional”. Posteriormente, el mismo Duque anunció en su cuenta de Twitter que firmó varios compromisos con distintas iglesias del país, uno de los cuales trataría sobre la “conexidad entre el derecho [a] la educación [y] la libertad religiosa y de cultos”.

Lo anterior resulta preocupante, ya que podría utilizarse para promover medidas regresivas como suprimir de los programas para combatir el acoso escolar contra estudiantes Lgbti o de educación sexual y reproductiva, reglamentar de la objeción de consciencia institucional para la interrupción voluntaria del embarazo o los matrimonios de parejas del mismo sexo, o apoyar el proyecto de ley del Partido Conservador que pretende crear un “Ministerio de la Familia” que sólo reconoce a las familias heterosexuales. Esto debe ser objeto de una especial vigilancia por parte de la sociedad colombiana, los organismos internacionales de derechos humanos y la comunidad internacional, ya que podría agravar la ya precaria situación de derechos de las mujeres y de las personas Lgbti.