Mercadería y militarización

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La naturaleza en la política ambiental de Duque

El manejo de los recursos naturales dentro de las políticas de seguridad del Estado es una de las más destacadas particularidades del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, y expresa por lo menos cuatro cuestiones claves: Se ofrece una concepción de la Naturaleza entendida como recursos a ser aprovechados y mercantilizados; se transita hacia una política y gestión ambiental militarizada, y por lo tanto con más restricciones democráticas; se considera que esto, antes que obedecer a propósitos ecológicos, resulta de una disputa por los excedentes económicos, especialmente desde los extractivismos; y finalmente, se comparte esta posición con los países vecinos

Esta nueva “seguridad ambiental” aparece en la sección titulada “Seguridad, autoridad y orden para la libertad: Defensa Nacional, seguridad ciudadana y colaboración ciudadana” del Plan de Desarrollo. La cuestión ambiental ahora se encuentra junto a la defensa territorial, la lucha contra la criminalización y las drogas, y la protección a las personas y comunidades.

Aunque algunos podrían celebrar esto, asumiendo que significaría darle más importancia a la problemática ambiental, pero en realidad apunta en sentidos casi contrarios al mantenerse la apropiación intensiva de los recursos naturales.

En el plan no se parte de considerar a la Naturaleza como un entramado de biodiversidad que debe ser protegido, sino que se presenta el ambiente como un conjunto de “activos”, que son recursos que deberían ser explotados. Esta distinción no es menor, ya que se pierde el objetivo de atacar los problemas ambientales más graves o asegurar la conservación de todas las especies independientemente de su potencial utilidad económica.

Naturaleza mercantilizada y política militarizada

En el plan no se parte de considerar a la Naturaleza como un entramado de biodiversidad que debe ser protegido, sino que se presenta el ambiente como un conjunto de “activos”, que son recursos que deberían ser explotados. Esta distinción no es menor, ya que se pierde el objetivo de atacar los problemas ambientales más graves o asegurar la conservación de todas las especies independientemente de su potencial utilidad económica. Una meta ecológica de ese tipo implicaría, por ejemplo, asegurar la efectividad de las áreas protegidas o detener el avance de los extractivismos mineros, petroleros o agropecuarios. En cambio el plan se enfoca en “activos” que considera “estratégicos”, tales como minerales, hidrocarburos, agua o tierra fértil, para ser más efectivamente explotados. La Naturaleza es reemplazada por mercancías.

Por ello se proponen cambios sustanciales en la política y la gestión ambiental, su institucionalidad y los actores clave participantes: La temática ambiental pasa a quedar englobada por otras como la defensa nacional o la seguridad interna; la gestión ambiental no estará en manos, por ejemplo de ecólogos, sino bajo una fuerza de “Protección Integral Ambiental” conformada por militares y policías, los cuales coordinarían con la Fiscalía y autoridades ambientales. Se trata de una gestión no restringida a sitios puntuales, sino que se propone con una amplia cobertura geográfica, dentro de la creación de las llamadas “Zonas Estratégicas de Intervención Integral”, con objetivos de mediana duración (cinco años) tanto en seguridad como ambiente. De este modo el ordenamiento territorial también es reconfigurado: Se reorganiza el Consejo de Seguridad Nacional para incorporar al Ministerio del Ambiente, y la temática ambiental deberá estar incluida en una Estrategia de Seguridad Nacional, y posiblemente también en la Estrategia Nacional de Inteligencia.

Todo esto indica una militarización de la institucionalidad y gestión ambiental. Sus consecuencias no son menores, ya que cualquier gestión militarizada por su propia esencia es vertical, sin espacios para la deliberación ni salvaguardas de participación o información para sus participantes. Al aplicar esto a las cuestiones ambientales se recortan las posibilidades de una política plural que permita la información y la consulta, y que maneje respetuosamente los conflictos, y en la cual puedan participar los ciudadanos. Es más, se propicia que cualquier crítica ciudadana a los modos de apropiación de la Naturaleza pueda ser rotulada por el poder político como un asunto de seguridad nacional, se legitimaría el espionaje sobre líderes ciudadanos, y se abren las puertas a toda clase excusas para acciones de criminalización y represión. Esto afectará sobre todo a comunidades locales, campesinas o indígenas, y en particular a las mujeres por su creciente liderazgo en los conflictos.

Una disputa económica

Otro aspecto impactante que se revela en el Plan está en su objetivo subyacente: controlar la economía de la explotación de los recursos naturales. En efecto, en el Plan se admite, por ejemplo, que el 86% del oro extraído en el país proviene de prácticas ilegales, y que en el 44% de los municipios se hace algún tipo de minería ilegal; pero no se propone terminar con esos extractivismos, especialmente aquellos más depredadores como la minería del oro, sino más bien regular el negocio y coparticipar de las ganancias, y sobre todo transferirlos a actores que conciben como legales para poder captar parte de sus excedentes económicos. Se apunta, por ejemplo al estimado de un 13% de la economía minería que provendría del tráfico ilegal, o las redes que actúan en cultivos ilícitos, tráfico de maderas, etc. La aplicación de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral tiene esa orientación. Estamos por lo tanto ante un esfuerzo de hacerse de esos excedentes, especialmente desde los extractivismos, tanto por el Estado como por grupos empresariales que le apoyan, asumiendo que el mejor medio para lograrlo es apelar a la militarización.

Foto: Víctor de Currea-Lugo

La situación continental

La lógica de una militarización sobre los recursos naturales tiene una larga historia en América Latina. Recordemos por ejemplo que en Brasil los gobiernos militares desde la década de 1960 defendían esa postura para la Amazonia bajo la excusa de proteger sus recursos, aunque en realidad esto desembocó en deforestación por la apertura a la agropecuaria y el latifundio, y en el ingreso de minería ilegal y de la mega-minería empresarial.

En años más recientes se observa un regreso de esas posturas. Por ejemplo, en Venezuela Nicolás Maduro está promoviendo lo que llama como Arco Minero del Orinoco, instalando allí una Zona Económica Militar para encargarse de ese tipo de extractivismos. En esa región se repiten denuncias contra esa iniciativa y sobre la participación de militares en la minería desde empresas formales o actividades ilegales, afectando especialmente a indígenas.184

Foto: Víctor de Currea-Lugo

En Argentina, el gobierno de Mauricio Macri avanza con el fracking a pesar de conflictos con grupos indígenas y pequeños agricultores; y antes, bajo los gobiernos Kirchner se aplicó un programa de espionaje a más de mil organizaciones ciudadanas desde la gendarmería nacional.185

El caso más extremo es Jair Bolsonaro en Brasil, quien rechaza las medidas de protección ambiental afirmando que esconden un intervencionismo extranjero. Su gobierno coquetea con la idea de resucitar un programa militar en la Amazonía a lo largo de 6.500 km de fronteras con sus vecinos, bajo la misma justificación de asegurar reservas de recursos naturales estratégicos.

Tendencias emergentes y un balance

Como puede verse la militarización de las políticas ambientales ocurre tanto bajo administraciones progresistas como conservadoras; y la disputa no está realmente centrada en proteger a la Naturaleza sino en el control de recursos naturales para a su vez acceder a potenciales beneficios económicos. Se legitiman actores como policías y militares mientras que otra vez se deslegitiman a las comunidades locales. Se refuerza una idea de la política que es minimalista y autoritaria mientras se obstaculiza una concepción de la política como plural y deliberativa. Se apela a las urgencias de grupos locales que aceptan esa militarización con la esperanza de aliviar la violencia que padece, aunque se instalarán violencia de nuevo tipo.

Es evidente que esta lógica de la seguridad no resuelve los problemas de fondo, tales como los impactos sociales y ambientales de los extractivismos. Es ingenuo pensar que la protección del ambiente se ganará con pelotones de soldados y policías. Más ingenuo es pensar que así se podrán resolver dramas como los de la minería de oro: ¿pondrán un soldado detrás de cada recodo de cada río? Es una típica estrategia donde muchas cosas pueden salir mal, sobre todo aquellas que impedirán fortalecer el entramado democrático.


184 Vitti, Minerva. (2018) “Una mirada estructural del megaproyecto Arco Minero del Orinoco”. Revista SIC, Fundación Centro Gumilla, 27 junio 2018, http://revistasic.gumilla.org/2018/una-mirada-estructural-del-megaproyecto-arco-minero-del-orinoco-i/
185 Clarín. (2013) “Proyecto X: Cómo espió la Gendarmería a más de mil organizaciones”, Clarín, Buenos Aires, 10 marzo 2013, https://www.clarin.com/home/espio-gendarmeria-mil-organizaciones_0_SkFWsScsvQl.html