¿Mucho garrote y poco diálogo?

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Movilización y protesta social durante el Gobierno de Iván Duque

El Plan Nacional de Desarrollo no hace referencia a políticas para garantizar el derecho a la protesta social, y plantea un objetivo dentro del eje “Participación ciudadana: Promoviendo el diálogo, la inclusión democrática y la libertad de cultos para la equidad”, que busca “garantizar la legitimidad del diálogo social y la gestión y trámite pacífico de los conflictos sociales, a través de la generación de protocolos y herramientas que consideren la participación ciudadana como un elemento fundamental para evitar la violencia y que permitan hacer seguimiento a los compromisos suscritos”; y para alcanzarlo propone estrategias para la formulación de una Política para el Diálogo Social y la Resolución Pacífica de Conflictos Sociales, la puesta en marcha de un Sistema Nacional de Resolución de Conflictividades Sociales (SNRC) y la implementación de una metodología de monitoreo por parte del Centro de Diálogo Social y Convivencia (Cedisco).

“El Plan Nacional de Desarrollo no hace referencia a políticas para garantizar el derecho a la protesta social”.

Un año atrás el Congreso de la República intentó limitar el ejercicio del derecho a la protesta y movilización social, con la regulación que introdujo en el Título VI de la Ley 1801 de 2016 (Código de Policía); y aunque la Corte Constitucional mediante sentencia C-223 de 2017 declaró inexequibles estas disposiciones y previó que debe tramitarse una Ley Estatutaria que lo desarrolle, fijando como límite temporal el mes de junio de 2019, aún no se ha presentado ninguna iniciativa legislativa que así lo haga.

A pesar de este vacío la Resolución 1190 de 2018 del Ministerio del Interior del gobierno anterior avanzó en la definición de un “Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación, inclusive de quienes no participan en la protesta pacífica”, construido con el concurso de distintas organizaciones, plataformas y sectores sociales. Sin embargo el actual gobierno no ha avanzado en su implementación, y durante la audiencia pública “Garantías del Derecho a la Protesta Social en Colombia”, realizada en el Congreso de la República el 23 de mayo de 2019, el Ministerio del Interior afirmó estar trabajando en un proyecto de Ley Estatutaria sobre la materia.

En general el gobierno actual muestra una aproximación al concepto de participación ciudadana que se asimila al de socialización y participación simbólica, es decir, información y notificación sin decisión por parte de la ciudadanía. En este escenario la movilización y la protesta social entran a conformar repertorios de acción colectiva claves para el posicionamiento de agendas de distinto tipo. El incremento de la conflictividad social debe aprovecharse como un valor de la sociedad que requiere garantías para poder ampliar el espectro democrático sin violencias de por medio. La implementación de protocolos para la garantía del derecho a la protesta ha mostrado resultados positivos reduciendo la violencia y promoviendo relaciones de confianza entre los distintos sectores y actores involucrados, por lo que su puesta en funcionamiento debe ser una prioridad.

En efecto, la movilización y la protesta social son derechos fundamentales y se configuran como recursos legítimos de acción colectiva con el propósito de impulsar propuestas y/o transmitir las inconformidades de la ciudadanía a las autoridades y a los medios de comunicación en busca de garantías para la satisfacción de sus derechos cuando los mecanismos de comunicación y participación no funcionan o pierden credibilidad. Y como tales contribuyen al perfeccionamiento de la democracia, a la realización de los derechos individuales y al avance de los derechos sociales por cuanto permiten la expresión de sectores marginados, de oposición, minorías y sectores de la población que no tienen acceso a los medios de comunicación masiva y, mucho menos, al poder.

Como lo señalan algunos autores, “aunque el derecho a la protesta quedó claramente consagrado en la Constitución de 1991, no siempre se ha podido ejercer por múltiples factores. Unas veces por la violencia explícita contra los dirigentes sociales y sus organizaciones, y otras por el peso legal y cultural de la criminalización de la protesta (…) A pesar de esta difícil situación hubo 22.988 protestas entre 1975 y 2015, un promedio 561 anuales, casi una y media por día”.231

Durante los últimos años se ha incrementado la intensidad de la movilización social en el país. A partir de los resultados del plebiscito por la paz se produjo una importante respuesta ciudadana en defensa de lo conseguido en las negociaciones de la Habana entre el gobierno y las FARC y de la paz en general. También ha habido diferentes dinámicas de movilización asociados a la exigencia de garantías para el goce efectivo de derechos, como los del Cauca que han derivado en la Minga indígena, el movimiento estudiantil y Fecode.


231 Archila, Mauricio et al. [2019]. Cuando la copa se rebosa. Luchas sociales en Colombia, 1975 – 2015. Bogotá D.C., Cinep/PPP, pp. 63 – 65.