Niñez en Colombia sin garantía para sus derechos ambientales

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Los derechos del niño permiten analizar las políticas ambientales y evidenciar las relaciones desiguales de poder que prevalecen entre niños y adultos, entre países industrializados y países en desarrollo, entre ricos y pobres. En el mundo, de las 5.9 millones de muertes al año de niños/ as menores de cinco años, el 26% se puede atribuir a la contaminación ambiental. Más de 500 millones de niños viven en zonas de extremado riesgo de inundación y casi 160 millones de niños están expuestos a severas sequías.217 La mayoría de estas niñas/os viven en el sur global por lo que evidentemente sus muertes son producto de las relaciones desiguales entre países acumuladores y países saqueados. Los niños, niñas y adolescentes que crecen hoy en día no conocerán muchas plantas, animales, paisajes y ríos que sí conocieron sus abuelos. Mientras la población humana se casi duplicó entre 1970 y 2010, la Tierra perdió el 60% de su biodiversidad en 44 años según el Fondo Mundial para la Naturaleza.218

Múltiples vulneraciones a los derechos humanos están relacionadas con los conflictos ambientales que generan privación en acceso al agua y la tierra y la degradación de territorios, y producen hambre, violencia e imposibilidad de pensar en el futuro. Esto es aún más agudo para quienes menos pueden protegerse a sí mismos, un gran número de niños y niñas, quienes en especial en territorios con proyectos extractivos no tienen la posibilidad de crecer en un ambiente sano. Cada año en el mundo tres millones de menores de cinco años mueren a raíz de enfermedades relacionadas con degradación ambiental; esto equivale a un tercio de las muertes de este sector de la población. Al mismo tiempo la brutal explotación de la naturaleza, la pérdida de la biodiversidad y otros daños ecológicos irreparables ensombrecen las perspectivas de futuro de los niños y niñas.219

Abordar la relación entre derechos de niños/niñas y lo ambiental implica dar una mirada a las políticas públicas y los marcos internacionales y acuerdos multilaterales de amplio espectro. La Convención de los Derechos del Niño/a en sus artículos 25 y 29 es un acuerdo que implica la protección ambiental como garantía de los derechos de niños/as y jóvenes.220

Extractivismo minero – energético y agroindustrial

Éste es sin lugar a dudas uno de los temas centrales en la imposibilidad de garantizar un ambiente sano en Colombia, aun cuando se consagra este derecho en la Constitución Política. El modelo minero, de construcción de represas para la generación hidroeléctrica, la proyección del fracking, la explotación petrolera y el exacerbado avance del modelo agroindustrial basado en la producción de agro-combustibles, conllevan un conflicto permanente para la población en general y una afectación grave para la niñez en particular. Conexa al modelo extractivista está la privatización del agua por contaminación y apropiación, que genera la violación del derecho fundamental suscrito por Colombia en la Observación General No 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Así, la demanda de materias primas del norte global, la ampliación de la frontera extractiva y los tratados de libre comercio están en detrimento de poblaciones locales que se ven imposibilitados de reproducir sus modos y medios de vida a futuro. El caso de La Guajira es paradigmático. La escabrosa cifra de 4.770 niños muertos en ocho años, que fue divulgada por la Corte Constitucional, ha puesto al descubierto la afectación de la niñez en zonas de sacrificio minero.221 Así, solamente la región de La Guajira entrega este número de muertes de niños/as a la escalofriante cifra de 6.000 niños que mueren diariamente en el mundo por problemas asociados a la contaminación de aguas,222 pero muchos otros casos relacionados con el modelo extractivista se están agravando día a día.223

La finalización de la confrontación armada con las FARC se ha convertido en un nuevo instrumento para la ocupación territorial por parte de las empresas transnacionales que promueven el extractivismo, y con ello va también en aumento el conflicto ambiental y las afectaciones a los derechos ecológicos de los pueblos y particularmente de las/as niñas/os.224

Negativa a la participación popular en el futuro de los territorios

Junto con la profundización del extractivismo y el lobby empresarial que lo sustenta, también se han venido cerrando paulatinamente los caminos de participación popular que la Constitución consagra para que las voces y voluntad de la población sean tomadas en cuenta en la definición de las actividades económicas y productivas en los territorios. Las consultas populares como mecanismos de alta importancia para la participación social han sido restringidas; de las consultas realizadas en Colombia la totalidad mostró la negativa popular y el descontento social con el modelo de desarrollo y explotación. La población juvenil ha jugado un papel preponderante en la aplicación del mecanismo constitucional, generando procesos de sensibilización, información e incidencia desde ejercicios estrictos y sistemáticos de investigación y construcción de conciencia crítica al respecto. Con las restricciones a las consultas populares no sólo se violenta el orden constitucional colombiano y la participación del constituyente primario en la toma de decisiones, también se niega la voz a la población juvenil y se cierra el proceso de formación y pedagogía para la niñez, en temas de los que depende su presente y su futuro inmediato.225

Plan Nacional de Desarrollo, un retroceso para la garantía de derechos

El Plan propuesto por el gobierno del presidente Iván Duque ha sido analizado minuciosamente por las organizaciones integrantes del movimiento social colombiano, y como resultado se ha denunciado públicamente que este instrumento de planeación económica y política presenta retrocesos en aspectos cruciales para la dignificación de la vida del país, como puede verse ampliamente en este libro.

En relación con el tema que nos ocupa, no existe ningún tipo de consideración hacia el sujeto campesino o étnico en la construcción del Plan, lo que resulta en una invisibilización política de actores claves que incluso en los últimos meses se han movilizado masivamente durante varias semanas para exigir el cumplimiento de acuerdos que por décadas no han tenido resolución efectiva. Y, de máxima consideración, brilla por su ausencia la posibilidad de construcción de una política nacional para la niñez y la juventud, lo que debiera estar presente en la definición planificadora del futuro del país para los próximos cuatro años. Esta ausencia, la de la asignación económica con intencionalidad política para la atención de los derechos de la niñez y la juventud, requiere de la mayor atención, pues es necesario que en el Plan se incluya la posibilidad de garantía de derechos, incluidos los ecológicos, para niñas, niños y jóvenes desde una revisión estructural del proyecto de país y la voz infantil y juvenil.

Las contribuciones de las niñas, niños y jóvenes a la paz en Colombia son de crucial importancia, y se entregan desde cada una de las acciones cotidianas y estructurales que realizan en sus comunidades y escenarios de vida, pero deben ser canalizadas y ubicadas dentro de un plano estructural, y no invisibilizadas como hasta ahora, para que resulten en definiciones de políticas públicas construidas con participación y desde las voces y necesidades propias de los sujetos protagonistas: niñas/os y jóvenes.


216 Basado en el Informe presentado al relator especial de derechos humanos y ambiente David Boyd en mayo de 2019. Bogotá.
217 Convención sobre los Derechos del Niño. 2006. En:https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx. Consultado en junio 23
218 WWF. 2018. Informe Planeta vivo -2018. Apuntando más alto. Grooten, M y Almond, R.E.A. (Eds). WWF, Gland, Suiza.
219 Schubert, Jonas. 2017. La protección de los derechos del niño. Terre des Hommes. Osnabrück, Alemania
220 UNICEF. 2www.unicef.org/media/media_21423.html. Consultado en abril 30
221 En La Guajira se explota un promedio de 35 millones de toneladas de carbón al año y se han realizado desvíos de fuentes hídricas, además de la contaminación y aniquilación de la mayoría de ellas. Este modelo ha conllevado la imposibilidad de cultivar y la pérdida de casi la totalidad de los medios de subsistencia para el pueblo Wayuú y las comunidades negras.
222 FALTA NOTA
223 Censat Agua Viva. 2019. “Afectaciones a los derechos ecológicos de niños/as y jóvenes en Colombia y la Región y propuestas desde las organizaciones y movimientos sociales”. Informe presentado al relator especial de derechos humanos. Bogotá.
224 Para una ampliación específica de esta problemática puede consultarse: “Consideraciones ambientales para a construcción de una paz territorial estable y duradera en Colombia”. PNUD. https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/MedioAmbiente/undp-co-pazyambiente-2015.pdf. Consultado mayo 1 de 2019.
225 Censat, Op. Cit