Otro derecho que poco le importa al actual gobierno

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La alimentación y nutrición adecuadas en Colombia

Frente a la preocupante realidad del país (ver recuadro), no deja de ser vergonzosa la postura del actual gobierno, que mediáticamente ha propiciado una preocupación “pública” por el hambre en los países vecinos, al tiempo que minimiza la magnitud del problema en Colombia. En efecto, infortunadamente para el futuro y la paz de Colombia, la defensa, promoción y garantía del Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas en Colombia (Dhana) no es una apuesta prioritaria ni importante para el actual gobierno. Esta postura de Estado no es un asunto menor, ya que los conflictos alimentarios y las violaciones de ese derecho se encuentran estrechamente relacionados con el conflicto en el país. De hecho en el Acuerdo de Paz, uno de los elementos claves pactados en la Reforma Rural Integral fue la implementación de un Sistema Progresivo para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación, algo sobre lo cual el gobierno no ha avanzado ni un ápice.

Adicionalmente, en el precario Plan Nacional de Desarrollo el tema alimentario carece de un enfoque integral de la alimentación y la nutrición desde un enfoque de derechos humanos, y apenas se menciona, dentro del denominado “Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados”, como una línea orientada a establecer una “alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición: ciudadanos con mentes y cuerpos sanos.” En ella se propone el incremento en la producción de alimentos con una lógica que subsume al campesinado a la producción agroindustrial,167 y de forma marginal incluir el tema en las compras públicas, la necesidad de mejorar las condiciones nutricionales de la población de La Guajira y el Chocó, así como en el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

La crítica situación del Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas en Colombia

De acuerdo con los datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del año 2015 (datos oficiales más recientes), el 54,2% de los hogares padecen inseguridad alimentaria168 y el 10,8% de los niños menores de cinco años sufren de malnutrición crónica169 , así como el 7,4% de la población escolar y el 9,7% de los adolescentes.170 En cuanto a la lactancia materna, solo el 36,1% de los niños menores de 6 meses de edad tuvieron lactancia materna exclusiva.171 A ello se suma la mortalidad por hambre y los problemas de obesidad y sobrepeso. En el primer caso, cerca de 2.000 niños menores de cinco años murieron de hambre en la última década, muchos pertenecientes a pueblos indígenas.172 En cuanto al exceso de peso (obesidad + sobrepeso), afecta al 6,3% de los niños menores de cinco años, al 24,4% de la población escolar, al 17,9% de los adolescentes y al 56,4% de la población adulta.173 Estos datos indican cuán extendidos están el hambre y la malnutrición en el país y cómo afectan el crecimiento y desarrollo de su población.

¿Por qué la alimentación y la nutrición no son un derecho en el PND ni en la política de Estado?

Como es notorio, la citada alianza propuesta en el PND persiste en un enfoque basado en la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN); lo cual determina que no se proponga avances ni establece acciones concretas en relación con la garantía de la Soberanía Alimentaria y el Dhana; ni defina explícitamente la problemática alimentaria y nutricional como un problema clave del país y un condicionante del conflicto; ni mucho menos aborde la alimentación como un proceso relacionado con la producción/consecución de alimentos y medios para obtenerlos, el intercambio, la transformación, el consumo y aprovechamiento nutricional de los alimentos y por supuesto con los circuitos culturales, económicos, sociales que los seres humanos generan en el proceso, y su interrelación con el ambiente, las otras formas de vida y las generaciones futuras.

Por esos enfoques el Plan impide de entrada la construcción de una perspectiva integral de políticas públicas capaces de articularse con los contextos locales, territoriales, económicos y culturales, que sepan responder a las obligaciones constitucionales e internacionales en materia de protección y realización de derechos humanos.

Cabe resaltar, sin embargo, que frente a la defensa y promoción del Dhana, las organizaciones del campo insisten cada vez más en que el Estado colombiano debe cumplir con sus obligaciones de respeto, protección y realización de ese derecho. Esa exigencia suele darse de la mano del reclamo por el respeto y protección de la Soberanía Alimentaria, derecho recientemente reconocido en la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, frente a la cual, por cierto, el gobierno de Duque se negó a respaldar en el proceso de votación en Naciones Unidas.

En materia de salud alimentaria, organizaciones como FIAN Colombia, Red PaPaz, DeJusticia y Educar Consumidores, entre otras, vienen promoviendo la adopción de medidas legislativas que buscan controlar la publicidad de productos comestibles ultra-procesados -lo que comúnmente se conoce como comida chatarra-, dirigida contra niñas, niños y adolescentes; el etiquetado frontal de advertencia en los productos comestibles empaquetados; los impuestos saludables; y la garantía de entornos escolares alimentarios saludables; como iniciativas que no han podido transformarse aún en leyes y políticas por la sospechosa falta de compromiso de muchos legisladores y la inaceptable interferencia de la industria, sumado a la ausencia de una postura clara y decidida que demuestre voluntad política de parte de las entidades públicas con responsabilidad en el tema. En tal sentido, pese a que en las bases del PND se habla de la creación de entornos alimentarios saludables y sostenibles, y se incluyen propuestas como las anteriores,174 ellas no se vieron reflejadas en el articulado. En todo caso, el empeño ciudadano continúa, y a la fecha se ha alcanzado un amplio debate público sobre el tema y procesos de concienciación social sobre la necesidad de exigir al Estado la protección, respeto y realización del Dhana.


167 Ver: Cinep – Cerac. Sexto informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia para los Verificadores Internacionales. Bogotá. 2019. Disponible en: https://www.cinep.org.co/Home2/component/k2/704-sexto-informe-de-verificacion-de-la-implementacion-del-acuerdo-final-de-paz-en-colombia-para-los-verificadores-internacionales.html
168 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia 2015. ENSIN 2015. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/presentacion-lanzamiento-ensin-2015.pdf En el Departamento de Bolívar, región en la que está ubicada la comunidad de El Corcovado, la inseguridad alimentaria es del 61,7%.
169 Ibíd.
170 Ibíd.
171 http://asivamosensalud.org/actualidad/presentacion-ensin-2015
172 El Espectador. Casi dos mil niños menores de cinco años murieron en la última década por desnutrición. Bogotá. 12/III/2016. Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/infografia/casi-dos-mil-ninos-menores-de-cinco-anos-murieron-ultim-articulo-621672
173 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Op. Cit. Todas estas cifras mostraron una tendencia creciente en comparación con las del año 2010.
174 Departamento Nacional de Planeación “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022” Pacto por Colombia, pacto por la equidad, p.319.