Ríos para los negocios, no para la vida

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Las hidroeléctricas y el Plan de Desarrollo

En Colombia se ha establecido en los diferentes Planes Nacionales de Desarrollo la explotación máxima posible del potencial minero y energético colombiano. El actual Pacto por Colombia, pacto por la Equidad no es la excepción, allí se resalta la necesidad de desarrollar el sector minero energético bajo la premisa de generar rentas para reinversión, generación de bienestar y obtención recursos para continuar con la expansión de la infraestructura, funcional al extractivismo, la gestión de riesgos de desastres naturales, impulsar la investigación, la innovación y la transformación rural entre otros.

Los argumentos presentados en el documento de bases del PND dejan planteada la idea de que la única opción de un país al “disponer de recursos naturales”, es su explotación/extracción para generar rentas. Un segundo elemento es que la extracción requiere energía y para ello las hidroeléctricas siguen ocupando el primer lugar en razón de la alta eficiencia de la tecnología y la alta rentabilidad que representa para los empresarios.

Al término de un primer año de gobierno de Iván Duque las cosas no cambian, el modelo energético prevalece y a pesar de que se habla de transición energética al introducir en la última subasta 1,3 GWhdía de fuentes renovables, las perspectivas de desarrollo del sector no son holísticas y continúan sin garantizar la real participación ciudadana al acreditar que la planificación energética es de la esfera exclusiva de lo técnico.

La consolidación del sector minero-energético como dinamizador del desarrollo de territorios sostenibles, como lo plantea el actual PND, implica una estricta revisión en materia de derechos humanos y ambientales en torno a las implicaciones, conflictos y externalidades no previstas generadas por los proyectos minero-energéticos en Colombia.

Hidroeléctricas: violación de derechos humanos y ambientales

Existe una serie de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y ambientales de comunidades asentadas sobre la cuenca de los ríos donde paulatinamente se han emplazado proyectos hidroeléctricos. La negligencia de actuación frente a impactos sostenidos y externalidades, contribuyen a su agudización. Además, las movilizaciones sociales que piden soluciones han recibido desatención y represión con el abuso de la fuerza policial, o han sido estigmatizadas por medio de diversas estrategias que involucran a los medios de comunicación tradicionales, testimonios de funcionarios públicos y congresistas de la república.

El caso de la represa Anchicayá. En el año 2001 la Empresa Unión Fenosa propietaria de la represa del bajo Anchicayá tomó la decisión de abrir las compuertas y derramar más de 500 mil metros cúbicos de lodos tóxicos que afectaron a más de tres mil personas con enfermedades en la piel, varios meses sin poder acceder al río, pérdida de peces en río y mar que son fuente vitales de proteína, entre otros impactos.

De ahí se inició un proceso jurídico donde se ha determinado la culpabilidad de la empresa Epsa/Unión Fenosa la cual actuó con dolo sobre los derechos de las comunidades negras que se asientan en la cuenca del Río Anchicayá en el departamento del Valle del Cauca. Ahora bien, mientras se espera la unificación de la jurisprudencia por parte del Consejo de Estado, en el último año se han levantado señalamientos que dejan en entredicho las decisiones anteriores al decir que las comunidades afectadas pudieron haber manipulado el perito para el establecimiento de los montos de indemnización. Esta situación acrecienta los riesgos a la vida e integridad de los líderes y lideresas de la zona y de las organizaciones étnicas.

En los últimos meses las comunidades de la Organización de Negros Unidos por la defensa del río Anchicayá – Onuira- y el Consejo Comunitario Mayor del Río Anchicayá han denunciado la aparición de olores fétidos y cambios de coloración del río que para las comunidades es producto de nuevos vertimientos de lodos. La actuación de las instituciones de control no ha sido la que demanda la emergencia, mientras que las comunidades nuevamente ven afectados su derecho a la alimentación y al agua potable, y empiezan a padecer hambre. Al respecto tras un recorrido por la zona en mayo de 2019, el defensor regional Oscar Orejuela manifestó que “es muy lamentable lo que pudimos ver, la comunidad está totalmente abandonada por el Estado”.206

A dieciocho años de la catástrofe la esperanza de avanzar en la reparación y la justicia se vuelve a inundar en el último período de gobierno. Los líderes de la zona además advierten el grado de abandono estatal, solo una comunidad tiene acueducto, y les preocupa que la situación del río Anchicayá se replica en quebradas como Bartolo, Opodobó, La China, El Caimán, Caimito, el Galbe, Dos Quebradas, El Titero, La Ciénaga, La Sonadora y El Coronillo, las cuales están siendo afectadas por la disminución de caudales y pérdida de especies.

El caso Hidroituango.207 Desde hace más de tres décadas se han escuchado voces de geólogos señalando los inconvenientes técnicos del sitio escogido para el emplazamiento del muro de Hidroituango. A esto se aunaron las voces de las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico que demandaban real participación ciudadana y el reconocimiento de la relación entre el conflicto armado que agobió con masacres la zona de influencia del proyecto además de la destrucción de los medios de vida de miles de pobladores y cientos de hechos violatorios de los Derechos Económicos, sociales cultura y ambientales, que no estaban contemplados en el Estudio de Impacto Ambiental ni en el Plan de Manejo Ambiental del megaproyecto.

Estas situaciones se agudizaron con el hecho de querer cumplir el cronograma de obras y empezar a generar energía en la fecha prevista, evitando el cobro de sanciones económicas por parte de la CREG a EPM, lo cual ha implicado la toma de decisiones aceleradas, incluso a espaldas de la autoridad como sucedió con la construcción del Sistema Auxiliar de Desviación –SAD- que ya se había empezado a construir en el momento en que se solicitó la autorización por parte de la ANLA o el plan de aceleración que estipuló prebendas económicas para los consorcios contratistas en caso de cumplir los tiempos inicialmente estimados.

Este conjunto de decisiones produjo en parte la crisis generada a partir del 28 de abril de 2018 con el taponamiento de los túneles y embalsamiento repentino de las aguas del Río Cauca, conllevando nuevas afectaciones del proyecto y con ello nuevos afectados sin que en algún momento se tenga en cuenta la participación de las comunidades.

En el último año son lamentables las siguientes situaciones violatorias de derechos humanos y ambientales: Desinformación de las comunidades afectadas por parte de EPM, el presidente Duque ha visitado el proyecto y a pesar del riesgo que vivió tampoco ha dado claridad de los hechos a la opinión pública; desplazamiento forzado, destrucción de bosque seco tropical, pérdidas de medios de sobrevivencia sin atención efectiva, impactos psicosociales, pérdidas de cultivos de pancoger por migración de fauna y afectación a la educación de niños y niñas entre otros.

“En el último año son lamentables las siguientes situaciones violatorias de derechos humanos y ambientales: Desinformación de las comunidades afectadas por parte de EPM, el presidente Duque ha visitado el proyecto y a pesar del riesgo que vivió tampoco ha dado claridad de los hechos a la opinión pública; desplazamiento forzado, destrucción de bosque seco tropical, pérdidas de medios de sobrevivencia sin atención efectiva, impactos psicosociales, pérdidas de cultivos de pancoger por migración de fauna y afectación a la educación de niños y niñas entre otros.”

El caso de la represa La Salvajina. La represa construida en el alto del Río Cauca en la década de los 80 sigue generando nuevos impactos y afectaciones sobre las comunidades afrodescendientes e indígenas por el represamiento de las aguas del río Cauca. Actualmente se encuentra en curso un proceso de Consulta Previa para la repotenciación de la hidroeléctrica, que ya ha cumplido su vida útil, al tiempo que los líderes y lideresas de la zona han recibido múltiples amenazas contra su vida por el trabajo de defensa del territorio y organización de las comunidades que adelantan en el territorio para salvaguardar sus derechos humanos.

El caso de El Quimbo. Las familias afectadas que se articulan en Asoquimbo denuncian que los recursos destinados para salvaguardar el derecho a la tierra y con ello el derecho a la alimentación, se encuentran a punto de perderse por negligencia de las instituciones estatales en connivencia con la empresa constructora Emgesa.

“En el último año son lamentables las siguientes situaciones violatorias de derechos humanos y ambientales: Desinformación de las comunidades afectadas por parte de EPM, el presidente Duque ha visitado el proyecto y a pesar del riesgo que vivió tampoco ha dado claridad de los hechos a la opinión pública; desplazamiento forzado, destrucción de bosque seco tropical, pérdidas de medios de sobrevivencia sin atención efectiva, impactos psicosociales, pérdidas de cultivos de pancoger por migración de fauna y afectación a la educación de niños y niñas entre otros.”

Las comunidades han soportado la hambruna a partir de sus medios de vida y pese a adelantar esfuerzos propios para sobrepasar esta situación al crear mesas de diálogo con la gobernación departamental, los acuerdos y discusiones se encuentran estancados. A partir de la visita del presidente Duque a la zona en octubre de 2018, se constituyó un nuevo espacio de diálogo del cual se intentó excluir a Asoquimbo y donde ilegítimamente se quería incluir a la empresa causante de los daños y perjuicios. Sin embargo, a la fecha los acuerdos y acciones de la mesas no prosperan pese a las necesidades evidenciadas por los funcionarios de gobierno.

El caso Hidrosogamoso. Durante los últimos tres meses las familias asentadas aguas abajo de la represa están siendo afectadas por los olores nauseabundos generados por la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ubicada en el sector de la Playa (a 800 metros del muro), generando molestias en las horas de la tarde para las personas del sector quienes ya no pueden realizar sus actividades cotidianas con tranquilidad por la incomodidad que generan estos olores. A su vez, las aguas de la PTAR están llegando a la quebrada La Cabezona, que desemboca en el río Sogamoso, por lo que se han presentado brotes en la piel, especialmente en los niños y niñas.

Por otro lado, el control del cauce del río por parte de la empresa Isagen ha llevado a la pérdida de cultivo en las orillas del río por la reducción o aumento drástico de los caudales, y en el primer caso miles de peces pequeños quedan atrapados en las piedras frente a lo cual la comunidad ha implementado acciones de rescate sin recibir ningún tipo de ayuda por parte de las autoridades competentes ni de los generadores del daño. Estas situaciones agudizan la crisis alimentaria de las comunidades lugareñas generadas por el megaproyecto, las cuales también sufrieron los impactos del derramamiento del pozo la Lizama 158, que generó impactos irreversibles sin que hasta ahora se haya podido recuperar los medios de vida en la zona.

El caso de la Represa Urrá I. En el último período de nuevo ha quedado en evidencia que la operación de esta hidroeléctrica ha generado el avance de la erosión de las riberas poniendo en riesgo la existencia de comunidades como el Playón en el bajo Sinú entre otras. Esta situación ha sido expuesta por medio de diferentes mecanismos a las autoridades competentes por parte de las comunidades afectadas articuladas en Asprocig. Sin embargo, el riesgo de desbordamiento del río y los incipientes avances de los espacios de diálogo llevaron a las comunidades locales a manifestarse pacíficamente sobre la troncal caribe el pasado 18 de marzo citando en el lugar a la mandataria local, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), el Ministerio Público, el Ministerio de Ambiente, Corporación el Valle del Sinú (CVS) y demás entidades competentes, pero la respuesta que obtuvieron fue la presencia del Esmad que procedió casi de inmediato a disolver la manifestación con gases lacrimógenos sin respetar la presencia de adultos mayores y madres que se encontraban con sus hijos. Se espera que las conversaciones y mesas establecidas con las autoridades municipales involucren un real proceso de participación ciudadana, en especial de las comunidades afectadas, en la búsqueda de soluciones y alternativas a la problemática.208

El desborde las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas. Éstas se ofrecen como una alternativa a las grandes represas pero en departamentos como Caldas, Tolima y el Quindío estos proyectos se vienen implementando sin la participación ciudadana, promovidos por intereses privados que buscan generar negocios con el fluir de los ríos pero que no obedecen a las necesidades de las comunidades que afectan ni a los planes de vida de los lugareños.

Al respecto se aprecian acciones de las empresas que se salen del debido proceso en Caldas y están pasando por encima de las corporaciones regionales. Tal es el caso de la empresa E-léctrica en el Quindío que a pesar de no contar con permisos de la CRAG sigue llamando a reuniones de socialización a las comunidades locales. Estos hechos, que generan diversas expectativas en los pobladores, ponen en riesgo la labor de defensa del territorio y DDHH de los y las pobladoras locales. La agudización del conflicto armado. En el último período en diversas regiones del país se ha evidenciado que los actores armados ilegales han venido fortaleciendo su presencia y han generado una campaña sistemática de terror para frenar la labor de los defensores de derechos humanos y ambientales, y entre quienes se oponen a los proyectos hidroeléctricos sin percibir por parte del Estado una política de atención estructural a esta problemática. A la fecha varias familias han tenido que desplazarse forzadamente y ha habido asesinatos sobre los cuales no avanzan las investigaciones.

En el último período en diversas regiones del país se ha evidenciado que los actores armados ilegales han venido fortaleciendo su presencia y han generado una campaña sistemática de terror para frenar la labor de los defensores de derechos humanos y ambientales, y entre quienes se oponen a los proyectos hidroeléctricos sin percibir por parte del Estado una política de atención estructural a esta problemática.”

Propuestas de atención

En esta situación cobran relevancia las propuestas que el Movimiento Ríos Vivos Colombia ha presentado al gobierno nacional en años previos como son:

1. La conformación de una Comisión Nacional de Represas en la que se estudien los beneficios, impactos y desafíos de las represas ya construidas en Colombia, que emita orientaciones de política pública para la toma de decisiones del desarrollo del sector y que oriente la reparación de la deuda histórica que el país tiene con los afectados por represas.209 En dicha comisión deben tener asiento las comunidades afectadas, instituciones competentes del Gobierno, academia y funcionarios con capacidad de decisión.

2. Generación de un diálogo de alto nivel con participación de los ministros de Agricultura, Interior, Ambiente y Minas y Energía, y de las comunidades afectadas para atender los vacíos legislativos que incurren sistemáticamente en la violación de derechos humanos y desmejoramiento de condiciones de vida de las comunidades afectadas por represas en Colombia.210

3. La Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular ha establecido la propuesta de adelantar un Diálogo Nacional Minero Energético en el cual se definan elementos para una nueva política pública sobre el tema. Es necesario retomar esta propuesta que en una primera fase se desarrolló en Barrancabermeja financiada por el Gobierno Nacional pero que entró en el congelador con el nuevo Gobierno.


206 El Espectador. 2019. “Pobladores de Anchicayá (Buenaventura) denuncian nueva contaminación del río.” 26 de mayo. Recuperado de: https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/pobladores-de-anchicaya-buenaventura-denuncian-nueva-contaminacion-del-rio-articulo-862811
207 Ver artículo ¿Dónde ha estado el Presidente? en este informe, pág. 284.
208 Movimiento Ríos Vivos 2019. “SOS Desbordamiento del Río Sinú”. Recuperado de: https://defensaterritorios.wordpress.com/2019/03/18/s-o-s-por-desbordamiento-de-riberas-del-rio-sinu/
209 Movimiento Ríos Vivos. 2014. “Colombia: Víctimas de megaproyectos y la naturaleza como víctima.” Recuperado de: https://defensaterritorios.wordpress.com/tag/comision-nacional-de-represas/
210 Movimiento Ríos Vivos. 2011. Ríos vivos propone diálogo sobre política energética al Alto Gobierno. Audiencia Pública “Política minero energética y su impacto en los territorios”. Colombia, Senado de la república. Bogotá D.C. agosto 03 de 2011.