Talante autoritario y regresividad de los derechos

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El gobierno de Iván Duque se ha caracterizado ostensiblemente como neoconservador y corporativista; con un enfoque del crecimiento económico focalizado en bienes primarios y servicios, y una aproximación a las brechas de género como fallas de mercado; con un talante autoritario, y una lógica de mercado como supuesta “garantía de derechos”.

En primera medida es un gobierno neoconservador porque limita las libertades individuales (la dosis mínima y el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo), asume una aproximación única al concepto de familia, y da preponderancia a la visión cristiana de la vida religiosa respecto de diversas problemáticas sociales. De hecho la única alusión a sujetos de derechos en el Plan de Desarrollo se hace frente a la familia.

Corporativista, en la medida en que representa los intereses de un sector de los gremios económicos que no solamente logró incluir su agenda dentro de las bases del Plan, sino que cuenta con una importante representación en la cartera ministerial.146

La idea de desarrollo social es equiparada con el crecimiento económico y se focaliza en la producción de bienes primarios y en el sector Servicios. Se trata de promover un Estado que interviene en la economía a través de exenciones tributarias y subsidios a ciertas actividades económicas, y la promoción del emprendimiento tanto individual como desde las organizaciones y cooperativas. La idea de fondo es la articulación entre grandes proyectos productivos, principalmente de agroindustria y extractivos, con los procesos locales que se involucrarían como “socios”. El papel del agro es preponderante y se entiende desde una perspectiva basada en la generación de incentivos crediticios y tributarios, para promover la inversión, de la mano con la provisión de bienes públicos como distritos de riego, vías e infraestructura digital, entre otros, potenciándolo con alianzas público-privadas para el crecimiento del sistema de mediana y gran escala; es decir, un enfoque de promoción de las empresas agrícolas medianas y grandes.

Las brechas de género se explican como resultado de barreras individuales de acceso a la educación y al mercado de trabajo por parte de las mujeres, desconociendo las estructuras de poder subyacentes a estas brechas.

Y el talante autoritario, aunque podría parecer un regreso al discurso neoliberal más radical, presenta algunos rasgos diferenciales frente a lo que ocurrió en América Latina durante la década de 1990 y comienzos del 2000, pues se trata de un modelo agrario y financiero que requiere limitar los mecanismos democráticos para las decisiones en materia de políticas económica y de desarrollo. Y también porque la debilidad del liderazgo del Presidente ha llevado a que busque recomponer múltiples acuerdos con sectores políticos tradicionales en el país en los cuales se manifiesta cada vez con mayor claridad el recurso a la vía autoritaria, de manera que en el momento político actual, la democracia colombiana está amenazada.

“Se trata de un modelo agrario y financiero que requiere limitar los mecanismos democráticos para las decisiones en materia de políticas económica y de desarrollo. Y también porque la debilidad del liderazgo del Presidente ha llevado a que busque recomponer múltiples acuerdos con sectores políticos tradicionales en el país en los cuales se manifiesta cada vez con mayor claridad el recurso a la vía autoritaria, de manera que en el momento político actual, la democracia colombiana está amenazada.”

De este modo, el talante autoritario se manifiesta, al menos, en cinco rasgos:

El enfoque de las relaciones internacionales: Con sus declaraciones y decisiones en relación con la situación política en Venezuela, el gobierno de Duque está promoviendo y validando golpes de Estado fuera de Colombia, lo que muestra su naturaleza antidemocrática. Además muestra la adhesión a la agenda neoconservadora del continente encabezada por Trump y Bolsonaro.

La eliminación y limitación de los mecanismos de participación democrática: Aún antes de la posesión de Duque el sector político al que representa estuvo avanzando en la limitación de mecanismos de participación. En relación con la consulta popular, además de las permanentes referencias de la Agencia Nacional de Minería a la necesidad de que la realización de estos ejercicios sea financiada por los municipios (posición retomada por el actual Ministro de Hacienda), la sentencia SU-095 de 2018, al ordenarle al Congreso de la República la definición de uno o varios mecanismos de participación ciudadana para las decisiones relacionadas con la exploración y explotación de recursos naturales no renovables del subsuelo, abre la posibilidad de que el alcance del mecanismo sea limitado. Esto, además, es una muestra del retroceso de la descentralización política y administrativa.147

Frente a la consulta previa, en septiembre de 2018 la bancada de Cambio Radical radicó en el Senado el proyecto de ley 134 una propuesta de reforma a la ley sobre el tema bajo la engañosa premisa del abuso del mecanismo, con el fin de “hacerlo más eficiente”. El texto restringe de manera regresiva el derecho fundamental a una consulta previa de consentimiento libre e informado, que constituye además un medio para garantizar la autodeterminación de los pueblos étnicos y la protección integral de sus territorios.

Por último, el gobierno ha expresado una clara repulsión frente a la movilización ciudadana y la posibilidad del ejercicio del derecho a la protesta, que se refleja en acciones de represión y señalamientos, y en la reticencia a avanzar la aplicación del “Protocolo para la coordinación de acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica”.

Abandono de la agenda de apertura democrática: Se evidencia un abandono total de la agenda de paz, especialmente del punto 2 del Acuerdo de Paz sobre apertura democrática, pues se opone a lo que se había avanzado al no impulsar la reforma política, las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz, la Ley estatutaria de garantías para la participación de organizaciones y movimientos sociales y para la movilización y la protesta social, ni la apertura para medios de comunicación.

Estigmatización de algunos sectores sociales y políticos: Se están reeditando las medidas y discursos vigentes durante la Seguridad Democrática. Por un lado, dispositivos como las Zonas Integrales Especiales de Seguridad muestran un interés por proveer seguridad a las instituciones, no la garantía de derechos. Por otro lado, el fortalecimiento de un discurso que se sustenta en la dicotomía entre patriotismo y terrorismo, potenciado por al atentado perpetrado por el ELN en la Escuela General Santander, crea un escenario propicio para la estigmatización y los señalamientos que en un contexto de permanentes asesinatos y amenazas a líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos, es alarmante.

Reducción de los escenarios de participación para la formulación de políticas públicas: El concepto de participación que parece estar detrás de las iniciativas gubernamentales se asimila al de socialización y participación simbólica. Por un lado los talleres “Construyendo País” son una reedición de los “Consejos Comunitarios” de Álvaro Uribe, en los cuales, con la excusa de promover el diálogo social y la interacción permanente con el Gobierno Nacional, se dan órdenes a funcionarios de distinto nivel ante solicitudes puntuales de los asistentes. Por otro lado las políticas públicas se formulan desde las oficinas técnicas del gobierno sin espacios de participación ciudadana.

Un rasgo a partir del cual se manifiesta la participación simbólica es la estrategia virtual de recopilación de propuestas para el Plan de Desarrollo. Mientras el DNP ya se encontraba terminando las primeras versiones de sus bases, abrió una vitrina digital en la cual cualquier persona podía presentar una propuesta pero que requería 7000 votos para ser considerada.

La regresividad en el Plan de Desarrollo

Las amenazas a la democracia no solamente se evidencian en las diferentes manifestaciones del talante autoritario de este gobierno, también en una pulsión por sustentar las relaciones entre la ciudadanía y el Estado desde el mercado y no desde la titularidad de derechos.

El Plan de Desarrollo asume la postura del “giro ideológico” anunciada por múltiples funcionarios, que se caracteriza por tres elementos: Más mercado y competencia; Derechos con corresponsabilidad; Gastar mejor antes que gastar más. Y parte de una aproximación equivocada al concepto de derechos humanos, que como se sabe implican responsabilidades principalmente para el Estado, en cuanto a respetarlos, promoverlos y protegerlos; y la estructura de la obligación que se configura para un derecho humano es diferente a la que puede tener otro derecho derivado de un contrato, pues la titularidad surge de una relación con el Estado denominada ciudadanía que no está condicionada al cumplimiento de requisitos, salvo en los casos definidos por la Constitución (por ejemplo, la limitación de los derechos civiles y políticos de las personas condenadas por delitos).

De otro lado, se asimila el goce efectivo de derechos con la cobertura, dejando de lado las ideas de titularidad y exigibilidad, al igual que lo relacionado con calidad. El criterio para la evaluación de las políticas públicas es la eficiencia en el uso de los recursos, lo que representa un retroceso en relación con los avances que a lo largo de muchos años se han logrado en el país en materia de reconocimiento del Enfoque Basado en Derechos Humanos como criterio orientador de todo el ciclo de política pública.


146 Ver en este libro, Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, pág 52
147 Ver en este libro Alberto Maldonado, pág. 222