Una historia con mucho esfuerzo y poco futuro

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La consulta anticorrupción

La corrupción es uno de los temas más recurrentes en la opinión pública nacional. Medios de comunicación, políticos, entidades de control, ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil denuncian casi diariamente un acto de corrupción; su aumento preocupa sobremanera a Colombia, y podría empeorar si el país no logra resultados realmente efectivos en la lucha contra este fenómeno.

Colombia ocupa el puesto 96 entre 180 países con mayor Índice de Percepción de Corrupción (IPC). En una escala de 0 a 100, donde cero es muy corrupto y cien muy transparente, desde hace cuatro años el país se mantiene en una calificación de 37/100, según Transparencia Internacional.

Según el informe “Así se mueve la corrupción -Radiografía de los hechos de corrupción en Colombia 2016-2018” de Transparencia por Colombia, la salud y la educación son los sectores más afectados con el 30% de los casos, seguido por el sector de vivienda, infraestructura y servicios públicos con el 20% y los procesos de la gestión pública, con el 10%.

Dentro del total de actores vinculados a hechos de corrupción, el 39% fueron funcionarios públicos y el 30% autoridades electas por voto popular. De estas últimas el 41% fueron concejales y el 40% alcaldes, seguidos por Gobernadores (10%), Diputados (7%) y Senadores (2%).

La corrupción administrativa (73%), que corresponde al manejo inadecuado de los fondos y potestades públicas por parte de funcionarios públicos, obtuvo el mayor número de hechos de corrupción identificados en este registro, seguida por corrupción privada (9 %) y judicial (7%). De los hechos asociados a la corrupción administrativa los procesos de contratación pública (46%) continúan siendo el principal problema.

Además, existe un vínculo entre corrupción y la vulneración de los derechos humanos: el 59% de los hechos de corrupción afectaron derechos económicos, sociales y culturales, el 39% los derechos civiles y políticos, y el 2% los derechos colectivos y del medio ambiente.

Por otro lado, la facultad de finanzas, gobierno y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia ha identificado que las modalidades de corrupción que más afectan a Colombia ocurren en la contratación, en la justicia, peculado, corrupción electoral, en el sector privado y clientelismo, el soborno, la apropiación de bienes públicos, la extorsión y el nepotismo. No obstante, enfatizan en que la corrupción electoral tiene los efectos más profundos porque desvía la voluntad popular y afecta la democracia.

El sentido de la lucha contra la corrupción

La corrupción es el uso de bienes públicos para beneficios privados, y en Colombia como en muchos otros países y sociedades se ha expresado de distintas maneras en diferentes instancias de la sociedad. Tiene costos económicos altos (sobre el desarrollo y la eficiencia económica, entre otros), costos sociales inadmisibles (sobre la entrega y calidad de bienes y servicios públicos, el acceso igualitario al Estado, la pobreza y la equidad, la confianza en los demás y el capital social), y costos políticos también muy graves (sobre la legitimidad del Estado y de la democracia, la toma de decisiones públicas en pro del interés general y la confianza en las instituciones).

En este sentido, combatir la corrupción no sólo implica cuestionar los privilegios adquiridos por quienes se enriquecen con las arcas públicas, o luchar contra el fenómeno en el sistema político y electoral, sino que además significa respetar, proteger y cumplir los derechos humanos, luchar contra la inequidad y la pobreza, el fortalecimiento de la democracia y la democratización de la política. Combatir la corrupción no solamente es responsabilidad de las autoridades electorales o la rama de justicia; implica un compromiso del Estado y sus instituciones y de la ciudadanía (su participación en la toma de decisiones, los presupuestos públicos y la efectiva vigilancia a quienes manejan los dineros públicos es fundamental para luchar contra la corrupción).

El Estado tiene la responsabilidad principal en la medida en que debe modificar normas e instituciones, teniendo en cuenta que en países donde la corrupción es sistémica es poco probable que pequeños mecanismos institucionales puedan conducir a una mejor gobernanza. Por ejemplo, aunque Colombia ha adoptado medidas como aumentar la transparencia y el acceso a la información pública, reducir los trámites, organizar los mecanismos de investigación y sanción, tipificar delitos y recuperar dineros apropiados de manera indebida, mapas de riesgos, planes anticorrupción, nuevos sistemas para la aprobación y monitoreo de proyectos financiados con regalías, no hay evidencia de que nada de esto haya ayudado efectivamente.

A partir de allí un conjunto de organizaciones sociales constituyó la Veeduría al Mandato Ciudadano Anticorrupción que surgió desde diferentes organizaciones sociales tanto a nivel nacional como territorial para hacer seguimiento al conjunto de proyectos de ley anticorrupción y al cumplimiento del Pacto Político Anticorrupción, la cual ha realizado constante análisis del trámite de dichos proyectos, concluyendo con un balance muy desalentador.”

En agosto de 2018 11’674.951 personas (más de las personas que votaron por cada uno de los candidatos en segunda vuelta de elecciones presidenciales) votaron a favor de la Consulta Anticorrupción, pero por falta de menos de 400.000 votos las medidas relacionadas con reducción de salarios, cárcel a corruptos, contratación transparente, presupuestos participativos, rendición de cuentas, declaración de rentas y límite a periodos no fueron de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, como producto de la importante votación que obtuvo la consulta, el gobierno nacional en cabeza del Presidente de la República y el Ministerio del Interior, y los partidos políticos realizaron un pacto político de lucha contra la corrupción en agosto de 2018, que acordó impulsar, tramitar y aprobar varias iniciativas legislativas relacionadas con la lucha contra este flagelo. En total fueron 24 proyectos sobre contratación pública, rendición de cuentas, sanciones, integridad pública y diseño institucional, y presupuestos públicos.

A partir de allí un conjunto de organizaciones sociales constituyó la Veeduría al Mandato Ciudadano Anticorrupción que surgió desde diferentes organizaciones sociales tanto a nivel nacional como territorial para hacer seguimiento al conjunto de proyectos de ley anticorrupción y al cumplimiento del Pacto Político Anticorrupción, la cual ha realizado constante análisis del trámite de dichos proyectos, concluyendo con un balance muy desalentador.

Luego de diez meses de haber presentado 24 proyectos legislativos como parte del pacto político y con la promesa del gobierno nacional y los partidos políticos de crear medidas claras en materia de contratación pública, rendición de cuentas por parte de congresistas, fortalecimiento de la prevención y sanción a los hechos de corrupción, declaración de bienes y rentas como información de acceso público, y finalmente la voluntad de implementar mecanismos de presupuesto participativo, diez se han hundido, dos aún no tienen ponencias, siete no han sido discutidos en sus respectivas comisiones, y cinco tienen algún tipo de discusión que incluye “micos” o son escasos en contenidos transformadores.

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Los diez proyectos que se hundieron son:
  • Límite a los períodos de los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa, que pasó primer debate en Comisión Primera de Cámara con el mico de hacerlos no consecutivos (ya se veía mala cara) y en plenaria de Cámara fue archivado.
  • El tope para el salario de los congresistas y servidores públicos del Estado (presentado por el Ministerio del Interior con apoyo de todos los partidos) que ni siquiera superó su primer debate, también en Comisión Primera de Cámara, donde la mayoría de sus miembros se declararon impedidos (incluidos sus ponentes) por conflicto de intereses (dejando de lado que el proyecto planteaba un régimen de transición y estaba supeditado a nuevos congresistas), abandonaron la sesión y no discutieron.
  • La Reforma a la Justicia que se hundió porque no cumplió con sus primeros cuatro debates.
  • El proyecto de Imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública, que tampoco cumplió sus cuatro primeros debates.
  • Adopción de medidas en materia penal y administrativa en contra de la corrupción (el proyecto presentado por la Fiscalía y conocido en la opinión pública como “la ley anticorrupción”) que no fue puesto en la discusión para conciliación.
  • Incentivar la transparencia y la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación (presupuestos participativos) que se hundió en Comisión 4 de Senado.
  • Remuneración de los Congresistas que no cumplió con sus primeros 4 debates presentado por José David Name Cardozo y Rodrigo Lara Restrepo.
  • Tope para el salario de los congresistas y servidores públicos del Estado -presentado por el Ministerio del Interior con apoyo de todos los partidos-, que fue retirado por el Ministerio del Interior al ser presentado concepto jurídico que hundía el proyecto.
  • Reforma Política que fue retirado por el Ministerio del Interior.
  • Medidas en contra de la corrupción (presentado por Cambio Radical y el Partido de la U), que contenía un conjunto de medidas para evitar la corrupción y castigar a quienes incurran en actos de corrupción; utilización de pliegos y documentos tipo para toda la contratación pública y las interventorías, para todas las entidades sometidas al Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública y publicación de datos abiertos y contratos celebrados oportunamente por las entidades públicas en sus sitios web y la contratación directa por no más del diez por ciento de su presupuesto anual.
Estado de los proyectos legislativos de reforma
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Los dos proyectos que no tienen ponenciasSobre tope de salarios (presentado por el Ministerio del Interior con apoyo de todos los partidos) y la cátedra obligatoria de ética ciudadana y cuidado de los recursos públicos, se fortalecen los mecanismos de pedagogía social, se imponen sanciones sociales a quienes hayan sido condenado por actos de corrupción.
Los siete proyectos que no han sido discutidosTienen que ver con transparencia en la terminación anticipada de contratos de asociación público-privada; las modificaciones a la ley 610 de 2000 (trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías), de la ley 1474 de 2011 (fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) y del decreto ley 267 de 2000 (organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, se establece su estructura orgánica, se fijan las funciones de sus dependencias); probidad administrativa, establecimiento de responsabilidad penal de las personas jurídicas y fortalecimiento del ministerio público; el reglamento de las funciones del Congreso en relación con la acusación de los funcionarios aforados; el fortalecimiento de reglas para la persecución penal efectiva y el reintegro de bienes por parte de procesados y condenados por corrupción y delitos contra la administración pública y la regulación al cabildeo.
Los proyectos con algún tipo de trámiteSobre pliegos tipo; publicación de las declaraciones de bienes, renta y conflicto de interés de los funcionarios públicos y particulares con funciones públicas; registro de intereses privados de los congresistas; mecanismos de rendición de cuentas y transparencia de la gestión de los congresistas, concejales, diputados e integrantes de Juntas Administradoras Locales; e inhabilidades para los condenados por corrupción y delitos contra la administración pública, así como la terminación unilateral administrativa del contrato por actos de corrupción. Luego de diez meses y al finalizar esta legislatura, estos proyectos sólo fueron discutidos una vez, aunque estuvieron en los órdenes del día reiteradas veces; muchos de ellos contienen micos o no generan medidas efectivas para luchar contra la corrupción. De igual modo existe incertidumbre sobre su aprobación debido a la lentitud con la que han sido discutidos.

De otra parte la Veeduría realizó una análisis al contenido del Plan Nacional de Desarrollo en materia de lucha contra la corrupción, que cuenta con iniciativas de seguridad y justicia, una política pública anticorrupción, la construcción de una matriz de riesgos de corrupción, la formulación de la ley de cabildeo, medidas de transparencia y acceso a la información pública y en torno a la contratación pública, acciones de control fiscal nacional y territorial, y una propuesta de reducción de gasto público. Sin embargo las medidas propuestas tienen puntos preocupantes, ineficientes o incluso sin contenido, como por ejemplo la benevolencia con las multas a los contratistas, la autorización de vigencias futuras ordinarias o excepcionales durante el año 2019 para proyectos que conlleven cofinanciación nacional, y la redistribución de los recursos de salud, que implicarían una pérdida de autonomía de las entidades territoriales a partir de la concentración que se propone de los mismos en la Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social o la unificación de la Cátedra de Paz con la Cátedra de ética, participación ciudadana, prevención, acceso a la información y lucha contra la corrupción. Asimismo, no se proponen medidas referentes a la participación ciudadana y los presupuestos participativos, que son fundamentales para la lucha contra la corrupción y frente a la transparencia electoral.

Es un hecho que fracasó el acuerdo político suscrito por el gobierno nacional y los partidos políticos para impulsar medidas de lucha contra la corrupción, tanto por falta de liderazgo del Ministerio del Interior como del presidente de la República. A esto se suma, la falta de compromiso y voluntad política de los partidos que sacaron pecho para firmar el pacto anticorrupción, con declaraciones públicas de compromiso con las 11’674.951 personas que expresaron su voluntad contra la corrupción, y que no han hecho más que defraudar a sus electores.