Ante un Estado incapaz de proteger, las comunidades deciden hacerlo

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El creciente reconocimiento de las prácticas de autogestión local de la seguridad

Las políticas de los Estados para garantizar la labor y proteger su vida e integridad de los defensores de Derechos Humanos y de los líderes sociales, especialmente en países con conflictos armados y diferentes formas de violencia, han demostrado su ineficacia y por el contrario los riesgos y amenazas aumentan exponencialmente, como es el caso de Colombia.

En este contexto algunos actores de la comunidad internacional y de las sociedades nacionales han empezado a reconocer las iniciativas y estrategias de autoprotección o “actividades de protección basadas en comunidad”, como las denominan los estudios realizados por Local to Global Protection (L2gp) y la Red de Prácticas Humanitarias del Overseas Development Institute.344

El Grupo Temático Mundial sobre Protección y el nuevo documento de política de protección humanitaria, registran la tendencia reciente de las comunidades y organizaciones sociales afectadas por conflictos armados en cuanto a no esperar que los actores humanitarios y las instituciones del Estado analicen sus amenazas y les ofrezcan respuestas apropiadas. De forma autónoma están pendientes de su entorno y toman sus propias decisiones para auto-protegerse. 345 en una situación de crisis que pone a las personas en riesgo, es habitual que sea la propia comunidad la que dé la primera respuesta desarrollando estrategias y acciones de autoprotección de todo tipo. Señalan que “el reto para las organizaciones humanitarias externas es no ignorar estas estrategias y explorar su potencial tratando de entender la realidad que viven las comunidades, sus necesidades y qué es lo que cada comunidad entiende por protección”. De esta manera sería posible que se incorporasen las experiencias de protección comunitarias a las políticas y la acción tanto de los organismos de protección internacionales como de los Estados.346

Las experiencias de autoprotección en Colombia desenmascaran el “embrujo” de la protección estatal.

Quizá como en ningún otro país del mundo en Colombia se cuenta con un amplio marco legal de normas y jurisprudencia, una serie de instrumentos, dispositivos y andamiaje institucional para la protección de las víctimas, defensores de derechos humanos y líderes sociales. Paradójicamente también ocupa los primeros lugares en cuanto a asesinatos, amenazas y todo tipo de persecuciones a los mismos.

En tal sentido no sólo por las agresiones de los grupos insurgentes sino también por las acciones de los grupos paramilitares y las violaciones a derechos fundamentales cometidas por agentes del Estado, desde la década de los años 80 las organizaciones sociales, de derechos humanos y defensores impulsaron una serie de estrategias para “elevar el costo político de los agresores” tales como la creación de comités locales de defensa y denuncia de las violaciones de derechos humanos, de redes de apoyo a nivel local, nacional e internacional, y de bases de datos para el registro y seguimiento de casos, al tiempo que impulsaron medidas de protección relacionadas con el cuidado de sus líderes, proteger la información, vigilar en sus casas y sedes de trabajo, protegerse en los desplazamientos
y actividades propias de las organizaciones como manifestaciones, protestas y reclamos colectivos, entre muchas otras.

La ineficacia de la política estatal de protección, la desconfianza de las comunidades en los operadores de dichas políticas, y la ampliación del ámbito de las agresiones llevó a que las comunidades con sus organizaciones y líderes crearan iniciativas autónomas de autoprotección individual y colectiva, en tanto las amenazas no provienen solamente de los actores armados legales e ilegales sino también de la contaminación ambiental, de la destrucción del territorio por las operaciones agro-extractivistas, y del despojo y la acumulación de tierras.”

Pero la situación de inseguridad para comunidades, defensores y líderes no se detuvo y hoy toma la dimensión de un estado de cosas crítico y sistemático.

La ineficacia de la política estatal de protección, la desconfianza de las comunidades en los operadores de dichas políticas, y la ampliación del ámbito de las agresiones ya no sólo dirigidas a líderes/as individualmente considerados sino a comunidades, organizaciones sociales y especialmente a los territorios en la perspectiva del control geográfico, socio cultural, ambiental y de bienes naturales, llevó a que las comunidades con sus organizaciones y líderes crearan iniciativas autónomas de autoprotección individual y colectiva, en tanto las amenazas no provienen solamente de los actores armados legales e ilegales sino también de la contaminación ambiental, de la destrucción del territorio por las operaciones agro-extractivistas, y del despojo y la acumulación de tierras, lo que afecta la integridad física de las personas y cultural, el tejido social y el entorno natural.

En este sentido las iniciativas de autoprotección que se mencionan a continuación superan el enfoque institucional de “mecanismos o medidas” y se sitúan en el marco de propuestas autónomas, de ejercicio de poder comunitario y de defensa de un entorno seguro para el buen vivir: “Las montañas nos protegieron. Tomamos comida silvestre y nos tratamos con medicina tradicional. Actuamos en comunidad y bajo la orientación de nuestros líderes. Todos nos colaboramos. Sabíamos que nadie nos iba a defender sino nosotros mismos. Teníamos que hacer resistencia en nuestro territorio, no rendirnos. Allí nació nuestra propuesta de autoprotección” (líder indígena del Chocó).

Como podrá verse a continuación, las experiencias de autoprotección no son uniformes. Allí radica su riqueza y su fortaleza, dado que sus enfoques, estructuras, modos de funcionamiento, etc., dependen de la realidad local/regional, del tipo de amenazas o riesgos que pretenden enfrentar, así como de las identidades socioculturales, étnicas, de género y de las capacidades organizativas. Estas experiencias y quienes las lideran son hoy en día el principal foco de agresiones, dado que en su ejercicio autonómico, se oponen tanto a la violencia de los grupos armados ilegales como a las políticas públicas que atentan contra los derechos a la vida de las personas y a los derechos territoriales.


Tipos de auto-protección comunitaria

Un primer agrupamiento podría ser el de experiencias de autoprotección con base en áreas rurales o áreas urbanas: En las primeras se inscriben las comunidades de paz, las zonas humanitarias y de biodiversidad, los refugios humanitarios y los espacios humanitarios. En las áreas urbanas se destacan las experiencias de “asentamientos colectivos por el derecho a la ciudad” (Medellín) o la experiencia Puente Nayero en Buenaventura, los cuales se convierten en espacios humanitarios urbanos que disputan los enfoques y políticas de ordenamiento territorial.

Experiencia de autoprotección con origen en grupos étnicos. Las guardias indígenas y cimarronas y los conviteros, cuya fuerza está en el rescate de la memoria y prácticas ancestrales de resistencia y defensa de su identidad cultural y de sus territorios.

Experiencias de autoprotección motivadas y o apoyadas por iglesias y comunidades de Fe: Se destacan las “iglesias santuarios de paz”, los refugios humanitarios y las casas de paso y acogida.

Experiencias lideradas por mujeres como “Narrar para Vivir” en los Montes de María, mujeres indígenas defensores del territorio y la cultura.

Experiencias con base en comunidades campesinas: Guardias campesinas, Zonas de Reserva Campesina, territorios agroalimentarios para la vida.


344 Instituto de Desarrollo de Ultramar, en Birmania/Myanmar, Palestina, Sudán, Sudán del Sur y Zimbabue. El reciente trabajo realizado por el Centro Stimson, el Sudd Institute y el Center for Civilians in Conflict también ha contribuido a entender la autoprotección en la República Democrática del Congo y Siria.
345 ECHO (2016)
346 Oxford University. 2016. “Comunidades locales: primeras y últimas proveedoras de protección”. Revista Migraciones Forzadas No. 53.