Continúa el negacionismo

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Colombia ocupa el deshonroso primer lugar en agresiones a personas defensoras de derechos humanos, un hecho incomprensible en un periodo donde se han hecho importantes esfuerzos para cerrar el ciclo de violencia socio política que acompaña al país desde hace muchas décadas, y quizá por esto mismo se ubicó en un punto importante de la agenda pública con connotaciones nacionales e internacionales. Se denota un evidente crecimiento en las agresiones, la sevicia ejercida en el caso de mujeres y la especial afectación a ciertos sectores como las comunidades étnicas.

Es evidente que existe un aumento de los hechos de amenaza y homicidio que ha generado cada vez mayor reacción social y de los medios de comunicación, y que implica sin duda alguna costos para el gobierno y el Estado colombiano, pues se trata de un asunto sensible en términos humanos y sociales, pero también políticos en la medida que está asociado al éxito o fracaso del proceso de paz.

El 23 de agosto, quince días después de posesionado, el presidente Iván Duque firmó el “Pacto por la Vida y Protección de Líderes Sociales” en Apartadó, junto con la Procuraduría y demás instituciones del Estado. Allí se comprometió con una política pública de prevención y protección y activar otros mecanismos como la Comisión Nacional de Garantías CNGS, el mecanismo de respuesta rápida a las alertas tempranas, el fortalecimiento de la Unidad Nacional de Protección, entre otras.

El 20 de noviembre lanzó con bombos y platillos el PAO, en el cual incluyó varios de los compromisos adquiridos en el Pacto por la Vida, como la construcción de la política pública y la reingeniería de la UNP. Sin embargo, el enfoque militarista dado al PAO fue muy distinto al que venía construyendo el movimiento de derechos humanos y a lo consignado en el Acuerdo de Paz, de garantías y seguridad humana.

El 30 de enero, dada la presión social convocó la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad,278 pero la agenda desarrollada estuvo lejos de retomar el mandato de crear la política pública para el desmonte del paramilitarismo y crimen organizado, en una sesión en la cual los funcionarios apenas rindieron cuentas de su gestión sin aludir a la naturaleza de la Comisión a la que el Presidente Duque solo le dio tratamiento de una instancia consultiva del PAO. Desde entonces no se ha vuelto a reunir ni está funcionando.

El 31 de enero, justamente un día después, el Gobierno lanzó una estrategia de recompensas por el cartel de los cabecillas que supuestamente son quienes más asesinan líderes y lideresas sociales.279 Dicho cartel lo encabezan los mandos del ELN, el Clan del Golfo y dos disidencias de las FARC, dado que según la Fiscalía y el Gobierno, son quienes más atacan al liderazgo social. Sin embargo, esta información no es cierta pues las mismas estadísticas de la Fiscalía indican que del universo de 285 casos investigados, la responsabilidad de estos tres grupos llegaría a un 29.94%, donde las disidencias de las Farc-ep tendrían una responsabilidad del 11.98%, el Clan del Golfo del 10.18% y el ELN del 7.78%. El Gobierno no dice que la Fuerza Pública tendría una participación del 3%.280

Lo anterior muestra cómo el Gobierno, a partir de una manipulación de las cifras logra generar una matriz de opinión adversa a cualquier intento de continuar un proceso de paz, y mostrar la situación del movimiento social como un problema de terceros y particulares, donde el Estado nada tiene que ver”.

Lo anterior muestra cómo el Gobierno, a partir de una manipulación de las cifras logra generar una matriz de opinión adversa a cualquier intento de continuar un proceso de paz, y mostrar la situación del movimiento social como un problema de terceros y particulares, donde el Estado nada tiene que ver. Lo cual no es cierto, pues por acción u omisión los agentes del Estado tienen una alta responsabilidad, y el Estado tiene el deber y obligación de respetar, proteger y garantizar la vida e integridad física de estas personas.

Más recientemente, el Gobierno Nacional a través del Consejero de Derechos Humanos Francisco Barbosa, anunció que se habían reducido en un 35% los casos de homicidios contra defensores y que desde agosto de 2018, cuando asumió, hasta julio de 2019, se han registrado 68 casos de asesinatos de líderes y lideresas sociales.281 Sin embargo, y sin pretensión de reducir el grave problema a una cuestión de cifras, desde las estadísticas del Programa Somos Defensores, en ese mismo periodo, se documentaron al menos 130 casos de asesinatos de estas personas, es decir casi el doble del registro del consejero. Y si se trata de periodos comparativos, de acuerdo con Somos Defensores entre agosto de 2017 y agosto de 2018, al menos se presentaron 132 casos.282 Es decir, nuestras estadísticas no cuadran cuando tratan de mostrar resultados en prevención.

No se sabe a ciencia cierta cuáles son los marcos de comparación para mostrar la disminución de las cifras que usa el Gobierno, pero en el anuncio en mención el Consejero Barbosa habla de una reducción del 35% entre agosto de 2018 y julio de 2019, y al mismo tiempo de una reducción del 50% en los asesinatos desde la entrada en vigencia del PAO en noviembre de 2018, es decir, casi en el mismo periodo. Pero más allá de las cifras, tampoco es creíble que el PAO sea la política que haya permitido evitar asesinatos, pues nada nuevo hay en la gestión de gobierno: la misma Unidad Nacional de Protección UNP con los mismos mecanismos de protección, el mismo tipo de viajes de la Ministra y sus asesores militares a las regiones para escuchar la gente sin compromisos reales ni indicadores de gestión que permitan mostrar avances en la aplicación de una política, más militarización en los territorios, donde además se han presentado crisis humanitarias como el Bajo Cauca antioqueño, Catatumbo, Pacífico nariñense, Cauca, y justo donde se siguen presentando los homicidios de personas defensoras de Derechos Humanos.

Hemos dicho que no hay que centrarse en las cifras sino en la condición de las personas defensoras, su importancia y los efectos que genera su intimidación, desplazamiento o su asesinato. Así que afectar a un líder o lideresa social, a un dirigente comunal, sindical, a un defensor o defensora de derechos humanos, es afectar a las comunidades y procesos organizativos a los que pertenecen, e impactar las causas que defienden. Al mismo tiempo, no es sensato que el Gobierno Nacional se empeñe en negar la magnitud de la problemática, no solo porque ello impide adoptar medidas acertadas que den respuesta efectiva a la situación de los liderazgos sociales en los territorios, sino que al hacerlo ofende la memoria de aquellos hombres y mujeres que fueron asesinados por defender a las miles de personas sin voz en los territorios.


278 La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad es la instancia creada en el Acuerdo de Paz (Sub punto 3.4.3) para el desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atenten contra defensores de derechos humanos… incluyendo las organizaciones sociales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo… Esta Comisión es presidida por el Presidente de la República y demás entes de Estado y gobierno, pero también tienen asiento voceros y voceras de sociedad civil.
279 Garcés, Oriana. (31 de enero de 2019). Gobierno lanza cartel y recompensas de los más buscados por asesinatos de líderes sociales. WRadio. Recuperado de: https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/gobierno-lanza-cartel-y-recompensas-de-los-mas-buscados-por-asesinatos-de-lideres-sociales/20190131/nota/3858000.aspx
280 Fiscalía General de la Nación. (Junio de 2019). Estrategia de investigación y Judicialización de Delitos contra Defensores de DDHH Despacho señora Vicefiscal General de la Nación. Fiscalía General de la Nación 2019. Pág. 11.
281 Betín, Tomás. (17 de julio de 2019). “Asesinatos de líderes sociales se han reducido un 35% en gobierno Duque”. El Heraldo. Recuperado de: https://www.elheraldo.co/colombia/asesinatos-de-lideres-sociales-se-han-reducido-un-35-en-gobierno-duque-650577
282 Programa Somos Defensores. (2017, 2018, 2019). Boletines: Anual 2017, Anual 2018 y Trimestral Enero a Marzo de 2019. Cifras semestrales 2019. Programa Somos Defensores. Recuperado de: https://somosdefensores.org/