Corrupción, falsos positivos y operación silencio

7_Corrupcion_falsos_positivos_y_operacion_silencio-destacada

Escándalos de la Fuerza Pública en el Gobierno Duque

Son cada vez más frecuentes y variados los escándalos que se originan en el Ejército desde el comienzo del gobierno de Iván Duque, como diversos los intentos del Gobierno por ocultar la realidad de los mismos, desviar la razón de sus causas o incluso por proteger y justificar a los implicados en estas acciones. Estos escándalos comprenden actos abiertos de corrupción, reaparición de casos de falsos positivos y otras modalidades de ejecuciones extrajudiciales, directivas secretas y órdenes del Comandante del Ejército que presionan duplicación de resultados operacionales que propician nuevos casos de falsos positivos, frecuentes y graves demostraciones de connivencia y apoyo directo a grupos paramilitares, y otras acciones de abusos de uso de la fuerza y violencia directa en contra de civiles en las zonas más afectadas por el conflicto armado, que han generado una verdadera crisis humanitaria y regreso a la situación de guerra en diversas regiones, especialmente en zonas como el Catatumbo, Sur de Córdoba y Bajo Cauca en Antioquia, Chocó, Cauca, Meta y Guaviare.

Varios factores han incidido en la proliferación de estos abusos y actuaciones ilegales: 1. La remoción de gran parte de los mandos de la cúpula militar que estuvieron comprometidos en sacar adelante el proceso de Paz con las FARC y en la implementación de los acuerdos en distintas regiones; 2. La selección para el procedimiento de ascensos a cargos de mando a oficiales que se conocía estarían relacionados con violaciones graves a derechos o actos de corrupción, y 3. El nombramiento en la nueva cúpula militar de oficiales militares con señalamientos de involucramiento en casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de tropas a su mando mientras comandaban las estructuras militares que las perpetraron.

En cuanto a lo primero, históricamente los procesos de paz en Colombia han contado con gran resistencia por parte del estamento militar. Por ventura uno de los principales factores de éxito en el proceso que culminó con la firma del Acuerdo de Paz fue la presencia de un grupo significativo de mandos militares y policiales que lo apoyaron, aun en medio de ataques por parte de distintos sectores de la extrema derecha civil y militar y especialmente de caracterizados dirigentes del partido político hoy en el gobierno.

La conformación de la nueva cúpula militar con antecedentes de corrupción obedeció a dicha exigencia e incluyó en puestos claves a mandos implicados directamente o indirectamente en casos de ejecuciones extrajudiciales o en actos previos de corrupción, como el actual comandante del Ejército General Nicacio Martínez, el General Jorge Romero Pinzón, jefe del Comando de Apoyo Integral y Desarrollo,325 y el ascendido coronel Diego Luis Villegas, a pesar de las advertencias hechas al Presidente por un gran número de miembros del Congreso, organizaciones como Human Rights Watch y congresistas norteamericanos sobre los antecedentes de varios de los candidatos a esos ascensos señalando su vinculación de manera directa o indirecta a diversos casos de falsos positivos, incluyendo el reciente de Dimar Torres.

Los casos de ese tipo de asesinatos en marzo, abril y mayo de este año revelan el regreso de las ejecuciones extrajudiciales y acciones deliberadas de la fuerza pública para impedir a las organizaciones y comunidades el acceso a las zonas donde ocurrieron los mismos, así como la negativa de la Fuerza Pública a informar de manera transparente al respecto; y también la práctica reciente de no informar en sus reportes sobre las presuntas bajas en operaciones militares, pues en ellos solo se habla de desmovilizaciones y capturas con términos imprecisos como “afectaciones” o “neutralizaciones”. 326 En tal sentido, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe presentado en marzo de este año manifestó “su preocupación por los once casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales registrados en Antioquia, Arauca, Huila, La Guajira, Magdalena y Norte de Santander”, los cuales se habrían originado principalmente “en la falta de mando y control por parte de los comandantes respectivos, así como la ausencia de disciplina táctica y de seguimiento de protocolos establecidos para el uso de la fuerza de acuerdo con los estándares internacionales”.327 Igualmente en el Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la Situación de Derechos Humanos en Colombia durante el 2018, en referencia al reporte de organizaciones no gubernamentales, cita que “hubo 27 casos de “muertes intencionales de civiles cometidos por agentes estatales” que incluyeron 34 víctimas”.328

De otra parte, las publicaciones de The New York Times sobre los formatos y órdenes del Comandante General del Ejército Nicacio Martínez en el cual se presionaba a los mandos a duplicar sus resultados operacionales, incluidos aquellos representados en “bajas”, y de la Revista Semana sobre la que llamó “Operación Silencio” al respecto, evidencian cómo se estaba propiciando el retorno a la práctica del “body count” que en su momento fueron la base para la proliferación de las operaciones fraudulentas para presentar resultados operacionales conocidas como falsos positivos, y la forma como la persecución no se limita a quienes han divulgado las directivas que presionan o favorecen las bajas dentro de dicho fenómeno,329 sino también a quienes divulguen casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales o a quienes están contando la verdad sobre los responsables de estos crímenes ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Hasta el punto de tener que decretar medidas cautelares en varios procesos.

Intentando superar los escándalos nacionales e internacionales derivados, el Presidente Duque conformó una “Comisión Presidencial de Excelencia Militar”330 con juristas destacados por su afinidad al gobierno y al proyecto del uribismo,331 a pesar de que se debía hacer una evaluación de la normatividad operacional de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional a la luz del orden constitucional y legal, del derecho de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

La Comisión dice haber realizado una exhaustiva revisión de “los documentos de política, manuales, protocolos, directivas y circulares, órdenes operacionales y demás documentos que hayan expedido el Ministerio de Defensa Nacional y las fuerzas Militares y de Policía a la luz del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos”,332 pero no la información “sujeta a reserva legal”, desconociendo que en gran parte ese es el carácter de las normas operacionales de la Fuerza Pública; y concluye que “desde enero del 2019 hasta la fecha, no ha hallado queja, denuncia o noticia indicativas de la posible reproducción de este fenómeno atroz de los ‘Falsos Positivos’”, y que dichas ejecuciones extrajudiciales no encuentran asidero ni en el las normas operacionales vigentes en la primera década de este siglo, ni en las órdenes o disposiciones actuales.

Para llegar a dicha conclusión la Comisión acude a dos falacias: la primera indicar que las famosas directivas sobre resultados buscan que se produzcan dichas “afectaciones” (que consisten en bajas tanto como en capturas o desmovilizaciones), pero prefiriendo claramente las desmovilizaciones y las capturas antes que las bajas, cosa que por ninguna parte dicen las directivas ni los formatos-orden que los contienen; y en segundo lugar que las directrices mencionadas exhiben opción por la menor letalidad al privilegiarse en la medición de resultados operacionales “las desmovilizaciones colectivas e individuales sobre las capturas, y de éstas, a su vez, sobre las muertes en combate”.

Ello no es cierto, y para comprobarlo no hay que apelar a las directivas secretas del derecho operacional: Basta considerar que la Directiva 015 de 2016 del Ministerio de Defensa en relación con integrantes de los llamados Grupos Armados Organizados dispone o autoriza contra ellos el uso del máximo de la fuerza letal disponible.

Aunque la Comisión quiere dar un parte de tranquilidad indicando que las directrices sobre resultados ya fueron derogadas, la verdad es que sólo se derogó la denominada “Planteamiento de Objetivos 2019”, en la que se exigía a cada comandante cotejar las bajas, desmovilizaciones y capturas del 2018 y proyectar sus metas de incremento voluntario en cada unidad para el 2019, olvidando la directiva que contiene las “50 Órdenes de Comando”, la cual sigue rigiendo los resultados de las operaciones militares y ordenado la comisión de “golpes oportunos y masivos”, lo mismo que prescribe “no exigir la perfección en las operaciones. Hay que lanzar operaciones con un 60-70% de credibilidad y exactitud”. Estas órdenes son el verdadero peligro para la vida de los civiles, pues podrían terminar siendo objeto de operaciones militares cuando sean objeto de señalamientos con un margen de credibilidad muy bajo, igual que siguen vigentes otras órdenes por escrito que disponen que “la meta es doblar los resultados operacionales en todos los niveles del mando”.333

De otra parte, y aunque no han generado las reacciones deseables, en el primer año de gobierno se han exhibido innumerables hechos que denotan graves conductas de cooperación y articulación con grupos paramilitares por parte de un sector importante del mando militar, como la detención en junio del jefe paramilitar Miguel Antonio Bastidas, alias Gárgola, jefe del grupo paramilitar del Putumayo La Constru, cuando se desplazaba en un vehículo del Ejército por la ciudad de Bogotá en compañía del coronel Elkin Alfonso Argote Hidalgo, jefe del Estado Mayor del Comando de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional.334 Protegido por este coronel desde hacía más de un año, este sujeto llevaba varios meses alojado en el Cantón Norte, una de las guarniciones militares más importantes de Bogotá. La Fiscal informó que no descarta que otros militares continúen trabajando para este grupo paramilitar.335 O igualmente la detención a comienzos de julio de un camión del Ejército cargado con dotaciones, uniformes y morrales de campaña de uso exclusivo del Ejército Nacional que había sido enviado desde Bogotá con destino a los grupos paramilitares de la región de Urabá; y el caso de los permisos especiales de porte de armas, que a diferencia del salvoconducto convencional permite andar con armas en tiempos de prohibición general y en cualquier parte del país, a cambio de gruesas sumas de dinero entregadas a mandos militares de esta unidad militar que habían establecido un verdadero cartel de venta de estos permisos. 336 Hechos como este explican fácilmente la expansión acelerada de grupos paramilitares en Medellín y los municipios vecinos, como el llamado Clan del Golfo.337

La connivencia con estos grupos se ha documentado ampliamente en varios informes y alertas de riesgo de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones sociales y no gubernamentales.338

En cuanto a la corrupción uno de los mayores focos de prácticas de este tipo ha sido denunciada en la Cuarta Brigada con sede en Antioquia, en donde tanto la Fiscalía como la Procuraduría investigan multimillonarios desvíos de dineros destinados al mantenimiento de vehículos y a la compra de combustible, adicional a la citada venta de salvoconductos. De otra parte, el general Adelmo Fajardo, segundo comandante del Ejército tuvo que ser retirado del servicio ante las denuncias de sus subalternos sobre exigencias millonarias de dineros para sus gastos personales y los de sus familias, los cuales debían ser cubiertos con desvíos de dineros de la contratación y exigencias adicionales a los proveedores. Y en la Brigada 12 en Caquetá las denuncias de corrupción involucran al brigadier general César Augusto Parra León mientras estuvo al frente de esa unidad.

Bajo el nuevo gobierno y con la nueva cúpula militar los abusos y desmanes de la Fuerza Pública han ido en aumento, y parecen estar desbordados, mucho más en donde se ha militarizado los territorios, especialmente en el Bajo Cauca, Norte de Antioquia, Sur de Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo, Meta, Guaviare, Arauca y Catatumbo.”

Otro asunto crítico han sido los abusos y otras graves violaciones a los derechos humanos. Bajo el nuevo gobierno y con la nueva cúpula militar los abusos y desmanes de la Fuerza Pública han ido en aumento, y parecen estar desbordados, mucho más en donde se ha militarizado los territorios, especialmente en el Bajo Cauca, Norte de Antioquia, Sur de Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo, Meta, Guaviare, Arauca y Catatumbo. En regiones como el Norte de Antioquia o Catatumbo se denuncian detenciones masivas, empadronamientos, censos, registros masivos de identidad mediante fotografías o escaneo de documentos, judicializaciones masivas o amenazas de judicialización, estigmatizaciones por parte de la tropa y mensajes de texto o recados llamando a líderes “a desmovilizarse”, robo de alimentos, ganado y herramientas, control e intromisiones al derecho de reunión, control de alimentos, toques de queda impuestos de facto y patrullajes con civiles encapuchados que señalan o detienen a los miembros de la comunidad.339

En otras regiones como el Chocó o el Cauca las comunidades denuncian pasividad o tolerancia con los confinamientos o desplazamientos impuestos por paramilitares o por enfrentamientos entre estos y grupos de disidencias o del ELN, lo mismo que disparos indiscriminados contra indígenas y pobladores.340 El terror cotidiano está generando situaciones humanitarias críticas que claman la intervención de las autoridades y organismos judiciales y de control, pero pasan mayormente inadvertidos para la opinión pública nacional e internacional, en la cual pareciera que la única situación humanitaria es la representada por los asesinatos de los líderes sociales, que aunque es de mucha gravedad, corre el riesgo de opacar el terror cotidiano que se vive en amplios territorios de militarización extrema.

Tibias medidas para afrontar la crisis

Los hechos de abusos y corrupción documentados constituyen una verdadera tormenta que amenaza la estabilidad institucional, genera crisis humanitarias y crea ambientes enrarecidos en los que prolifera la desconfianza en el futuro a la vez que instalan dinámicas de guerra en las regiones que deterioran los logros del proceso de negociación con las FARC y la distensión que se había alcanzado con el ELN. Quizá sea el propósito oculto de muchos sectores que en el ámbito legislativo impiden el avance de los acuerdos, y en los territorios hacen lo imposible por perpetuar dinámicas de polarización y confrontación.

Por eso las medidas hasta ahora impulsadas por el Gobierno Duque no han podido superar la crisis en el estamento militar. Más allá del retiro del servicio de cinco generales muy implicados en estos escándalos, y el traslado de otros, no se han Tibias medidas para afrontar la crisis tomado medidas para llevar sus acciones ante la justicia.341 Los señalamientos que implican de manera directa al comandante del Ejército no han impedido que continúe en el cargo. Extrañamente, el recién nombrado Segundo Comandante del Ejército, general Mario Augusto Valencia Valencia, es también un militar profundamente cuestionado, entre otros asuntos por haber permitido la fuga mientras estaba detenido a su cargo, del mayor (r) Cesar Alonso Maldonado, condenado por su responsabilidad en el atentado del dirigente sindical Wilson Borja, cuando se desempeñó como comandante del Batallón de Policía Militar #13 ubicado en Puente Aranda, Bogotá.

Denuncian los medios que el general Eduardo Quiroz, Jefe de Contrainteligencia del Ejército, señalado por varios oficiales ante los medios de orquestar la cacería de brujas en contra de quienes se han atrevido a denunciar las maniobras que buscan retornar al Ejército a la práctica atroz de los falsos positivos y al silencio cómplice con la corrupción, fue trasladado a otro cargo dentro del Ejército y finalmente ascendido a la unidad encargada de operaciones militares y asesoría al comando del Ejército en todo lo relacionado con las operaciones militares que se adelantan en el territorio nacional, lo que le sigue dando amplio acceso a toda la inteligencia militar, pese a que como lo reveló Semana el alto oficial estuvo a cargo de una persecución contra los militares que le entregaron información a los medios de comunicación sobre las órdenes que revivieron el temor de los falsos positivos. Los militares que se han atrevido a denunciar las corrupción, a dar a conocer órdenes y directrices ilegales que ponen en peligro la vida de los civiles, o que han acudido ante la JEP a declarar lo que saben sobre la responsabilidad de otros mandos en temas como falsos positivos, siguen siendo perseguidos y sometidos a la estrategia del silencio forzado.

Aunque el Presidente Duque expresó que iba a ser implacable con la corrupción dentro del Ejército, y el Ministro de Defensa anunció que se tomarían medidas en el mismo sentido,342 la verdad es que éstas han sido muy tibias y parecen mostrar que el Gobierno no puede poner fin a la corrupción y a las violaciones a los derechos humanos, cuando son suscitadas por él mismo al seleccionar una cúpula y ordenar unos ascensos en puestos de comandancia a oficiales muy cuestionados, que se han convertido en un obstáculo para la depuración interna de la institución y para tomar medidas que impidan la repetición de las violaciones, los abusos y los escándalos.

En esta situación el país requiere una verdadera depuración de la Fuerza Pública. Para ello debe activarse de inmediato la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad con funciones de depuración normativas, institucional y de formulación e implementación del plan de acción para el sometimiento y/o desmantelamiento del paramilitarismo. Y hacerse públicas todas las órdenes y directivas que integran el llamado derecho operacional, especialmente las que propicien vulneraciones del derecho a la vida de los civiles, o busquen ocultar, distorsionar, impedir que se conozcan o que haya una debida rendición de cuentas por las graves violaciones a los derechos humanos, y especialmente las perpetradas en el marco de operaciones militares y policiales.


325 Semana, 23 agosto 2019.
326 El 7 de marzo en el corregimiento de Micoahumado, Morales, Sur de Bolívar fue muerto por tropas del Ejército Nacional, Fuerza de Tarea Conjunta Marte el campesino José Sánchez Quintero, de 18 años, y herido Henry Saravia, de 27, (Uniandes , 28 marzo 2019, “El miedo a los ‘falsos positivos’ vuelve al sur de Bolívar”. En: https://cerosetenta.uniandes.edu.co/liga-contra-el-silencio-falsos-positivos/; el 26 de marzo de 2019, tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules dieron muerte a los campesinos Tomás Solís y Winston Preciado, (“Asociación de Juntas de Acción Comunal de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje – Asominuma. Denuncia. Ejecuciones Extrajudiciales en contra de campesinos mientras dormían”, 2019. En: https://web.facebook.com/435932063815004/posts/449914252416785/?_rdc=1&_rdr En la zona rural de Tame, Arauca 3 personas fueron presentadas como muertos en combate, el pasado 2 de mayo, por tropas de la Fuerza de Tarea Quirón del Ejército, (Semana, 23 junio 2019); el 22 de abril en la vereda Campo Alegre, del municipio de Convención, fue asesinado por tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano el desmovilizado de las Farc y líder de la comunidad Dimar Torres (Semana, 1 junio 2016), Blu Radio, mayo 2019).
327 ONU. Consejo de Derechos Humanos, 2019, párrafo 95.
328 Departamento de Estado, 2019. Pág. 2
329 Uno de los oficiales que habló sobre estos hechos a la Revista Semana relató que “el fondo de la cacería no es solo para saber quién contó lo de las directivas de resultados. El verdadero fondo también es evitar que se conozcan otras cosas de algunos que están al frente de la institución” (Semana. 23 junio 2019)
330 Decreto 898 de 24 de mayo de 2019
331 Conformada por el ex fiscal Alfonso Gómez Méndez, y los ex magistrados Hernando Yepes Arcila y Mauricio González Cuervo, aunque después extrañamente apareció siendo parte de la Comisión Felipe Ortegón Pulido en calidad de Secretario Técnico, cuota política de la Vicepresidenta Martha Lucía Ramírez
332 Comisión de Excelencia Militar, 2019 p. 2
333 The New York Times (18 de mayo de 2019). “Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales”. En: https://www.nytimes.com/es/2019/05/18/colombia-ejercito-falsos-positivos/?smid=wa-share-es / Por Nicholas Casey
334 Caracol, 28 junio 2019
335 Mi Putumayo, 8 julio 2019.
336 El Colombiano, 23 julio 2019.
337 El Espectador, 9 mayo 2019.
338 Por mencionar dos ejemplos recientes, el Defensor del Pueblo mencionó que justamente en una de las regiones más militarizadas, el Pacífico colombiano, se han creado recientemente 17 grupos armados (El Espectador, 30 julio 2019). Reiterativamente, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó denuncia la presencia y hostigamiento de grupos paramilitares desde hace varios años en su territorio ante la mirada complaciente de las Fuerzas Militares acantonadas en la zona (Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 12 julio 2019, “Delincuencia política estatal con máscara de delincuencia común”. En: https://www.cdpsanjose.org/node/173). Estos hechos sin embargo, a diferencia de los actos de corrupción, y dentro de estos los que han afectado a grandes empresas, no generan en el Estado las reacciones necesarias para investigar, individualizar y llevar ante la justicia a los responsables de estos crímenes.
341 Por distintos hechos relacionados con los escándalos de corrupción el gobierno llamó a calificar servicios a los generales los generales Adelmo Fajardo, Segundo Comandante del Ejército; el mayor general Juan Vicente Trujillo, Comandante de la División de Asalto Aéreo; el brigadier general César Augusto Parra, Jefe del Departamento Conjunto de Planificación y Transformación y el mayor general Francisco Javier Cruz Ricci, jefe del Departamento de Implementación y Estabilización. Ya antes había retirado del servicio al general Jorge Horacio Romero. También ordenó el traslado a Chile como agregado militar del mayor general Jorge Salgado, que se desempeñaba como Inspector General del Ejército.
342 “No seremos indulgentes ni temerarios, pero sí, sumamente diligentes”, El Espectador, 18 julio de 2019.