Las zonas humanitarias y de biodiversidad

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Protección desde la seguridad humana

Además de terminar el proceso de diálogo con el ELN, el presidente Iván Duque ha retornado a la negación de la existencia del conflicto armado en Colombia, como lo evidencia la formulación del Pao, ubicado en unas zonas específicas en el país donde se menciona existen elementos de violencia referidos a la explotación ilegal de minerales o la vinculación con el narcotráfico, con una explicación que pretende borrar de plano la vinculación de las nuevas formas de violencia con lo político, bajo la explicación de que todo se genera a partir del narcotráfico, y su modelo es la intervención militar repitiendo los errores del pasado propios del modelo de seguridad democrática y de Estado comunitario de la presidencia de Álvaro Uribe desde el 2002.
Desde entonces en el Urabá antioqueño y el bajo Atrato comunidades rurales -negras, indígenas y campesinas-, en condición de desarraigo forzoso por operaciones militares regulares e irregulares de la Brigada 17, empezaron a tejer iniciativas que les permitieran vivir en sus territorios o regresar a ellos aún en medio del desarrollo de las hostilidades.

Una vez firmado el Acuerdo de Paz las comunidades rurales contaban con que la dejación de armas de las FARC alivianaría el riesgo de su vida e integridad, así como permitiría avanzar en materia de derechos a la justicia en el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, en materia de tierras y democratización, y que varios de los mecanismos como la Comisión Nacional de Garantías y la Unidad de Desmonte de Estructuras Paramilitares indicaban que habían caminos ciertos hacia la paz democrática o positiva. Se esperaba que una presencia militar respetuosa de derechos consolidarían las bases de ese camino de paz; que la mesa de conversaciones con el ELN avanzaría, acogiendo la participación de expresiones sociales y adoptando mecanismos de humanización del conflicto armado, profundizando discusiones que quedaron apenas enunciadas en la mesa de diálogo con las FARC; y que se tejería una fórmula legal de sometimiento de los grupos paramilitares y criminales que fue lamentablemente obstaculizada por el cuestionado Fiscal General del momento, Néstor Humberto Martínez. Pero hoy el cabo suelto de la mentalidad del enemigo interno sigue siendo esgrimido por sectores muy poderosos para continuar la persecución y la criminalización social.

Todo ello hace que en la actualidad los mecanismos e iniciativas citadas de las comunidades y su acumulado histórico de casi dos décadas, sean fundamentales para enfrentar este nuevo reto retomando sus principios y exigiendo respeto y garantías a las iniciativas de paz fundamentadas en el DIH, así como reiterar que la salida política y negociada al conflicto armado es un imperativo ético y político, y que la seguridad de líderes y comunidades se deriva de un enfoque de seguridad humana.

Las zonas humanitarias asumen el derecho y del deber consagrado a la paz en la Constitución Nacional (artículo 22), reconocen los deberes constitucionales de la Fuerza Pública de “mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas” (artículo 218). Exigen la aplicación concreta de las normas internacionales que garantizan los derechos humanos de la población civil, y reconocen la existencia de territorios en los cuales se vede o se limite la guerra o el desarrollo de hostilidades.

Las zonas humanitarias asumen el derecho y del deber consagrado a la paz en la Constitución Nacional (artículo 22), reconocen los deberes constitucionales de la Fuerza Pública de “mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas” (artículo 218). Exigen la aplicación concreta de las normas internacionales que garantizan los derechos humanos de la población civil, y reconocen la existencia de territorios en los cuales se vede o se limite la guerra o el desarrollo de hostilidades.”

La primera iniciativa fue creada hace más de 18 años en la comunidad de Autodeterminación, Vida y Dignidad (Cavida) en Cararica, Chocó, y desde allí se replicó en Curbaradó y Jiguamiandó, así como en los departamentos Antioquia y Meta, y con nuevos nombres en Putumayo, Cauca y Valle. La iniciativa nació de una incursión de tipo paramilitar de la brigada 17 en junio de 2001 que irrespetó los dos caseríos creados como asentamientos humanitarios desde el año 2000, luego de la arremetida de la Brigada con la operación Génesis y la estrategia paramilitar con la operación Cacarica. Las comunidades negras de Cacarica confirmaron que su decisión de romper su tradición de habitación dispersa a lo largo y ancho del territorio, y habitar en un caserío para afrontar colectivamente el conflicto armado. En medio de las hostilidades delimitaron un territorio para su uso exclusivo mientras persistiera la guerra, con unas llamadas “Mallas de la Vida” que les permitiera protegerse, fortalecerse como proceso organizativo y ejercer los derechos a la expresión, la asociación, la educación, la ayuda humanitaria y la inviolabilidad del domicilio, y el principio humanitario de distinción, reconociendo: a. La existencia de diversas expresiones de violencia armada sea estatal, paraestatal, criminal o insurgente según sus motivaciones, modos de operación y pretensiones territoriales; b. La existencia de derechos territoriales colectivos o individuales de las comunidades negras, indígenas y campesinas que les posibilitan disponer el uso de la tierra y manejar el territorio; c. La existencia de un proyecto o plan de vida de la organización rural que reconoce la existencia de esas conflictividades armadas y sus motivaciones, pero que disienten de la violencia para proteger sus derecho a la vida e integridad personal, y asumen en la fuerza organizativa el poder consciente para afirmar sus derechos; d. La conciencia sobre la presencia de acciones armadas en los territorios, y sobre el hecho de que la violencia desborda las posibilidades del proceso organizativo, por lo que resulta esencial exigirle al Estado la defensa del derecho a la paz, el diálogo político con las guerrillas y la búsqueda de fórmulas de desestructuración de la violencia paraestatal y criminal; e. La existencia de intereses económicos más allá de los armados dentro de los territorios.

Dicho modelo comunitario alternativo se dotó de una sustentación jurídica con base en el derecho interno e internacional, y ha logrado de manera propositiva y creativa el desarrollo de una jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de las medidas cautelares o provisionales respecto de los principios de distinción de la población civil contenido en el protocolo II adicional a los convenios de Ginebra.

Las zonas de biodiversidad. Se constituyeron desde el año 2005 como un complemento de las Zonas Humanitarias. Su propósito es afrontar los intereses económicos que están detrás de los que ejercen la violencia para acumular riqueza, ampliando la frontera agrícola con agro-negocios (palma, banano, coca, arroz, ganadería bufalina, teka) y apropiación de tierras para obras de infraestructura u operaciones extractivas con medios ilegales de apropiación y acaparamiento. Se trata de lo que en la política de la seguridad democrática -ahora de la legalidad-, se llama seguridad inversionista. Se basan en el hábitat tradicional de las comunidades, se delimitan y visibilizan como figura de protección de la inmensa biodiversidad existente en los territorios, y se registran ante diversas instancias nacionales e internacionales, de manera que se prevenga el despojo a la familia y se proteja la vida misma territorial; y permiten una comprensión del derecho a la vida asociado a la vida digna, tales como el derecho a la tierra, al derecho a la alimentación, y al ambiente sano.