Sin reconocimiento ni protección

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Balance del primer año de gobierno frente a las Garantías para el ejercicio de liderazgo de las mujeres Defensoras de Derechos Humanos299

Agravamiento de las agresiones y situación de riesgo de las defensoras de los Derechos Humanos

Las agresiones en contra de las personas que defienden los derechos humanos han tenido un incremento significativo durante los últimos años. Y se puede corroborar que la situación de las mujeres defensoras ha empeorado drásticamente respecto a sus pares varones, ya que a pesar de que viven en los mismos contextos y sufren amenazas similares por el ejercicio de su labor, “es frecuente que las defensoras se enfrenten a riesgos y obstáculos adicionales y diferentes que tienen que ver con el género, son inter-seccionales y obedecen a estereotipos de género arraigados y a ideas y normas profundamente asentadas sobre quiénes son y cómo deben ser las mujeres”. 300

Según la Defensoría del Pueblo de enero a marzo de 2018 una defensora fue asesinada aproximadamente cada 18 días, y para el mismo periodo en 2019 la frecuencia se incrementa a una cada quince días. La variación porcentual de estos asesinatos durante los últimos años presentó un descenso de 16,7% de 2017 a 2018, y un incremento del 20% de enero a marzo de 2019 respecto al mismo periodo de 2018; en contraste con un descenso del 34,8% en el caso de los defensores; y en general en los últimos años se incrementó en el 25% al comparar el primer trimestre de cada año mencionado.301 No obstante, como el programa señala en su informe de 2018, la preocupación sobre los asesinatos de defensoras es mayor por cuanto “en los asesinatos de mujeres los niveles de violencia son mayores que los cometidos contra hombres”,302 y se destaca que “en cinco casos podría tratarse de feminicidios por el grado de violencia extrema”, 303 lo cual evidencia la sevicia contra sus cuerpos, así como la violencia sexual y las amenazas de índole sexista, entre otras marcas de género,304 que son examinadas a partir del concepto de violencia sociopolítica de género.305

De igual manera, la Defensoría del Pueblo, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión de Verificación de la ONU han manifestado su preocupación frente a la grave situación que enfrentan defensores y defensoras, y en particular han llamado la atención de manera reiterada sobre la extrema violencia con la que se agreden a las defensoras.306 Otro aspecto diferenciador identificado a través de diferentes fuentes en cuanto a las agresiones en contra de las defensoras es que las mismas suelen extenderse a sus familiares o integrantes de su organización.307

Sisma Mujer ha realizado un seguimiento al tipo de liderazgo social y derechos defendidos por las defensoras asesinadas durante el gobierno Duque y se destaca una fuerte tendencia de incremento en los asesinatos de lideresas comunales y comunitarias.308 Lo anterior desde la tipología y metodología empleada por el Programa Somos Defensores. En tal sentido, de las doce defensoras asesinadas reportadas por Somos Defensores, el 41,8 % (cinco) eran lideresas comunales o comunitarias, mientras que el 58,2 % (siete) defendían derechos de poblaciones específicas como pueblos indígenas 25 % (tres mujeres), ambientales 8,3% (una), afrodescendientes 8,3% (una), víctimas/mujeres 8,3% (una mujer) y de la población Lgbti 8,3% (una).

La presencia de proyectos de economía extractivista que limitan la soberanía de las comunidades, agudizan la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos.

Escenarios de riesgo que deben ser tenidos en cuenta de manera relevante por la Presidencia de la República y las entidades competentes

1. La persistencia y agudización del conflicto armado por la reorganización local de actores armados: Se reconoce un preocupante aumento en las confrontaciones entre diferentes actores armados y en las violaciones a los derechos humanos de la población civil en la gran mayoría de los departamentos del país para establecer el dominio en zonas relevantes para el desarrollo de economías ilegales, especialmente, en las que las Farc-ep tuvieron presencia, expansión territorial del ELN, la conformación de disidencias de las Farc-ep y el fianzamiento de áreas de dominio por grupos armados post-desmovilización;309 y por la falta de una presencia integral del Estado y los retrasos en la aplicación del Acuerdo de Paz, lo cual ha permitido que grupos armados ilegales y grupos delictivos entren en las zonas y se apoderen de las economías ilícitas, lo que ha dado lugar a un aumento de la violencia.310

2. La presencia de proyectos de economía extractivista que limitan la soberanía de las comunidades, agudizan la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos. 311

3. El micro-tráfico y la presencia de economías ilegales. Los barrios vulnerables y las periferias urbanas tienen una fuerte presencia de conflictos relacionados con actividades de microtráfico y economías ilegales, que se visibilizan en altos índices de inseguridad, violencia y control sobre la población.312

4. Los riesgos asociados a los procesos electorales La búsqueda de patrones de violencia ha llevado a unos picos en las cifras de agresiones en contra de la vida de los defensores y las defensoras de derechos humanos, particularmente, en épocas preelectorales y poselectorales. Así se ha corroborado recientemente en procesos como el del Plebiscito por la Paz en octubre de 2016, el inicio de la campaña electoral por la presidencia en diciembre de 2017 y la primera y segunda vuelta de elecciones presidenciales en mayo y junio de 2018.313

5. La negligencia estatal o connivencia en escenarios institucionales Existencia de fuertes desconfianzas a la hora de hacer denuncias, presunta presencia de actores armados en las instituciones a nivel territorial que hace que lleguen panfletos a las casas de las defensoras sin que ellas le hayan dado la dirección a nadie y dicha información solo esté en la UNP, la Fiscalía o la Secretaría de Gobierno, y posibles situaciones de riesgo para las defensoras a partir del cambio gobierno a nivel nacional y el respectivo ingreso de funcionarios a nivel territorial que comparten la ideología del Ejecutivo en ciertos aspectos.314

6. Los movimientos anti-derechos que permean los escenarios políticos y sociales. Además de los riesgos que enfrentan las defensoras de derechos humanos, cuando se trata de defensoras LBT existe un riesgo específico relacionado con la consolidación de movimientos anti-derechos. Los discursos prejuiciosos usados por estos movimientos han promovido acciones de deslegitimación de su trabajo, acoso o intimidación a través de redes sociales, e incluso amenazas y agresiones al considerarlas como promotoras de la “inmoralidad”. “La actitud pasiva del Gobierno y su disposición a ceder a las pretensiones de estos movimientos aumentan el riesgo”.315

7. La participación en la defensa y la implementación territorial del Acuerdo de Paz. Existe un riesgo dirigido hacia las mujeres por su quehacer y compromiso político y social alrededor de la paz, como lo constató el Comité de la Cedaw al llamar la atención sobre el hecho de que “estén siendo amenazadas las mujeres que trabajan para implementar el Acuerdo de Paz a nivel local”. 316

8. El trabajo alrededor de los procesos de restitución de tierras. Dentro de las actividades relacionadas con la reparación de los derechos violentados de las personas víctimas del conflicto armado, se reconoce desde diferentes esquinas institucionales la vulnerabilidad acentuada de las personas que trabajan en procesos de restitución de tierras: “La oposición al avance de la restitución se ha constituido en uno de los principales factores de riesgo de violaciones de derechos humanos contra las personas en los últimos años: en este marco se han presentado la persecución y las amenazas en contra de diversos líderes de estos procesos, o directamente sobre reclamantes de predios en los territorios”.317

9. El trabajo alrededor de los procesos de veeduría ciudadana como ejercicio local expone a las personas que la ejecutan a las manifestaciones de violencia de aquellos grupos con intereses particulares y envueltos en procesos de corrupción presentes en el territorio. En este sentido, se reconoce a las personas de las Juntas de Acción Comunal y dirigentes cívicas como ejecutoras de sólidas vigilancias alrededor de los recursos públicos y, a su vez, como las principales víctimas de la violencia actual dirigida en contra de líderes y lideresas. 318

10. Las denuncias de violencias de género ante el sistema de justicia. Una acción particular que ha sido identificada por las mujeres defensoras como generadora de riesgos es la denuncia de los casos de violencia sexual ocurridos en el marco del conflicto armado. Esta amenaza se ve materializada actualmente, en la liberación iniciada desde el año 2015 de los paramilitares condenados durante el proceso de Justicia y Paz. Así, el retorno de los desmovilizados, muchos de ellos victimarios, a las comunidades en las que habitan las mujeres víctimas de violencia sexual que los denunciaron o las mujeres que acompañaron y promovieron el proceso de denuncia de otras mujeres, las ha expuesto a recibir nuevas amenazas y retaliaciones, en un contexto en el que se reconocen procesos de reorganización, rearme y reactivación del conflicto. 319

Respuesta institucional en materia de garantías para defensoras de Derechos Humanos

En Colombia sucesivos gobiernos han realizado intentos por formular e implementar una política pública dirigida a la protección de personas defensoras de derechos humanos. Por su parte, el movimiento social de mujeres del país inició desde el año 2009 un proceso de construcción participativa de la propuesta que desde las experiencias de las defensoras, respondería de manera integral y diferenciada a la protección de su integridad y de su labor. Desde entonces se mantiene un complejo proceso de interlocución e incidencia con los sucesivos Gobiernos Nacionales, apoyado por el Ministerio Público y la comunidad internacional, que ha pasado por momentos de ruptura y también ha alcanzado logros significativos.320

Sin lugar a dudas los actos administrativos que dan vida al Pigmld y su plan de acción 2018 (Decreto 1314 del 10 de agosto de 2016 y Resolución 0845 del 14 de junio de 2018), constituyeron en su momento un hito para las organizaciones de mujeres que impulsaron su formulación y para todas las defensoras de derechos humanos del país. El Programa fue concebido con el objetivo de generar garantías adecuadas y diferenciadas para las mujeres defensoras de derechos humanos, a través de una perspectiva amplia de integralidad que se materializa en un enfoque integral que asegure medidas de prevención, protección y garantía de no repetición; en el fortalecimiento de las medidas de prevención que permitan impedir los riesgos para las defensoras; en una perspectiva integral para la protección cuando se presentan las agresiones que se concreta medidas con enfoque integral y colectivo extendidas tanto a las familias como a las organizaciones de las defensoras en riesgo; y en más garantías que aseguren la no repetición y menos medidas materiales e individuales.

A pesar de lo anterior la implementación del Pigmld se encuentra enmarcada dentro de una situación histórica de bloqueo institucional de género,321 que ha continuado presente durante el gobierno del Presidente Duque como consecuencia de la falta de claridad en cuanto a las competencias de las entidades territoriales en materia de prevención y protección, la desarticulación institucional tanto en el nivel nacional como con el territorio que genera que no se atienda oportunamente la situación de riesgo de las defensoras, la falta de voluntad política de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior para formular e implementar el plan de acción del Pigmld, y los retrasos por parte del actual gobierno para convocar a la Comisión Intersectorial de Garantías para Defensoras.322

En términos generales durante el primer semestre del mandato del Presidente Duque la respuesta de la mayoría de entidades requeridas, en especial la del Ministerio del Interior, consistía en afirmar que habían avanzado en la implementación del Pigmld; y aunque en junio de 2018 todas las acciones administrativas, jurídicas y técnicas necesarias para iniciar la implementación se habían culminado satisfactoriamente, a diciembre de 2018 las medidas diseñadas en el Plan de Acción no se concretaron del mismo modo. Aún más, con la instalación del nuevo gobierno las organizaciones de mujeres impulsoras del Programa se vieron obligadas a iniciar nuevamente un proceso de interlocución con distintos representantes de las instituciones responsables, con lo cual la implementación se retrasó significativamente.

A pesar de los rezagos es importante citar como experiencias exitosas en materia de su implementación, la instalación de las Mesas Territoriales de Garantías para Mujeres Defensoras en Putumayo y Montes de María;323 una vez más como resultado de las acciones de exigibilidad e incidencia de las organizaciones de mujeres y el apoyo del Ministerio Público.

Si bien a la fecha no es posible establecer de manera objetivamente verificable un cambio favorable en las condiciones de riesgo que viven las mujeres defensoras de estas dos regiones, la experiencia de implementación territorial que sigue los lineamientos del Pigmld puede indicar estrategias acertadas hacia la materialización del Programa.

Aunque durante el primer semestre del mandato del Presidente Duque la implementación del Programa se mantuvo en una absoluta inactividad, es preciso reconocer que ante la persistente insistencia y liderazgo de las organizaciones sociales y el movimiento de derechos humanos, en particular, las organizaciones del movimiento social de mujeres a partir de enero de 2019 se ha venido reactivando, además de la reciente dinamización de los restantes espacios de garantías dentro de los cuales se encuentran la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en la que se formaliza la participación, con voz pero sin voto, de las plataformas de mujeres Cumbre Nacional de Mujeres y Paz y del Grupo de Trabajo Género en la Paz–Gpaz en enero de 2019; la Mesa Técnica de Género de la Subcomisión Nacional de Garantías de Seguridad que busca aportar insumos técnicos con perspectiva diferencial de género para cumplir con su mandato, instalada en marzo de 2019; el Espacio de Confluencia integrado por las plataformas de DDHH, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular para la construcción de la Política Pública Integral de Respeto y Garantía para la Defensa de Derechos Humanos y el restante conjunto de políticas en construcción y/o en ejecución referidas todas a procesos de garantías y seguridad; la Mesa Nacional de Garantías en el marco del Proceso Nacional de Garantías en la que se propuso un análisis de las políticas emitidas por el
gobierno para atender la problemática de las agresiones en contra de las personas defensoras de derechos humanos llevada a cabo en junio de 2019; y la Comisión Intersectorial de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras encargada de dar impulso a la implementación del Pigmld que por primera vez sesionó el día 09 de julio de 2019.

Por último, se resalta la incorporación del Pigmld dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022,324 específicamente en el Pacto por la igualdad de la mujer, línea estratégica “Promoción del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias”, estrategia “Hacia la redefinición de una estrategia de convivencia pacífica y seguridad ciudadana” referida a que el Ministerio del Interior diseñará una forma integral de abordar las acciones de prevención, protección y garantías de no repetición en torno a la articulación y misión institucional, lo cual genera un ambiente propicio para que se asegure la implementación eficiente del Programa dotándolo de recursos financieros, humanos e institucionales adecuados.


299 Tomando en consideración, en particular, las acciones llevadas a cabo para la implementación del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras, en adelante Pigmld, y el conocimiento acumulado de la Red Nacional de Mujeres Defensoras y la Corporación Sisma Mujer en materia de garantías para defensoras, y por último, la incidencia que se ha venido impulsando para la implementación del Programa citado. Para la construcción del documento se tuvieron en cuenta el Informe de Seguimiento al Auto 098 de 2013: “Sobre la situación de las Mujeres Defensoras en Colombia 2013-2018” presentado ante la Corte Constitucional, el Informe “Mujeres Defensoras Libres y Seguras: Aportes a la Verdad para la No Repetición” presentado ante la CEV ambos por parte de la Red Nacional de Defensoras y Sisma Mujer, y la recopilación de experiencias directas. Para todos los efectos se entenderá que dentro de la definición de mujeres defensoras de derechos humanos se encuentra incluido el concepto de mujeres lideresas y se asume que ambas son sujetos del mismo marco de protección, tal y como lo indica el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst: “Aunque comprendo los fundamentos históricos del concepto líderes sociales en Colombia, recuerdo que para la ONU los líderes y lideresas sociales son defensores de derechos humanos junto con todos aquellos que individualmente o con otros actúan para promover o proteger los derechos humanos de manera pacífica a nivel nacional e internacional. Declaración de Fin de Misión del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst visita a Colombia, 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2018. Pág. 2. . https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23960&LangID=E
300 Informe de seguimiento al Auto 098 de 2013: “Sobre la situación de las Mujeres Defensoras en Colombia 2013-2018” presentado ante la Corte Constitucional. Red Nacional de Mujeres Defensoras y Corporación Sisma Mujer. Bogotá, Colombia. 2019.
301 Por otra parte, cuando se observa la desagregación por género el Boletín trimestral presenta un aumento del 120,6% en las agresiones individuales contra mujeres defensoras, al pasar de 34 agresiones individuales en el primer trimestre de 2018 a 75 en el mismo periodo de 2019. Este incremento porcentual debe generar mayores niveles de alerta en términos del crecimiento año a año por cuanto es muy superior al presentado en las agresiones individuales contra defensores (73,5%). Boletín Enero-Marzo 2019, Sistema de Información sobre agresiones contra personas defensoras de DD.HH en Colombia.
302 Informe anual del Programa Somos Defensores (2019). La naranja mecánica. Pág. 86.
303 Ibid. Pág. 93. “Entre estos casos se encuentra el de Diana Luz Romero Mogajes de Puerto Leguízamo, Putumayo; Sandra Yaneth Luna en Tibú, Norte de Santander; María del Carmen Moreno Páez en Arauquita, Arauca; Leidy Juliet Correa Valle de Peque, Antioquia; y Jessica Viviana Carabalí de Buenos Aires, Cauca”
304 Por marca de género entendemos las agresiones en las que se expresa la discriminación contra las mujeres defensoras por el hecho de ser mujeres y defender derechos humanos. Tomado del Informe de seguimiento al Auto 098 de 2013: “Sobre la situación de las Mujeres Defensoras en Colombia 2013-2018” presentado ante la Corte Constitucional. Red Nacional de Mujeres Defensoras y Corporación Sisma Mujer. Bogotá, Colombia. 2019.
305 La Corte Constitucional ha señalado que “los actos de violencia contra las mujeres defensoras no están asociados a violencia común sino a un tipo de violencia sociopolítica de género ejemplarizante, que emplea como herramienta la administración del miedo hacia la producción de terror sobre las mujeres”, lo cual lleva al alto tribunal a retomar la presunción de riesgo extraordinario de género. Esto quiere decir que en los casos de agresiones contra defensoras se expresa un tipo específico de violencia: la violencia sociopolítica de género, la cual, en primer lugar, explica las agresiones en razón de la doble dimensión que caracteriza a las defensoras: i) ser mujeres en una sociedad altamente discriminatoria y ii) defender derechos humanos en un contexto patriarcal que limita la participación pública de las defensoras. En segundo lugar, la manera como se ejerce dicha violencia contiene dimensiones expresivas de género que buscan castigar, sancionar y limitar el ejercicio político de liderazgo emprendido por las defensoras, por cuanto supone una transgresión a los mandatos de dominación patriarcal y las normativas de género tradicionalmente asignadas a las mujeres. Corte Constitucional de Colombia (2013). Magistrado Ponente. Luis Ernesto Vargas Silva. Auto 098 de 2013. Pág. 69.
306 Respectivamente, Defensoría del Pueblo, Situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario en Colombia. 2018. Informe ejecutivo, abril de 2019. Pág. 13. Organización de Naciones Unidas. “Declaración de Fin de Misión del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst visita a Colombia, 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2018”. Pág. 24. Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia durante el año 2018. Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Informe del Secretario General. 26 de marzo de 2019. Párrafo 85. Pág. 14. Monitoreo periódico realizado por Sisma Mujer sobre las agresiones contra defensoras de derechos humanos.
307 Las principales agresiones señaladas son: amenazas por diferentes medios (vía telefónica, mediante panfletos o mensajes electrónicos); señalamientos, calumnias y estigmatizaciones que reproducen estereotipos discriminatorios de género, robo de información y de equipos a organizaciones de base; advertencias o ultimátum ‘sufragios’, seguimientos ilegales; acoso; detenciones arbitrarias; uso arbitrario del sistema penal; daños a espacios colectivos que representan la identidad étnica y cultural de sus comunidades; restricciones a la libertad de asociación; violencia sexual; desapariciones forzadas; secuestros; atentados y asesinatos.
308 El liderazgo comunal hace referencia a directivas de Juntas Administradoras Locales o Juntas de Acción Comunal; por su parte, el liderazgo comunitario involucra a lideresas que trabajan por la promoción, respeto y protección de los derechos humanos de sus comunidades, sin que necesariamente pertenezcan a la Junta de Acción Comunal AC o la Junta Administradora Local.
309 Situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario en Colombia. Defensoría del Pueblo. 2018. Informe ejecutivo, abril de 2019.
310 Organización de Naciones Unidas. “Declaración de Fin de Misión del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst visita a Colombia, 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2018”. Pág. 3.
311 Verdad Abierta (6 de diciembre de 2018). Cinco casos que le preocupan al relator de la ONU sobre defensores. En: https://verdadabierta.com/cinco-casos-le-preocupan-al-relator-la-onu-defensores/. Recuperado el 12 de febrero de 2019.
312 Informe de Seguimiento al Auto 098 de 2013 presentado a la Corte Constitucional: Situación de las Mujeres Defensoras en Colombia 2013-2018. Pág. 75.
313 Comisión Colombiana de Juristas et. al. Op. Cit., pág.16.
314 Tomado del Informe de Seguimiento al Auto 098 de 2013 presentado a la Corte Constitucional: Situación de las Mujeres Defensoras en Colombia 2013-2018. Págs. 79 y 80.
315 Colombia Diversa, Gaat y Diversas Incorrectas (2019). Informe Sombra para el Comité de la Cedaw. Situación de mujeres lesbianas, bisexuales y trans en Colombia 2013-2018. Pág. 12.
316 Organización de Naciones Unidas. Cedaw. “Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de Colombia”, CEDAW/C/ COL/CO/9 (14 de marzo de 2019). Pág. 5.
317 Defensoría del Pueblo (2019). Las amenazas y las extorsiones: Desafío a la paz territorial. Bogotá D.C. Pág. 26.
318 Tomado del Informe de Seguimiento al Auto 098 de 2013 presentado a la Corte Constitucional: Situación de las Mujeres Defensoras en Colombia 2013-2018. Pág. 85.
319 Tomado del Informe de Seguimiento al Auto 098 de 2013 presentado a la Corte Constitucional: Situación de las Mujeres Defensoras en Colombia 2013-2018. Pág. 85.
320 Inclusión del enfoque diferencial dentro del Decreto 4065 de 2011, que creó la Unidad Nacional de Protección; Expedición de la Resolución 805 de 2012, que estableció un Protocolo específico con enfoque de género; Creación del Cerrem para mujeres solicitantes de medidas de protección en el año 2013, en el cual participan desde su instalación y hasta la fecha, dos representantes de las defensoras de derechos humanos, Recepción por parte del Gobierno Nacional del documento de Angélica Bello “Propuesta del movimiento social de mujeres para la formulación de la política pública de garantías para mujeres defensoras”, en diciembre de 2013; Promulgación del Decreto 1314 de 2016, por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de los Derechos Humanos, instancia interinstitucional responsable de coordinar y orientar la formulación, implementación y seguimiento del Pigmld; Concertación del Mecanismo de Participación de las organizaciones del Movimiento Social de Mujeres (MSM) en la Comisión lntersectorial de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de los Derechos Humanos; Expedición de la Resolución 0845 de 2018, por la cual se adopta el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de los Derechos Humanos.
321 “Un bloqueo institucional se presenta en aquellos casos en los que existe un grado profundo de desarticulación o de falta de coordinación entre distintas entidades estatales encargadas de una política pública que depende de varias agencias, instituciones y actores sociales; en aquellas situaciones en las que la asignación de funciones y responsabilidades en cabeza de las distintas entidades es difusa; o cuando la capacidad institucional y la apropiación de recursos destinados para atender los distintos componentes de una política, en contrapunto con las obligaciones legales y constitucionales que el Estado asumió al respecto, es insuficiente, como se argumentó en la Sentencia T-025 de 2004”. Corte Constitucional. Auto 373 de 2016 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. p. 35.
322 La Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos se crea con la expedición del Decreto 1314 del 10 de agosto de 2016
323 Se realizó el primer espacio interinstitucional dirigido a la implementación de medidas concretas que garanticen la integridad de las defensoras en el departamento del Putumayo el 6 de agosto de 2018, y desde entonces se han realizado otras dos sesiones y se ha establecido un Plan de Acción que actualmente se encuentra en marcha. El mismo avance se registra en la Mesa Territorial de Montes de María, que se ha reunido en tres oportunidades entre diciembre de 2018 y junio de 2019 y cuenta también con un Plan de Acción en desarrollo.
324 Bases del Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022). Pacto por Colombia, pacto por la equidad. Gobierno de Colombia. Presidente Iván Duque Márquez. Departamento Nacional de Planeación, 2019.