Un clima de falta de garantías

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Durante el primer año del gobierno de Iván Duque, entre agosto de 2018 y mayo de 2019 han sido asesinadas por lo menos 212 personas defensoras de derechos humanos y 44 excombatientes de FARC en proceso de reincorporación.233 Entre los factores que alimentan el clima de falta de garantías para la defensa de los derechos humanos se encuentran: i) la estigmatización de los liderazgos sociales; ii) la falta de reconocimiento de la sistematicidad de los crímenes en su contra; y la iii) impunidad histórica que los rodea. La ausencia de una política pública de garantías que enfrente estos factores y realice los postulados del Acuerdo de Paz, así como las debilidades de los programas existentes, se presentan en este Balance.233

La Defensa de los Derechos Humanos bajo asedio

Bajo el actual gobierno han sido continuos los pronunciamientos estigmatizantes proferidos por autoridades nacionales y locales contra procesos de defensa de los derechos humanos, sin que existan posteriores retractaciones o reacciones de alto nivel que contrarresten la deslegitimación de las acciones de defensa de derechos; acciones y omisiones que crean un clima que alienta o favorece los ataques contra las personas defensoras, comunidades y organizaciones.

Se destaca la reiterada estigmatización del Ministro de Defensa Guillermo Botero y otros mandos militares contra la protesta social, especialmente de la Minga indígena, a la cual sindicaron de estar infiltrada por mafias supranacionales o por disidencias de las Farc-ep y el ELN,234 al punto de afirmarse que según informes de inteligencia “las acciones violentas, en especial contra militares y policías, han sido coordinadas por Leider Johany Noscué Bototo, conocido como ‘Mayinbú’, de 27 años, jefe de las disidencias del otrora frente sexto de las FARC”.235

En este mismo contexto, el Senador Uribe Vélez señaló a la Minga expresando que era preferible cerrar la vía durante dos años antes que negociar con la minga terrorista.236 Asimismo, el Alto Comisionado para la Paz Miguel Ceballos afirmó tener pruebas sobre planes para asesinar al Presidente Duque, para justificar su no asistencia a la cita acordada con la Minga;237 además de insistir que detrás de los crímenes contra líderes y defensores/as se encuentra el narcotráfico.238

Por su parte el presidente Iván Duque y la ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez, a pesar de que deben liderar las campañas contra la estigmatización de la labor que cumplen las personas defensoras de derechos humanos, según lo Establecido en el Plan de Acción Oportuna (PAO),239 nunca han cuestionado estos señalamientos y por el contrario, los han asumido como ciertos y los han replicado. Por ejemplo, Iván Duque en su declaración presidencial del día 19 de abril afirmó: “Rechazo tajantemente las vías de hecho y rechazo profundamente lo que ha ocurrido hoy con un miembro de la Fuerza Pública. Esto demuestra que hay infiltraciones de grupos armados y esas infiltraciones deben ser denunciadas”.240

La gravedad de estas expresiones se ilustra en el hecho de que con posterioridad a la movilización de la Minga varios dirigentes de CRIC y ACIN fueron amenazados de muerte a través de un panfleto firmado por las “Águilas Negras”.241

Por su parte el Presidente Iván Duque y la Ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez, a pesar de que deben liderar las campañas contra la estigmatización de la labor que cumplen las personas defensoras de derechos humanos, según lo Establecido en el Plan de Acción Oportuna (PAO),239 nunca han cuestionado estos señalamientos y por el contrario, los han asumido como ciertos y los han replicado.”

De otro lado, algunas autoridades locales también han realizado declaraciones similares, con la gravedad de que han ocurrido en territorios donde se concentran altos índices de asesinatos y agresiones. Así, el Gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez, en agosto de 2018, declaró ante los medios de comunicación que detrás del paro minero adelantado en Segovia y Remedios se encontrarían grupos armados,242 en su momento expresó: “La información que nosotros tenemos es que detrás de esto (el paro) hay unas bandas criminales que son cercanas o asociadas al Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y que recientemente han llegado allí algunas personas que han tenido nexos con el ELN y asociadas al (mismo)”.243 Ello generó el rechazo de las comunidades y organizaciones sociales por las posibles consecuencias que para su vida, libertad e integridad podrían generar estas declaraciones.244 Por su parte el Relator Especial para los derechos de las personas defensoras de Naciones Unidas, Michel Forst, prestó especial atención a este hecho y dejó consignadas en el comunicado de su visita de noviembre de 2018 sus preocupaciones al respecto.245

Nuevamente, el 6 de noviembre de 2018, el mismo gobernador de Antioquia aseguró en declaraciones ante medios de comunicación regionales que “en Jarapetó casi que todos los indígenas son empleados del ELN”, poniendo en grave riesgo las comunidades indígenas Embera Dobida que habitan en el municipio de Vigía del Fuerte.246

Las más recientes declaraciones fueron hechas por Luis Guillermo Echeverry, ex gerente de campaña del Presidente Iván Duque, quien el 24 de julio de 2019 en una entrevista radial afirmó: “Lo de los líderes sociales es muy relativo, hay unos muy buenos y hay otros que mueren por ajuste de cuentas entre ellos mismos, por estar metidos en cosas que no son y (mueren) a manos por lo general de gente que es violenta y es la gente que ha estado armada en este país, más que todo involucrados en el narcotráfico”.247

A pesar de que la PGN expidió la Directiva 002 de 2017 para responder a la estigmatización contra personas defensoras, no se conocen resultados de investigaciones disciplinarias por estos hechos. En consecuencia, a pesar de que uno de los ejes del PAO del Gobierno de Iván Duque es la No Estigmatización, las personas que ejercen liderazgo siguen enfrentando la estigmatización incluso de parte de las más altas instancias del Gobierno.

La negación de la sistematicidad de las agresiones

En segundo lugar, el incremento paulatino de las agresiones contra personas defensoras lleva inevitablemente a la pregunta de si las masivas violaciones al derecho a la vida de que han sido objeto en los últimos años, son hechos aislados o si nos encontramos en un escenario de violencia sistemática.

Desde la perspectiva del derecho penal internacional el carácter sistemático de un ataque implica que un número plural de hechos comparte características similares. La Corte Penal Internacional ha dicho que se refiere a la “naturaleza organizada de los actos de violencia y la improbabilidad de su ocurrencia aleatoria”.248 Por su parte, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda señala que el concepto de sistematicidad “(…) puede ser definido como organizado minuciosamente y sigue un patrón regular sobre la base de una política común que involucra sustanciales recursos públicos o privados. No existe el requerimiento de que esta política deba ser adoptada formalmente como una política de un Estado. No obstante, debe haber algún tipo de plan o política preconcebida”.249

A continuación, se presentan una serie de patrones referidos al ámbito geográfico, la condición de las víctimas, su frecuencia y los presuntos autores,250 que permiten afirmar que los asesinatos de quienes defienden derechos humanos no son en su mayoría hechos aislados, ni consecuencia del azar. La naturaleza selectiva, invariable, continúa y planificada que se ha identificado en dichas agresiones pueden considerarse patrones que configuran la sistematicidad de estos crímenes.

En primer lugar, se evidencia que la violencia es selectiva y no aleatoria. El porcentaje de homicidios cometidos en los lugares de vivienda de las personas defensoras es mucho mayor que la del resto de la población del país.251 Esto supone que los asesinatos están precedidos de actividades de seguimiento e inteligencia ilegal a las víctimas, y de planeación previa. Muchos de estos asesinatos se llevan a cabo mediante la modalidad de sicariato, cometidos con la intervención de organizaciones criminales estructuradas que proveen repertorios de violencia a cambio de dinero, que es pagado por el (o los) determinador(es) del crimen.252

En segundo lugar, la mayor parte de las víctimas son personas que viven en zonas rurales,253 en condiciones de vulnerabilidad socio-económica y en una posición de desventaja frente a los grupos de poder regionales. La mayoría pertenecen a grupos étnicos o campesinos;254 algunas de ellas víctimas de hechos de violencia previos. Muchas pertenecían simultáneamente a varios procesos organizativos como Juntas de Acción Comunal, organizaciones étnicas, movimientos sociales o políticos, y participaban en las instancias creadas para la implementación del Acuerdo de Paz en los territorios, o en escenarios de interlocución de tipo local y regional.255

En tercer lugar, se han presentado hechos repetitivos de violencia contra integrantes de determinadas organizaciones sociales como Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, Federación Colombiana de Educadores, Organización Indígena de Colombia, Proceso de Comunidades Negras y Consejo Regional Indígena del Cauca, entre otras. Ello evidencia un patrón de violencia que pretende afectar de manera específica estos procesos colectivos, e indica la posible existencia de niveles nacionales o regionales, y no simplemente locales o individuales en la planeación de las agresiones.

En cuarto lugar, se pueden evidenciar patrones de violencia basada en género. El porcentaje de asesinatos de mujeres y personas Lgbti defensoras viene en aumento; en el primer trimestre de 2019 se duplicó el porcentaje de mujeres defensoras asesinadas en ese mismo periodo durante el 2018: del 10,32%256 se pasó al 20%.257 Por su parte, tres personas defensoras Lgbti fueron asesinadas en durante al año 2018, mientras que en el primer semestre de 2019 ya han ocurrido seis asesinatos.258 De otra parte, los crímenes cometidos contra mujeres defensoras han evidenciado un patrón de sevicia sobre sus cuerpos, así como violencia sexual y deformaciones, características de una violencia discriminatoria y patriarcal que intenta sancionar el empoderamiento político y social de las mujeres y personas Lgbti.259 Por esta razón la Defensoría del Pueblo emitió en febrero de 2018 una Alerta Temprana sobre el ensañamiento contra los cuerpos de las defensoras asesinadas.260

En quinto lugar y en relación con los victimarios muchos de los asesinatos están siendo cometidos por grupos armados organizados, con estructura jerarquizada, que disputan el monopolio de la fuerza al Estado o comparten con el Estado el poder de las armas.

Mientras las cifras, frecuencia y patrones se consolidan, las autoridades se niegan a reconocer la sistematicidad de las agresiones. Si bien la FGN reconoció en diciembre de 2017 cierto grado de sistematicidad en los crímenes contra líderes sociales,261 extrañamente en abril en 2019, ya bajo el gobierno del Presidente Duque, cambió de opinión y dijo que “a la fecha no se han identificado los elementos señalados para asegurar que exista sistematicidad en los crímenes contra defensores de derechos humanos”.262

En efecto, la Fiscalía General de la Nación, en cabeza del entonces Néstor Humberto Martínez negó inicialmente la sistematicidad en el exterminio de los líderes sociales. Posteriormente varió parcialmente la posición al reducirla al reconocimiento de elementos comunes en el perfil de las víctimas, pero sin avanzar en los otros factores ya señalados.

Por su parte, la Ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, jefa de la cartera encargada de la protección a personas defensoras, aseguró que “las autoridades de investigación y de seguridad tienen identificado que esto obedece a varios factores indiscutiblemente ligados a grupos armados ilegales como narcotráfico, minería ilegal, grupos armados de toda índole, razón por la cual no podemos decir que sea algo sistemático que obedezca a una causa fundamental o a un exterminio en particular, sino que es multicausal en las zonas de mayor violencia y mayor conflictividad”.263

La discusión por el reconocimiento del carácter sistemático de estos asesinatos continúa con las diversas instituciones del Estado, mientras los patrones se reafirman con cada nuevo caso que ocurre.

La impunidad es la reina

Aunado a la negación de la sistematicidad de los crímenes contra personas defensoras que inhibe la realización de investigaciones en contexto, los avances en las investigaciones judiciales han sido precarios, y la impunidad en estos casos alcanza la cifra cercana al 94,7%.

Desde agosto de 2016, como consecuencia de la presión nacional e internacional, la Fiscalía General de la Nación inició una estrategia específica de “investigación y judicialización de amenazas y homicidios contra actores fundamentales para la paz estable y duradera”. Esta acción liderada por la Vicefiscalía General de la Nación a través de la Fiscalía Delegada para la Seguridad Ciudadana y la Unidad Especial de Investigación (UEI) creada en el Acuerdo de Paz,264 contempla líneas como la formación y directrices para que la condición de defensor/a de Derechos Humanos sea tomada en cuenta como hipótesis investigativa, la Directiva 002 de 2017 sobre la investigación de delitos contra personas defensoras construida con el apoyo técnico de la CIDH, metodología de asociación de casos, entre otras.

La estrategia tiene una serie de falencias identificadas por las organizaciones de derechos humanos consistentes en: i) se priorizan los homicidios en perjuicio de la investigación de otras graves agresiones como atentados, amenazas y violencia basada en género; ii) se concentra en hechos ocurridos con posterioridad a 2016 en perjuicio de la superación de las cifras históricas de impunidad; iii) toma en cuenta un universo reducido de víctimas que se circunscribe a los datos de la Oacnudh; y iv) tergiversa el concepto de esclarecimiento reduciéndolo a cualquier tipo de avance o actuación en las investigaciones.

Así, actualmente la Fiscalía hace seguimiento a 513 casos de homicidios ocurridos entre el 1 de enero de 2016 y el 5 de junio del 2019,265 frente a los cuales señala que hay avances en un 46% sin discriminar en qué etapa se encuentran. Sin embargo, en su rendición de cuentas la Fiscalía se concentra en 285 casos de homicidio reportados por Oacnudh, lo que equivale que ha priorizado el 55 % de los casos, con criterios no transparentes. Frente a este universo reducido, la FGN señala una tasa de esclarecimiento del 58,6%. No obstante encontramos que sólo hay 32 casos con sentencia, lo que indica que en la realidad se ha esclarecido el 6% de los 513 casos, en su gran mayoría sobre autores materiales.266

En materia de amenazas, entre 2016 y 2018 la Fiscalía reportó 6.709 casos con 8.114 víctimas, de las cuales 5.758 son defensores y 2.426 defensoras, sin que se conozcan los resultados de las mismas. Respecto de los miles de amenazas de las llamadas “Águilas Negras” no se ha avanzado en las investigaciones que develen los responsables,267 ni en las referidas a las más de 16.000 compulsas de copias provenientes del proceso de Justicia y Paz contra empresarios, ganaderos, terratenientes, dirigentes políticos, autoridades locales o regionales y otros sectores poderosos de la vida nacional por sus vínculos con estructuras paramilitares.268 A lo cual se suman los esfuerzos de sectores políticos tradicionales para que aquellos no se vean obligados a rendir cuentas ante los órganos del SIVJRNR.

Otras modalidades de criminalidad no se investigan o no se toma en cuenta el contexto; por ejemplo, los robos de información o allanamientos ilegales a personas y organizaciones se investigan como delitos comunes, en razón de la cuantía de los elementos hurtados o que la sustracción no se concretó.

Ahora bien, sobre los excombatientes de la FARC, que hoy hacen parte del partido político Fuerza Alternativa del Común, y sus familiares, persisten los ataques contra su vida e integridad personal. De acuerdo con la Fiscalía General,269 en el período 2017-2019 se han presentado 168 hechos victimizantes, de los cuales 134 han sido contra aquellos (109 son homicidios, 16 tentativas de homicidios, 9 desapariciones forzadas).270 Al respecto, la FGN presenta avances investigativos en 69 hechos victimizantes (51,4%), con solo nueve sentencias respecto de 110 víctimas, lo cual indica que solo se ha esclarecido el 7% de la totalidad de hechos perpetrados, y permanecen en la impunidad el 93%.

En relación con los familiares de excombatientes, se han presentado 34 hechos victimizantes (31 son homicidios y 3 tentativa de homicidio); y solo hay avance procesal en etapa de sentencia frente a 2 víctimas, es decir el 94% se encuentran en la impunidad. Del total de 168 víctimas entre excombatientes y familiares 160 eran hombres, 7 mujeres y 1 persona de la comunidad Lgbti.

Este panorama en su conjunto evidencia que si el Gobierno del presidente Iván Duque quiere avanzar en la concertación de una política pública de garantías para la defensa de los derechos humanos, debe adoptar entre otras acciones en los ejes de exaltación de la labor de defensa de los derechos humanos y prevención de la estigmatización; reconocimiento de la sistematicidad de las agresiones y adopción de una política pública de investigación, judicialización y sanción de los hechos de violencia.


232 Fuente: Indepaz – Marcha Patriótica – Cumbre Agraria, campesina étnica y popular. Separata de actualización: “Todos los nombres, todos los rostros”. Disponible en: http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2019/05/SEPARATA-DE-ACTUALIZACIO%CC%81N-mayo-Informe-Todas-las-voces-todos-los-rostros.-23-mayo-de-2019-ok.pdf Referencia a artículo elaborado por Minga
233 Ver en este libro, artículos de esta sección V.
234 “Verdad Abierta. MinDefensa y líderes sociales: de líos de faldas a ‘subvenciones’ de narcos. Septiembre de 15 de 2018. Disponible en: https://verdadabierta.com/mindefensa-lideres-sociales-lios-faldas-subvenciones-narcos/ El Colombiano. Minga indígena estaría infiltrada por ilegales: Mindefensa. Marzo 19 de 2019. Disponible en: https://www.elcolombiano.com/colombia/ministro-de-defensa-dice-que-minga-en-cauca-esta-infiltrada-ML10399335. Ver en este libro Asociación Minga, pág. 70
235 El Tiempo. Tres redes criminales infiltradas en la minga. Marzo 30 de 2019. Disponible en: https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/redes-criminales-infiltradas-en-la-minga-343868
236 Ver en: https://colombianoindignado.com/preferible-cerrar-esa-carretera-2-anos-uribe-se-emberraca-por-acuerdos-con-indigenas/
237 Ver en : https://www.rcnradio.com/politica/grabaciones-son-impresionantes-gobierno-sobre-posible-atentando-duque
238 Ver en: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/declaracion-de-miguel-ceballos-sobre-lideres-genera-polemica-en-cordoba-387560
239 Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas (PAO)
240 Presidencia de la República. Presidente Duque condena asesinato de patrullero de la Policía y exhorta a los organizadores de la protesta a ayudar a identificar a los responsables. Abril 19 de 2019. Disponible en: https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/190319-Presidente-Duque-condena-asesinato-patrullero-Policia-exhorta-organizadores-protesta-ayudar-identificar-responsables.aspx
241 Consejo Regional Indígena del Cauca. Comunicado a la opinión pública frente a los reiterados intentos del senador Álvaro Uribe Vélez de relacionar la minga social del suroccidente con grupos de las disidencias. Abril 7 de 2019. Disponible en: https://www.cric-colombia.org/portal/comunicado-a-la-opinion-publica-frente-a-los-reiterados-intentos-del-senador-alvaro-uribe-velez-de-relacionar-la-minga-social-del-suroccidente-con-grupos-de-las-disidencias/
242 Verdad Abierta. “El problema ancestral de la minería segoviana”. Disponible en línea en: https://verdadabierta.com/el-problema-ancestral-de-la-mineria-segoviana/
243 Entre julio y septiembre de 2018, mineros de los municipios de Segovia y Remedios sostuvieron un paro para protestar por las condiciones que les han impuesto el Estado y la empresa Gran Colombia Gold a su actividad económica. La protesta dejó dos personas muertas, varias capturadas y al menos 35 civiles heridos a causa de las acciones de control adelantadas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Cfr. Caracol radio. Paro minero está infiltrado por el Clan del Golfo y el ELN. Agosto 20 de 2018. Disponible en: https://caracol.com.co/emisora/2017/08/20/medellin/1503244426_902765.html
244 ONIC. La Organización Indígena de Antioquia rechaza las declaraciones en contra de autoridades indígenas de Segovia por parte del Gobernador de Antioquia Luis Pérez. Agosto 18 de 2018. Disponible en: https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2006-la-organizacion-indigena-de-antioquia-rechaza-las-declaraciones-en-contra-de-autoridades-indigenas-de-segovia-por-parte-del-gobernador-de-antioquia-luis-perez
245 “Me impresionaron los comentarios del Gobernador de Antioquia, Luis Pérez, en los que asociaba a activistas sociales con grupos armados ilegales, cuestionando así su honestidad y veracidad y sugiriendo que se les enjuiciara por protestar pacíficamente. Dichas observaciones generan un entorno en el que las amenazas y violencia contra los defensores y defensoras de los derechos humanos parecen legítimas”. Forst Michel, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos. Declaración de Fin de Misión. Visita a Colombia, 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2018. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23960&LangID=S
246 Río Jarapetó es un Resguardo indígena localizado en jurisdicción de los municipios de Vigía del Fuerte, Frontino y Urrao en el departamento de Antioquia. Organización Indígena de Antioquia. Comunidades Embera Dóbida de Antioquia en riesgo por posibles enfrentamientos armado. Noviembre 7 de 2018. Disponible en: http://oia.org.co/comunidades-embera-dobida-de-antioquia-en-riesgo-por-posibles-enfrentamientos-armados/
247 El Espectador. “La polémica declaración del exgerente de campaña de Iván Duque sobre los líderes sociales”. Julio 24 de 2019. Disponible en línea en: https://www.elespectador.com/noticias/politica/la-polemica-declaracion-del-exgerente-de-campana-de-ivan-duque-sobre-los-lideres-sociales-articulo-872677.
248 Traducción informal. CPI. Sala de Cuestiones Preliminares I. Situación en Darfur, Sudán, en el caso de El Fiscal vs. Ahmad Muhammad Marun (“Ahmad Marun”) y Ali Muhammad Al Abd-Al-Rahman (“Ali Kushayb”). Decisión sobre la solicitud del Fiscal bajo el Artículo 58(7) del Estatuto de Roma. 27 de abril de 2007. Párr. 62.
249 Traducción informal. TPIR. Sala I. El Fiscal vs. Jean-Paul Akayesu. 2 de septiembre de 1998. Párrafo 580. Véase también Rutaganda. Sala de Juicios. 6 de diciembre de 1999. Párrafo 69; Musema. Sala de Juicios. 7 de enero de 2000. Párrafo 204.
250 Comisión Colombiana de Juristas et. al. Op. Cit.
251 Según el Instituto de Medicina Legal, para 2018 el porcentaje de homicidios que se presentaron en la vivienda de la víctima a nivel nacional fue del 13,91% (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2019). Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia. Forensis, Datos para la vida. Herramienta para la interpretación, intervención y prevención de lesiones de causa externa en Colombia. Bogotá). En contraste, según los registros de la Comisión Colombiana de Juristas, al menos 48 líderes y defensores(as) (de un total de 173) fueron asesinados en su lugar de vivienda durante el año 2018, lo que representa el 27,74% del total de homicidios registrados durante el Gobierno del Presidente Iván Duque.
252 Comisión Colombiana de Juristas et.al. Op. Cit.
253 Ente el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2019, del total de 180 casos de asesinatos de personas defensoras registrados por el programa Somos Defensores, 120 ocurrieron en zonas rurales, es decir 66,6% de los casos.
254 Ente el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2019, del total de 180 casos de asesinatos de personas defensoras registrados por el Programa Somos Defensores 26 fueron contra integrantes de pueblos indígenas y 28 eran campesinas o campesinos.
255 Codhes. Lideresas Sociales en Colombia: el relato invisible de la crueldad. Bogotá. 2019.
256 Programa Somos Defensores (2019). La Naranja Mecánica, Informe Anual 2018. Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas defensoras de Derechos Humanos en Colombia –Siaddhh. Bogotá.
257 Programa Somos Defensores (2019). Boletín trimestral Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia -Siaddhh-. Bogotá. Enero – marzo de 2019.
258 Base de datos Colombia Diversa. Bogotá. 2019.
259 Comisión Colombiana de Juristas et.al. Op. Cit.
260 Nota de Alerta Temprana No 026-18 del 28 de febrero de 2018, pág. 56. http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2018/03/AT-N%C2%B0-026-18-Defensores.pdf. Citado en Citado en Corporación Sisma Mujer Boletín # 16 Informe Especial, 25 noviembre de 2018.
261 El Espectador. “Fiscal admite ‘algún grado de sistematicidad’ en crímenes a líderes sociales.” 19 dic 2017. Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/fiscal-admite-algun-grado-de-sistematicidad-en-crimenes-lideres-sociales-articulo-729362
262 Respuesta del despacho de la Vicefiscal General de la Nación DVFG No. 20192000002361 al Senador Gustavo Bolívar. Bogotá. 29 de abril de 2019
263 El Espectador. “Gobiernos de Santos y Duque coinciden: asesinato de líderes sociales no es sistemático. 19 de septiembre de 2018.” Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/politica/gobiernos-de-santos-y-duque-coinciden-asesinato-de-lideres-sociales-no-es-sistematico-articulo-813250
264 Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía General de la Nación para “el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”.
265 FGN. Despacho Vicefiscal. Estrategia de investigación y judicialización de delitos contra Defensores de DDHH. Junio 2019
266 Frente a los casos priorizados, 55 casos se encontrarían en juicio, 41 con imputación de cargos, 36 en indagación con orden de captura, y 3 precluidos por muerte de presuntos autores.
267 Respuesta brindada por la FGN a la representante a la Cámara Ángela María Robledo y otros, derecho de petición 30 de abril de 2019, radicado DVFG No. 20192000002391
268 Procedimiento de la Ley 975 de 2005
269 FGN. Unidad Especial de Investigación, Estrategia de investigación y judicialización de delitos donde son víctimas Excombatientes de las Farc y sus familiares. Junio 10 del 2019.
270 Respecto al perfil de las víctimas, dos eran excomandantes de bloque, 89 excombatientes con calidad de guerrillero, y 43 excombatientes con calidad de miliciano.