Anexos

destacada

Tablas comparativas

Tabla 3. Plan Plurianual de Inversiones para la Paz Asignación de recursos por Pacto/Línea

Asignación por Pacto/LíneaMiles de millones 2018
I. Pacto por la Legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia1.125,6
Inversiones con recursos de cooperación Internacional para la Paz (por demanda)811,4
Seguridad, autoridad y orden para la libertad: defensa Nacional, seguridad ciudadana y colaboración ciudadana8,1
Imperio de la ley: derechos humanos, justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos305,9
Participación ciudadana: promoviendo el diálogo, la inclusión democrática y la libertad de cultos para la equidad0,2
II. Pacto por el Emprendimiento, la Formalización y la Productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos2.508,2
Inversiones con recursos de cooperación Internacional para la Paz (por demanda)460,8
Entorno para crecer: formalización, emprendimiento y dinamización empresarial31,2
Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia rural2.016,2
III. Pacto por la Equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados18.114
Inversiones con recursos de cooperación Internacional para la Paz (por demanda)2.088,9
Fortalecimiento de las capacidades institucionales en transversalización del enfoque de género dentro de las entidades de los niveles nacional y territorial desde el Presidencia5,8
Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la primera infancia hasta la adolescencia475,0
Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos3.719,2
Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos9.596,2
Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición: ciudadanos con mentes y cuerpos sanos44,3
Vivienda y entornos dignos e incluyentes882,9
Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva771,8
Dignidad y felicidad para todos los adultos mayores99,8
Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social430,2
VIII. Pacto por la Calidad y Eficiencia de Servicios Públicos: agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de todos2.335,2
Inversiones con recursos de cooperación Internacional para la Paz (por demanda)22,7
Energía que transforma: hacia un sector energético más innovador, competitivo, limpio y equitativo991,7
Agua limpia y saneamiento básico adecuado: hacia una gestión responsable, sostenible y equitativa1.320,7
XI. Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, Convivencia, Estabilización y Víctimas10.431
Inversiones con recursos de cooperación Internacional para la Paz (por demanda)728,7
Inversiones aprobadas por Ocad Paz2.852,3
Acciones efectivas para la política de estabilización: intervención coordinada en zonas estratégicas con seguridad, justicia y equidad5.229,2
Mayor coordinación y eficiencia del Estado para la estabilización395,3
Instrumentos y herramientas que orientan la inversión y el gasto eficiente para la estabilización, la construcción de paz y la cultura de la legalidad11,3
Reparación: Colombia atiende y repara a las víctimas1.213,6
XVI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones1.873,4
Políticas e inversiones para el desarrollo, el ordenamiento y fortalecimiento de la asociatividad35,7
Estimular tanto la productividad como la equidad, a través de la conectividad y los vínculos entre la ciudad y el campo1.693,4
Desarrollo urbano y Sistema de Ciudades (SC) para la sostenibilidad, la productividad y la calidad de vida125,2
Instrumentos e información para la toma de decisiones que promueven el desarrollo regional19,1
Otros pactos (8)695,6
TOTAL37.083

Tabla 4. Plurianual de Inversiones para la Paz

Punto/PilarMiles de millones de 2018
1. Reforma Rural Integral24.970
1.1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo632
1.2. Infraestructura y adecuación de tierras3.961
1.3. Desarrollo social: SALUD3.284
1.4. Desarrollo social: EDUCACIÓN RURAL12.218
1.5. Desarrollo social: VIVIENDA Y AGUA POTABLE2.290
1.6. Producción agropecuaria y Economía solidaria y cooperativa1.580
1.7. Garantía progresiva del derecho a la alimentación941
1.8. Planes de acción para la transformación regional63
2. Participación Política86
2.1. Derechos y garantías plenas para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del AC final3
2.2 Mecanismos democráticos de participación ciudadana83
2.3 Promoción de una mayor participación en la política nacional, regional y local, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad1
3. Fin del Conflicto(sic) 746
3.2 Reincorporación de las FARC EP a la vida civil700
3.3 Garantías de Seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales47
4. Solución al problema de las drogas43
4.1. Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito40
4.2. Prevención del Consumo y Salud Pública3
5. Víctimas del conflicto3.580
5.1. Justicia y Verdad656
5.4 Reparación integral para la construcción de Paz1.854
5.6 Derechos Humanos1.070
6. Implementación, Verificación y Refrendación5
6.1. Mecanismos de Implementación y verificación5
7. Recursos para la construcción de paz por distribuir4.800
7.1. Recursos para la construcción de paz por distribuir4.800
Ocad Paz2.852
TOTAL GENERAL37.083

Estructura de la destinación de recursos para la paz

a. Según el PPIP, el 67% de los recursos, 24,9 billones, corresponden a la Reforma Rural Integral; pero de acuerdo con el PMI durante el cuatrienio se debería destinar el 85.4% de los recursos, es decir, 31.67 billones de pesos. En consonancia con esos datos, el Gobierno de Duque dejará de destinar 6.77 billones de pesos para los propósitos de la implementación en el campo colombiano.

b. Si se contempla la estructura de los recursos asignados a la RRI llama la atención que un monto significativo corresponden a educación rural (12,22 billones de pesos), a salud (3,28 billones de pesos) y vivienda y agua potable (2,29 billones de pesos). Tales recursos se podrían imputar a los Planes nacionales de la RRI. Esos tres conceptos concentran el 71.2% del total de los recursos dispuestos para la RRI, es decir, 17,799 billones.

c. Como consecuencia de esa estructura de usos de recursos del Ppi para la RRI, otros rubros se ven severamente afectados. El Ppip no responde en los términos debidos a los propósitos de estimular la economía campesina y en general la de las comunidades rurales; así como contribuir a superar una de las causas históricas de la violencia y el conflicto armado: el acceso a la tierra. En el PPI, el acceso a la tierra de campesinos sin tierra o con insuficiente tierra, así como la formalización de pequeña y mediana la propiedad rural, apenas cuentan con 632 mil millones de pesos para todo el cuatrienio, es decir, 2.5% de los recursos de la RRI; la producción agropecuaria y la economía solidaria por su parte comprenden 1,58 billones de pesos (6.3%); y la garantía progresiva del derecho a la alimentación, 941 mil millones (3.8%). Los PDET, otro de los componentes angulares del PMI no aparecen con designación explícita. Solamente hay una asignación específica de $63.000 millones de pesos para los “Planes de Acción para la Transformación Regional” (0.25% del total), lo cual no refleja lo señalado en el Conpes 3932 de 2018, en el cual los PATR se conciben como el instrumento a partir del cual se direcciona la ruta de intervención en los municipios priorizados para la implementación del Acuerdo. La disposición de 3,96 billones de pesos, 15.8%, para infraestructura y adecuación de tierras, siendo una cifra importante, se encuentra muy distante de las necesidades en esa materia.

d. Más allá de la cuestionable estructura de usos de Ppi para la RRI, la cuestión de fondo se encuentra en las fuentes de financiación. Si se asume que las referidas a inversión en salud y educación provienen del Sistema General de Participaciones, en sentido estricto se está frente a un renombramiento de los usos, salvo que se hubiera dispuesto en el SGP que tales recursos tendrían esa destinación, lo cual no es posible si se tiene en cuenta, como ya se indicó, que existen disposiciones constitucionales y legales que señalan los términos de la destinación específica. Según lo anterior, en el PPI para la paz, 43% de los recursos, 15,5 billones de pesos, no corresponden a recursos nuevos. Y la cifra podría ser mayor si se considera que el rubro de “agua potable” también se financia con cargo a recursos del SGP. En el PPI este rubro se presenta junto con “vivienda” y asciende a 2,3 billones de pesos.

e. De lo señalado en el punto b se infiere que cerca del 44% de los recursos del total del PPI provienen del Sistema General de Participaciones, es decir, cerca de 16,31 billones de pesos; y que para la implementación, en el entendimiento del Gobierno, solo habría cerca de 20,77 billones de pesos durante el periodo del PND, equivalentes a recursos del presupuesto general de la nación.

f. Los montos para la implementación del Punto 2 son menos que minúsculos. Es cierto que el peso específico de la “Participación política” dentro del total de los recursos que prevé el PMI es relativamente bajo. Aún así, la asignación de 0.23%, 86 mil millones de pesos para el cuatrienio resulta insignificante. Para los derechos y garantías de la oposición se señalan recursos por el orden de los $3.000 millones (750 millones de pesos por año); la promoción para una mayor participación en la política nacional, regional y local, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad alcanza 1.000 millones de pesos (250 millones por año). El grueso de este punto se concentra en los mecanismos de participación ciudadana $83.000 millones (es decir una inversión de 597 pesos/año por persona del censo electoral).

g. Las inversiones previstas para el punto 3 “Fin del conflicto” son igualmente minúsculas (746.000 millones de pesos; 2% del total del PPI para la paz). Además de evidenciar el reducido costo de la reincorporación de las FARC- EP a la vida civil para el cuatrienio (700.000 millones de pesos), esta cifra dista de lo ya establecido en el CONPES 3931 de 2018 que se ocupa de asuntos de la reincorporación, y del Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2018, en el que se estimaron recursos hasta 2026 para el punto 3 del Acuerdo de Paz por el orden de los 2,5 billones de pesos; por tanto, una inversión básica anual de 250.000 millones de pesos (sin tener en cuenta que en esta materia las principales inversiones se agotan en el 2022). Para el actual cuatrienio, el PPI para la paz debería contemplar 1 billón de pesos. Los recursos restantes, 47.000 millones de pesos, son para las “garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales”; suma irrisoria a la luz de los requerimientos del Decreto 660 de 2018 y del propósito de desmantelar las estructuras criminales de carácter paramilitar responsables del asesinato de mujeres y hombres, líderes sociales.

h. En lo que respecta a la solución del problema de las drogas ilícitas, el PPI para la paz apenas contempla 43.000 millones de pesos para los cuatro años. El PMI estimó 8.3 billones de pesos durante toda la implementación; según ello, en el Gobierno Duque se deberían destinar por los menos 2,5 billones de pesos por este concepto. Esa inmensa diferencia en la asignación de recursos – entre el PPI para la paz y el PMI – constituye evidencia de que el gobierno se distancia complementamente de aspectos centrales de la política de “solución al problema de las drogas ilícitas” convenida en el acuerdo de paz. Los recursos destinados al PNIS durante los cuatro años ascienden a 10.000 milones de pesos anuales. Si esa suma se divide entre las 132.000 familias vinculadas a acuerdos colectivos para la sustitución de cultivos de uso ilícito, a cada una le corresponderían 6.313 pesos al mes. Todo un despropósito si en verdad se pretendiera sacar delante de manera exitosa el programa. Por otra parte, los programas de prevención del consumo cuentan con recursos igualmente insignificantes, 750 millones de pesos por año.

i. En materia de Víctimas, el PPI señala la destinación de 3,5 billones. Según esta suma, durante el gobierno de Duque se concentraría la asignación del 73% de los recursos requeridos por el PMI. Todo lo que se refiera al fortalecimiento de una política de reparación de las víctimas del conflicto y de derechos humanos debe saludarse. No hay suficientes elementos de juicio, desde la información que arroja el PPI para la paz, para determinar la concordancia de los recursos dispuestos con lo establecido en Acuerdo de paz en esa materia. En todo caso inquieta la baja asignación de recursos en el rubro “Justicia y Verdad”. Debe presumirse que allí se encuentran los recursos para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Si ese es el caso, la asignación para la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y para la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, sería apenas de 656.000 millones de pesos durante el cuatrienio presidencial (164.000 millones de pesos al año). La cifra parece inconsistente con los $456.606 que se aprobaron para la JEP, CEV y UBPD en el presupuesto general de la nación de 2019. Por otra parte, debe recordarse que en la actualidad la cifra anual para la atención y reparación integral de víctimas es superior a los $12,5 billones; y que según la Comisión de Implementación y Monitoreo de Víctimas se requieren por lo menos $115.5 billones adicionales para sacar adelante la reparación a las víctimas en los próximos años, monto avalado por la Contraloría General de la República. El Acuerdo Final y el PMI contemplan reformas a la política de víctimas. Nada se advierte al respecto. Por otra parte, según la información existente, no es claro si los 1.85 billones del punto 5 se mezclan con los recursos de dicha política, o si se prevé la modificación de la ley 1448 de 2011. En caso de ser así, a todas luces dichos recursos serían insuficientes.

j. El PPI indica un rubro de 4,8 millones de pesos que correspondería a “Recursos para la construcción de paz por distribuir”, de manejo discrecional por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. De esa manera, se refuerzan la prácticas existentes que facilitan la realización de lo que se ha denominado la contabilidad creativa; tal y como ha sucedido con la política de víctimas o el SGP, los mismos recursos se registran hasta dos o tres programas diferentes. Asimismo, se mantiene la falta de claridades respecto de la destinación específica de los recursos. Ante la ausencia de sistemas de información que le permitan a los ciudadanos y órganos de control, no hay por lo pronto forma de tener las certezas respecto a la destinación y ejecución de los presupuestos centralizados por dicho ministerio.

Mapas

Presencia de grupos armados ilegales en Colombia 2019
Títulos y solicitudes mineras
Mapa de tierras: hidrocarburos